Los bancos y las cajas podrían adelantar las deudas de los municipios con las empresas

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Hace tan sólo unas semanas, un empresario de la construcción amenazó con quemarse a lo bonzo delante del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Loeches. Sostenía que el Consistorio le debía una importante suma de dinero y que la supervivencia de su empresa estaba comprometida y, en definitiva, supeditada a que ese pago se produjera o no. Como él, son muchos los dueños de empresas que sufren la demora de los pagos de una administración local. Hacienda calcula que los ayuntamientos deben unos 3.000 millones de euros.

para pagar esta cantidad, que en su mayoría se debe a pequeñas y medianas, el Gobierno estudia medidas inmediatas para paliar esta situación.

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, lo adelantaba ayer. El Gobierno baraja sus opciones y una de ellas es que las entidades financieras adelanten estas deudas de los ayuntamientos a la empresa acreedora. Sería mediante un mecanismo similar al factoring, una operación mediante la que el banco o caja se encarga de cobrar las facturas de la empresa y abonarlas en su cuenta, descontando los intereses correspondientes al desfase temporal entre la operación y el cobro.

Más liquidez

Con este mecanismo, se evita estrangular la liquidez de las pymes y se aumenta su protección ante las demoras o, incluso, los impagos. "Estamos trabajando en resolver el problema de las empresas que han contratado con ayuntamientos y tardan en cobrar y que, por tanto, tienen una dificultad", dijo Ocaña.

Pero no es el único remedio que se estudia. También se contempla desde Economía la posibilidad de que las empresas perjudicadas por el retraso en los pagos por parte de ayuntamientos puedan aplazar el abono de los impuestos, tal como proponen algunas asociaciones de asesores fiscales. El escollo es que implantar esta medida conlleva una importante "complejidad técnica", advirtió Ocaña. Otra de las iniciativas que se estudian es la de crear una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar a las entidades locales que procedan al pago en los plazos oportunos, de un máximo de 60 días.

Consulte la información completa en la edición de fin de semana de diario elEconomista.

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