Economía/Finanzas.- El Congreso da 'luz verde' definitiva a la Ley que regula las reunificadoras de deudas

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La norma refuerza la garantía jurídica de sus clientes aunque el PP advierte de que no bastará frente a "otro Fórum Afinsa"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso dio hoy 'luz verde' definitiva a la Ley que regula los servicios de crédito de entidades no financieras y amplía la protección de los consumidores ante la reunificación de deudas y la contratación de créditos hipotecarios con este tipo de entidades, tras rechazar con los votos del PSOE y el PP las enmiendas al articulado introducidas por CiU en el Senado e incorporar varias de los socialistas, de carácter técnico.

La Cámara Alta incorporó al texto dos modificaciones de la federación nacionalista que buscaban que estas sociedades faciliten sus cuentas anuales auditadas al Ministerio de Sanidad y Consumo y tengan la obligación de constituirse en establecimientos financieros de crédito siempre que su cifra anual de negocio supere los quince millones de euros y operen en más de una comunidad autónoma.

Estas fueron las dos principales enmiendas incorporadas al texto que prosperaron gracias al los apoyos de PP y PNV, sin embargo en la Cámara Baja el PP le retiró su apoyo por el impacto que tendrían, a su juicio, en estas compañías. La diputada 'popular' Dolors Nadal lamentó que las autoridades económicas no supervisen a las reunificadoras de deuda, y exigió responsabilidades al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, por dejar "a la intemperie" a los consumidores.

Asimismo, arremetió contra el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, por pasar la patata caliente al Ministerio de Sanidad y Consumo con una ley que no resultará suficiente "ante un nueva crisis como la de Fórum Afinsa", escondiendo un "penalti injusto" contra las comunidades autónomas, que no tienen medios para asumir el control de estas sociedades.

PSOE RECHAZA LAS "CONTRADICCIONES" DE CIU

El portavoz socialista de Consumo, Alberto Fidalgo, señaló que la nueva regulación "incrementa las garantías y la protección de los consumidores" al proporcionar "información, transparencia y seguridad" a este tipo de actividades, suponiendo un control al "crédito irresponsable" como el que estuvo en origen de la crisis financiera.

Sin embargo ,rechazó las "contradicciones" de las enmiendas de CiU en la Cámara Alta frente al consenso alcanzado en el Congreso, que "liquida" al sector incipiente y perjudicaría a los consumidores, bajo cuya óptica se ha elaborado la ley aprobada.

La diputada de CiU Conxita Tarruella celebró que el proyecto cumplirá con los principios de mayo información y transparencia, recogiendo las capacidades de las comunidades autónomos de control de estas entidades. Por su parte, el representante de ERC, Francesc Canet, manifestó su descontento con la norma en sus actuales términos aunque expresó su apoyo a las enmiendas del Senado.

TRANSPARENCIA.

Entre las novedades de la ley destacan la intensificación de las obligaciones de transparencia de las entidades dedicadas profesionalmente a esta actividad, el establecimiento de los requisitos de los contratos y el incremento de las garantías, la fijación de las actuaciones en casos de incumplimientos, y el establecimiento de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos.

El texto aprobado hoy señala que los consumidores dispondrán de la información precontractual al menos 15 días antes de la firma. Esta información deberá especificar las principales características de los contratos y el coste total que debe pagar el consumidor, incluidas comisiones, cargas y gastos. La transparencia de precios implica que no se podrán cargar cantidades superiores a las que se deriven de las tarifas explicitadas.

REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS.

Asimismo, la información básica se hará pública en páginas web y en un tablón de anuncios en los establecimientos abiertos al público. La identidad de los tasadores y sus tarifas serán conocidas. Habrá un registro público de las empresas, que deberán contratar, con una entidad autorizada, un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera.

También se prevé específicamente el derecho a desistimiento en los contratos de intermediación en los 14 días siguientes a la formalización del contrato, sin alegación de causa alguna y sin penalización, y se incluye un régimen de infracciones y sanciones, al tiempo que se habilita la resolución extrajudicial de conflictos.

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