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Precariado universitario S.A.

Las condiciones laborales en las que el profesorado universitario en España viene desarrollando su labor no han dejado de deteriorarse progresivamente desde hace años.

Según el informe bianual 2014-2015 de la Conferencia de Rectores (CRUE), titulado "La Universidad Española en cifras", la financiación pública de las universidades ha sido recortada en el período de 2010 a 2014 por importe de 1.213 millones de euros, lo cual ha supuesto, como asegura el Informe, una disminución de 7.500 empleos públicos (3.486 de personal docente e investigador y 4.068 de personal de administración y servicios), volviendo a plantillas universitarias de profesorado similar al que había a finales del año 2006.

Si a esto añadimos que un 42,4% del personal docente e investigador en la universidad pública española tiene un contrato temporal (a pesar de que este porcentaje excede el límite máximo permitido por ley, un 40%) y que hay comunidades autónomas que lo sobrepasan ampliamente, como las Islas Baleares (57,9% de temporales) o Catalunya (54,3%), constatamos el brutal incremento del precariado universitario. Donde había profesorado titular estable y reconocido, ahora hay empleo precario, temporal e inestable, con derechos progresivamente recortados, a fin de reducir costes laborales e incrementar el sometimiento laboral. Esta política universitaria es parte del asalto neoliberal general a los servicios públicos, donde se promueve que nuestras universidades públicas se conviertan en empresas, asentando un modelo de negocio donde lo que importa es mantener los costos bajos y asegurarse de que el personal contratado sea dócil y obediente.

Así como la contratación de precarios y temporales se ha disparado a nivel global con las dos últimas reformas laborales de PSOE y PP, en la universidad estamos asistiendo al mismo fenómeno. La Ley Orgánica de Universidades de 2000 (LOU) creó seis modalidades de contratación de carácter temporal. Pero, más allá de la LOU, han proliferado otra serie de puertas 'falsas' que han incrementado los tortuosos senderos entre los que transcurre la carrera profesional del profesorado universitario. La figura del profesorado asociado, por su bajo coste (con sueldos que oscilan entre 350 y 760 euros mensuales y pagándose muchas veces su propia cuota de autónomos), por ser los que más carga docente tienen, y por su carácter contingente, ha animado a utilizar profusamente esta figura, dejando una buena parte de la docencia universitaria en manos del profesorado peor pagado de todo el sistema educativo.

La idea que apunta la reforma universitaria del nuevo gobierno es dividir al personal universitario en dos clases. El sector en la cúspide, con "contratos estrella blindados" y con sueldos astronómicos, cuya contratación poco tiene que ver con la mejora de la docencia o la investigación, sino con la imagen de "prestigio" y "exclusividad" para atraer mayor demanda. El otro grupo, el "precariado", profesorado pendiente de un hilo que puede cortarse en cualquier momento, de manera que mejor que estén con la boca cerrada, acepten salarios ínfimos y hagan su trabajo a destajo. Esa es la manera como se consiguen universidades "eficientes" desde el punto de vista del modelo económico neoliberal. Los costos, claro está, los pagan los estudiantes, con el incremento astronómico de las matrículas, y quienes se ven obligados a desempeñar esos puestos de trabajo baratos y vulnerables. Pero es un rasgo típico de una sociedad dirigida por la mentalidad empresarial transferir los costos a la gente. Es nefasto para la educación, pero está claro que en las Universidades cada vez menos su objetivo parece ser la educación.

Elaborado por: Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor Universidad de León

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