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CSIF denuncia que la administración no quiere que los casos de violencia escolar salgan a la luz

  • Las administraciones intentan quitar importancia a estos casos.

El presidente del sector de Enseñanza de Educación de CSIF, Mario Gutiérerez, denunció este viernes que las administraciones intentan quitar importancia a los casos de violencia escolar, ya sea entre alumnos o entre estudiantes y profesores, para que no salgan a la luz pública.

Por este motivo, agregó, los docentes que han de atender estas situaciones se sienten a veces desprotegidos, pues "no reciben apoyo suficiente ni de la dirección de su centro ni de la Administración".

Gutiérrez exigió por tanto un mayor refuerzo de la autoridad del profesor, "mediante reglamentos y herramientas, no solo en el papel", y pidió "empezar llamando a las cosas por su nombre". "Una cosa son problemas de convivencia escolar y otra cosa es violencia escolar", dijo, y subrayó que lo primero para luchar "contra la violencia de género fue llamarle por su nombre, y no hablar de problemas de convivencia dentro del matrimonio".

Encarna Abascal, secretaria técnica de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, criticó la ausencia de registros nacionales o autonómicos en educación". "Las agresiones a profesores se tramitan como accidentes laborales, y en los casos de alumnos, no hay forma de conocerlos todos", aseguró. "No los cuentan porque no les interesa".

En su opinión, en la sociedad actual "existe cierta permisividad que ha normalizado una violencia de baja intensidad que, como no es mediática, se deja pasar".

Las continuas interrupciones en clase y las malas contestaciones serían para Gutiérrez ejemplos de esta violencia de baja intensidad, que "los profesores normalizan pero que dificultan mucho el día a día de su profesión". "Parar continuamente la clase para poner orden o evitar peleas impide seguir el ritmo normal y crea un clima muy malo", dijo.

Asimismo, denunció que tanto en estos casos como en las situaciones más graves, los profesores "no tienen claros sus derechos y no saben cómo actuar. Habría que aclarar en qué circunstancias se puede prohibir la entrada de un alumno a clase, cuándo y cómo se han de permitir los móviles, etc.".

Agregó que todas estas cuestiones tendrían que quedar perfectamente reglamentadas en un Estatuto del Personal Docente y formar parte del futuro Pacto de Estado por la Educación.

A su juicio, esta nueva norma debería establecer de forma clara la autoridad del docente, sus derechos y deberes y los protocolos de actuación ante los casos de violencia.

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