Economía/Empresas.- La inmobiliaria cotizada Cinsa acuerda su liquidación ante "la situación del sector"

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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La inmobiliaria cotizada Compañía de Inversiones Cinsa ha aprobado en junta extraordinaria de accionistas su disolución y liquidación "ante la situación del mercado inmobiliario", informó la empresa.

La compañía, con sede en Telde (Gran Canaria), se dedicaba la promoción de edificios y suelo para todo tipo de edificaciones y a la compra de fincas, terrenos y solares para la construcción o su arrendamiento.

En el orden del día de la convocatoria de la asamblea extraordinaria en la que aprobó su disolución, celebrada el pasado sábado, la compañía atribuyó su decisión a la "situación por la que está atravesando la sociedad en cuanto a la concesión de licencias urbanísticas y a la situación del mercado inmobiliario", en general.

Por tratarse de una compañía cotizada, su junta de accionistas aprobó además solicitar la exclusión de cotización en bolsa.

Una vez que el sábado la junta aprobó la disolución de la firma, Cinsa entrará en fase de liquidación. Dentro de esta fase, los administradores cesarán de sus cargos y se designará una junta general de liquidadores. Cualquier enajenación de inmuebles se realizará mediante subasta pública.

Los liquidadores formarán el balance final de la empresa y determinarán la cuota de activo social que se repartirá por cada acción. Por último, se procederá a la división del haber social resultante entre los socios en proporción a su participación en el capital social.

Cinsa cerró 2007 con una pérdida neta de 1,68 millones de euros, frente al beneficio de 186.000 euros del ejercicio precedente, según los datos definitivos remitidos por la empresa en agosto de 2008 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 11 de agosto la compañía notificó la corrección los datos iniciales, según los cuales había cerrado 2007 con un beneficio de 1,16 millones.

La empresa explicó este paso del beneficio inicialmente contabilizado a las pérdidas por tres razones: la resolución del contrato de venta del 25% de una parcela por importe de 1,89 millones de euros, la dotación de la provisión por depreciación de una parcela por importe de 271.000 euros y la correcta contabilización del resultado final de la inspección fiscal llevada a cabo por la Agencia Tributaria sobre los ejercicios 1999, 2001, 2002 y 2003.

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