Austeridad. Ésta va a ser la palabra fetiche en breve en la administración a la vista de la que está cayendo y de cómo esta disminuyendo la entrada de ingresos en las arcas públicas. El Gobierno prepara una batería de medidas que tienen por objeto conseguir un recorte del denominado gasto corriente, es decir, el que la administración necesita para su funcionamiento. Las medidas que se barajan en estos momentos tienen dos direcciones: congelar la oferta de empleo público , así como los salarios y los pluses de los altos ejecutivos.
La crisis económica golpea duramente a las Administraciones Públicas españolas. Sin embargo, es la Administración central la que ha decidido imponer austeridad a la vista de la que está cayendo y, sobre todo, de la celeridad con la que está disminuyendo la entrada de ingresos impositivos en ls arcas públicas.
La austeridad va a llegar a través de una batería de medidas que tienen por objeto introducir un recorte del gasto público del Estado. Según ha podido saber elEconomista, esta andanada de iniciativas se dirigiría a disminuir el gasto corriente de la Administración, el necesario para su funcionamiento.
De los tres tipos de gasto público que hay, corriente, inversor y para servicios básicos, lo que se conoce como gasto social, el más susceptible de lograr un ahorro inmediato en estos momentos es el corriente. Y, en este sentido, las retribuciones y la plantilla constituyen el punto de mira.
Una de las medidas que podría estar preparando el Gobierno es el "adelgazamiento" de la creación de nuevo empleo público hasta dejar las contrataciones y la reposición de plazas bajo mínimos, de forma que sólo se cubrieran puestos de forma urgente.
Más de lo presupuestado
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el pasado mes de junio, cuando presentó públicamente el Informe Económico 2008, que habría "un plan de austeridad" en la Administración según el cual la oferta de empleo público este año sería un 70 por ciento menor respecto al ejercicio pasado. Efectivamente, los Presupuestos Generales del Estado para 2009 establecen una Oferta de Empleo Público al 30 por ciento, con carácter general, salvo para servicios considerados "esenciales" como seguridad, justicia e inspección de Trabajo.
Esta reducción supone que se dejan de cubrir unas 14.800 plazas, por lo que el ahorro estimado es de 323 millones de euros. Además, los Presupuestos indican que "adicionalmente, durante 2009 no se procederá a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para necesidades urgentes e inaplazables".
Ahora, parece que se va a ir más allá. El recorte en empleo público es una de las medidas que más ahorro puede suponer, entre otras cosas porque las plazas que no se cubran un ejercicio o varios no se consolidan y sirven para disminuir la masa salarial de la Administración. Para ilustrar lo anterior valga lo consignado en la partida de gastos de personal del presupuesto consolidado, es decir, el que agrega los del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social, agencias estatales y organismos públicos: 33.057 millones de euros, un 5,6 por ciento más que la misma partida del año 2008.
Otras medidas podrían encaminarse hacia las retribuciones de altos cargos de la Administración del Estado.
Consulte la información completa en la edición de fin de semana de diario elEconomista.
Zapatero reducirá la oferta de empleo público
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