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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadMADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El director general de Pesca de la Comisión Europea (CE), Fokion Fotiadis, ha remitido una carta al secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, en la que expresa la frustración de la CE ante la falta de acciones del Gobierno español contra la compañía pesquera Vidal Armadores, según afirmó hoy Greenpeace.
En la misiva, con fecha 29 de enero, el alto cargo de la Comisión asegura que seguirá la evolución de este caso de cerca y que "se reserva la posibilidad de emprender cualquier acción legal para asegurar la aplicación y el respeto a la legislación comunitaria".
Según Greenpeace, Fotiadis manifiesta que "la Comisión está extremadamente preocupada por este tema, y por la falta de acciones concretas emprendidas por España en relación con los casos de los barcos Galaecia y Paloma V".
La organización ecologista consideró que la CE confirma sus acusaciones acerca de que dos barcos de bandera española propiedad de Vidal Armadores, 'Galaecia' y 'Belma', formaban parte de una red de operaciones pesqueras ilegales en el océano austral que incluían a los barcos piratas 'Ina Maka', 'Chilbo San 33' y 'Paloma V'.
"La Comisión exige a España acciones inmediatas contra los ciudadanos españoles implicados en actividades de pesca ilegal a bordo de los buques de Vidal Armadores, en cumplimiento del reglamento comunitario", apuntó Greenpeace, que consideró que la carta constituye "una prueba más de que el Gobierno habla mucho y actúa poco contra la pesca ilegal".
La organización ecologista demandó que se pida la devolución de las ayudas concedidas a cualquier compañía involucrada en actividades ilegales de pesca y que se sancione "con dureza" a sus responsables.
Greenpeace denunció el pasado 5 de marzo ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional las actividades pesqueras de la empresa Vidal Armadores, propiedad de Viarsa Cartera. "Vidal Armadores es uno de los operadores piratas mejor conocidos en todo el mundo", afirmó la organización, que lamentó que, pese a las conductas ilegales denunciadas por varios países, "España concedió subvenciones a la empresa por más de 3,6 millones de euros entre 2003 y 2005".
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