El Gobierno recurrirá ante al Tribunal Constitucional la Ley de Cajas de Aguirre

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El Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, al considerar que altera los criterios de proporcionalidad en la representación de las corporaciones locales en la asamblea general de Caja Madrid que establece la Ley estatal de cajas.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, al considerar que altera los criterios de proporcionalidad en la representación de las corporaciones locales en la asamblea general de Caja Madrid que establece la Ley estatal de cajas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo ha adoptado la decisión de impugnar el artículo 28 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que reforma la Ley de Cajas de Ahorros de la región, de 11 de marzo de 2003, tras contar con el dictamen favorable del Consejo de Estado.

La propuesta se ha elaborado de conformidad con los informes realizados por los Ministerios de Economía y Hacienda, y de Administraciones Públicas.

En concreto, el Ejecutivo fundamenta este recurso en que la norma, "al establecer fórmulas de ponderación, provoca que el sistema de representación de las corporaciones locales y de los impositores en la asamblea general sea contrario al criterio de proporcionalidad establecido en la Ley estatal de órganos rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), de 2003", señaló De la Vega.

Este criterio de proporcionalidad figura en el artículo 2.3 de la LORCA, al determinar que "cuando las cajas de ahorros tengan abiertas oficinas en más de una comunidad autónoma, la representación en la asamblea general de los distintos grupos (entre ellos, el de corporaciones locales y el de impositores) deberá ser, en observancia del principio de igualdad, proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes comunidades autónomas en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos".

La creación de dos circunscripciones electorales -una para los municipios de la Comunidad de Madrid y otra para los municipios del resto de comunidades en que una caja de ahorros madrileña tenga oficinas abiertas- en combinación con las fórmulas de ponderación que se introducen, "producen como resultado una desviación de la regla de proporcionalidad establecida en la LORCA", según el Gobierno.

En el caso de la representación de las corporaciones locales, esta desviación se proyecta tanto sobre el reparto de consejeros entre las dos circunscripciones como en el reparto de los consejeros correspondientes a cada municipio.

CAMBIO DE LAS REGLAS CON EL PROCEDIMIENTO EN MARCHA

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, se remontó al origen del asunto, al recordar que se inicia un proceso de elección en Caja Madrid que coincide con unas normas "tomadas correctamente" por la Comunidad de Madrid, pero ya en el momento en el que el procedimiento estaba en marcha, "de forma un poco chocante, en el sentido de que parece razonable de que las normas o las reglas del juego se cambien antes de que el juego empiece", dijo.

Solbes justificó la actuación del Gobierno al señalar que es del interés del Ministerio de Economía saber si las normas que se aprueban por los gobiernos autonómicos son coherentes con la legislación actualmente en vigor, y reconoció que, aunque era una percepción suya "y de todo el Gobierno", se trata de un tema "discutible", donde hay argumentos a favor y en contra.

A SOLBES SE LE "ESCAPA" LA INCIDENCIA POLÍTICA

El vicepresidente segundo explicó que, en vista de ello, el Ejecutivo tomó la decisión que parecía "más razonable", que era enviar el asunto al Consejo de Estado para que diera su opinión.

"En su informe se dice de forma casi textual que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad. Con esa recomendación, es muy difícil no actuar. A partir de ahí, la incidencia política que pueda tener, se me escapa", manifestó.

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