Estafa Filatélica.- PP exige al Gobierno crear un fondo de garantía a favor de los ahorradores y una oficina específica

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Los 'populares' acusan a Salgado de "estar escondida" y reclaman su comparecencia urgente en el Congreso

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que se insta al Gobierno socialista a crear un fondo de garantía a favor de los ahorradores e inversores en bienes tangibles que sea aplicable al caso Afinsa y Fórum Filatélico, así como una oficina "específica" para los afectados por esta estafa. Además, le reclama que desarrolle en la mayor brevedad posible la Ley de Instituciones de Inversión colectiva, que entró en vigor en febrero de 2004.

Esta iniciativa --que el PP quiere llevar al Pleno de la Cámara el próximo 23 de mayo-- fue presentada en rueda de prensa por el portavoz adjunto del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte, y la secretaria Ejecutiva de Política Social y Bienestar, Ana Pastor, quienes acusaron a la ministra de Sanidad, Elena Salgado de "estar escondida" y exigieron su comparecencia urgente en el Parlamento.

El PP subraya en su proposición que, dado que el Gobierno no ha desarrollado reglamentariamente la disposición adicional cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva a la que están sujetos los bienes tangibles, se ha "privado a los ciudadanos de las necesarias garantías". Según recalca, la ausencia de dicha normativa y la falta de "otras medidas por parte del Gobierno en este ámbito, han hecho posible que sobrevengan acontecimientos" como los del Afinsa y Fórum Filatélico.

"La situación crítica sobrevenida requiere respuestas eficaces en el orden judicial, administrativo y reglamentario. Las actuaciones judiciales ya se han iniciado por la Audiencia Nacional, en tanto que las administrativas están pendientes de ser adoptadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, que es quien tiene la competencia con carácter general en esta materia", según reza en la iniciativa.

COLABORAR CON CC.AA. Y ASOCIACIONES CONSUMIDORES

En este contexto, urge a Sanidad a abordar con "la máxima urgencia una estrategia y un conjunto de decisiones" para afrontar esta estafa. En toco caso, añade, el Ministerio debería "pedir a las comunidades autónomas y a las asociaciones de consumidores y usuarios su colaboración, sin que eso suponga desplazar la responsabilidad que corresponde al Gobierno en la solución de este grave problema".

Por todo ello, pide al Gobierno que apruebe "a la mayor brevedad" un real decreto que desarrolle reglamentariamente la disposición adicional cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva de 2003; que establezca un fondo de garantía a favor de los ahorradores inversionistas que sea aplicable a este caso; y que adopte medidas de coordinación y cautelares para evitar que se produzcan situaciones de riesgos de insolvencia.

También pide al Ejecutivo que promueva las oportunas consultas con las organizaciones de consumidores y usuarios "para solucionar los problemas sobrevenidos en Afinsa y Fórum Filatélico", así como que cree inmediatamente una oficina de atención a los ahorradores afectados.

SÓLO UN TRIPTICO

Martínez Pujalte arremetió duramente contra la ministra de Sanidad, a la que acusó de dar "la callada por respuesta" y de "estar escondida" pese a que "en los próximos días no tiene una agenda apretada". Además, censuró que su única respuesta haya sido recomendar a los perjudicados que vayan a las organizaciones de consumidores "para protestar". "El PSOE ha dejado a los consumidores a su propia suerte", enfatizó.

En parecidos términos se expresó Pastor, quien aseguró que Salgado debería garantizar los derechos de los consumidores y "no meter la cabeza debajo del ala". "Hacerlo mal y no dar la cara nos parece gravísimo cuando están en juego los intereses de muchos consumidores", proclamó.

Por último, aprovechó para criticar que en los dos últimos años el Ejecutivo se haya limitado a hacer un tríptico recomendando a los inversionistas vigilar "su solvencia y la transparencia de su operativa" y acudir, si lo consideran necesario, a un experto, a las asociaciones de consumidores o a las direcciones generales de Consumo de las comunidades autónomas.

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