Junqueras afirma que no gastó ni un euro del Presupuesto en el 'procés'

  • Insiste en que "convocar un referéndum no es delito"
  • Sànchez usa su declaración para denunciar una "causa política"
  • Trapero sostiene que puso a los Mossos a las órdenes de la Justicia

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras intentó ayer rebatir la acusación de malversación que le imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por su participación en el referéndum del 1 de octubre.

Junqueras aseguró que "no se ha dedicado un solo euro del Presupuesto al proceso" soberanista en Cataluña, según informaron fuentes presentes en la declaración indagatoria a varias agencias.

En este sentido, las declaraciones de Junqueras coinciden con lo manifestado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que reiteró en una entrevista en El Mundo que no se utilizaron recursos públicos en la organización del 1-O desde que las cuentas catalanas estuvieron intervenidas por el Estado.

El exvicepresidente catalán, que únicamente respondió a las preguntas de su abogado, también señaló que "convocar un referéndum no es delito", a pesar de la suspensión de la consulta del 1-O por parte del Tribunal Constitucional, e insistió en el carácter "pacífico" del proceso soberanista. Por ello, Junqueras, sobre el que también pesan cargos por rebelión, volvió a reclamar una solución política y cargó contra la judicialización del procés.

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y candidato frustrado a presidir la Generalitat, Jordi Sànchez, también aprovechó su comparecencia ante el juez Llarena para lanzar un alegato político sobre el proceso judicial contra el 1-O. Reprochó al juez instructor su falta de objetividad en la redacción de su último auto, por haber utilizado el término "sufrimos" al hablar de las consecuencias del procés, y le indicó que "no se puede ser juez y víctima".

El exdirigente de la ANC, procesado por rebelión, también acusó a Llarena de no actuar con independencia y calificó el proceso judicial de "causa política" contra el independentismo. Asimismo, Sànchez utilizó su queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el que pedía amparo para garantizar sus "derechos políticos", para cuestionar que el juez no le permitiera acudir en dos ocasiones a los plenos del Parlament que debían debatir su investidura. Llarena le respondió que dichos derechos son "parciales", dada su situación de prisión provisional y le recordó que el dictamen de la ONU no es vinculante.

Por su lado, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, protagonizó la comparecencia más breve de ayer ante Llarena y se centro en denunciar que considera el proceso judicial como una vulneración de su libertad ideológica.

Trapero se defiende

El exmayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, recurrió su procesamiento ante la Audiencia Nacional, que le investiga por sedición e integración en organización criminal por su papel en el 1-O.

En el recurso, Trapero asegura que advirtió al Govern de los riesgos de celebrar un referéndum, niega que pusiera la policía autonómica al servicio de la secesión y desvela que el día de la proclamación de la independencia en el Parlament se puso a las órdenes del TSJC y de la Fiscalía Superior de la comunidad.


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