Economía/Finanzas.- CC.OO. advierte a Beteta que negociar con el Gobierno una nueva Ley de Cajas no es la solución

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MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Comisiones Obreras (CC.OO.), Jaime Cedrún, advirtió hoy al Gobierno regional que negociar con el Gobierno central una nueva Ley de Cajas no es la solución a los problemas derivados de la reforma impuesta a finales de 2008 en la Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad.

En declaraciones a Europa Press, y tras evaluar la admisión a trámite por parte del Constitucional del recurso del Gobierno contra la Ley regional, Cedrún apuntó que "con el Gobierno central no hay nada que pactar, sino que la Comunidad de Madrid lo que debe hacer es cumplir las leyes". "Hablar con el Gobierno de la nación no es la solución, pero éste es un gran momento para recuperar el tono de consenso", respondió al consejero de Economía, Antonio Beteta, que anunció hoy que emprenderá conversaciones con Moncloa para llevar otra Ley a la Asamblea de Madrid.

A su juicio, el recurso ante el Constitucional "paraliza toda la reforma de Esperanza Aguirre", por lo que habrá que esperar cinco meses a que el Tribunal resuelva cuáles son los aspectos anticonstitucionales.

"Desde CC.OO. llevamos planteando, antes del recurso del Gobierno, la necesidad de que abordara la Ley en el Parlamento regional como cualquier reforma, con el acuerdo de todas las partes implicadas", dijo el portavoz sindical, que recordó que denunciaron que el Gobierno regional rompió, con esta reforma unilateral "una forma de gobernar la caja que había dado muy buenos resultados y estabilidad".

A su juicio, Aguirre debe aprovechar la actual situación judicial "para recomponer el consenso y el diálogo en la caja" y "dejar que los órganos funcionen normalmente, que la caja pueda contribuir a la crisis económica, y que los jueces determinen la nueva ley jurídica".

No obstante, reconoció que todavía debe realizarse un estudio jurídico respecto al efecto de la suspensión de la Ley por el Constitucional sobre el proceso electoral. "Lo lógico es que se suspendiera todo el proceso porque se tiene que aclarar, pero debe haber un informe jurídico", opinó.

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