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PARIS, 9 (EUROPA PRESS)
El Ministerio francés de Economía calcula en 70 millones de euros el coste que tendrá para los proveedores de acceso a internet el dispositivo contemplado en el nuevo proyecto de ley para luchar contra la piratería que será debatido mañana en la Asamblea nacional francesa.
France Télécom evalúa el costo en 13 millones y Free en 30 millones. El Estado tiene pensado compensar las inversiones de los operadores y abrirá una consulta para calcular los costes y los beneficios de la reforma. El dispositivo podría estar completamente implantado a lo largo de 2010, según 'Le Figaro'.
La ley prevé crear antes del verano una Alta Autoridad (Hadopi) integrada por jueces que enviará los avisos y organizará los trabajos de la comisión de protección de los derechos encargada de sancionar a los piratas reincidentes.
La respuesta de la Hadopi será gradual. Enviará un primer correo electrónico advirtiendo al internauta. Para proteger la vida privada, la lista de las obras pirateadas sólo será accesible vía postal o por teléfono.
Sólo habrá una segunda advertencia, en esta ocasión por carta certificada, si la segunda infracción se comete al año siguiente del envío del primer e-mail. El tercer aviso dará la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso si el internauta reconoce su error y acepta la suspensión de su abono a internet durante uno a tres meses.
En caso de reincidencia, y sin posibilidad de negociar nada, el abono a internet se suspenderá durante un periodo que puede ir de dos a doce meses. Los proveedores de acceso tendrán pues que hacer la distinción en sus ofertas del acceso a internet de las del teléfono y la televisión, que seguirán conectadas al operador.
Este proyecto impulsado por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y defendido por la ministra de Cultura, Christine Albanel, con el objetivo de proteger la cultura francesa, se adoptó en menos de 24 horas el pasado 30 de octubre en el Senado en un clima de consenso casi general, pero el ambiente podría ser muy distinto en la Asamblea nacional, donde hay un núcleo de diputados de la UMP muy hostiles a determinadas disposiciones.
Entre sus temores, el hecho de que las suspensiones del abono a internet tengan consecuencias "muy graves" para el colectivo de internautas y para los proveedores. La ministra Albanel calcula que cuando se apruebe la ley se enviarán unos 10.000 mensajes de advertencia diarios a los internautas que realicen descargas ilegales y que la sancion última será la desconexión momentánea a Internet.
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