Los puntos más polémicos de la LEMES

5/12/2017 - 13:30
  • Colectivos y representantes culpan a la Ley de no centrarse en los problemas importantes del sistema universitario madrileño

El nuevo borrador de la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES), elaborado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid endurecerá los requisitos para crear nuevas universidades privadas y fijará un modelo de financiación para las universidades públicas.

En su primera valoración tras conocerse el Anteproyecto, los rectores de las universidades públicas se mostraron reacios al nuevo sistema que adquirirían las universidades privadas. Todos los colectivos y representantes de la comunidad universitaria coinciden en que la Ley de Cifuentes pretende trampear la autonomía de este sector para ejercer un control político inaceptable. Según la CRUMA, la versión anterior mostraba ser más una regulación de las universidades públicas que un servicio público universitario.

La pretensión de los cambios planteados era resolver las carencias en la versión del centro y clarificar que solo los centros públicos obtendrán financiación con cargo a los presupuestos regionales.

Entre las modificaciones, destaca que se incorpora de forma explícita el servicio público universitario y la universidad no es sólo docencia e investigación sino que conlleva innovación y transferencias, independientemente de quien sea el proveedor.

En la parte de financiación, la LEMES dotará a las universidades públicas de un modelo de financiación estable, común y plurianual, para que puedan fijarse las estrategias y los objetivos a largo plazo. Este sistema tendrá dos vías, la básica, que cubrirá los costes de funcionamiento, y la variable, que tendrá carácter plurianual y se tendrá en cuenta con cada universidad.

Otros de los puntos que se han modificado han sido los requisitos para los nuevos proyectos de universidades privadas en Madrid, que estarán sometidas a un régimen sancionador que no existía previamente.

El papel de los estudiantes es destacado al constituirse un Consejo de Estudiantes Universitario de la Comunidad de Madrid, en el que podrán participar tanto alumnos como profesores. También se define el papel de los consejos sociales de las universidades y se aclaran los temas relacionados con la investigación y la internacionalización.


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