Gobiernos sin liquidez, proveedores desvalijados

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Alberto Fabra, presidente de la Generalitat Valenciana

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Los pequeños empresarios pagan los 'platos rotos' de la pérdida de ingresos en el sector público.

Los proveedores son los que están sufriendo más la falta de liquidez de las administraciones autonómicas. Las facturas se retrasan meses e incluso años. Aquí reflejamos cuatro casos reales en cuatro sectores y en cuatro autonomías.

Residencias en Valencia

Mentalia Puerto es una de las residencias privadas de salud mental a las que la Generalitat valenciana adeuda todas las mensualidades de 2011. La asociación que agrupa a las residencias, Aerte, ha llevado el caso a la Fiscalía, ya que buena parte de los residentes son incapacitados sin familia cuya tutela corresponde a la Generalitat por sentencia judicial. "No está pagando la asistencia a sus propios tutelados, y le hemos preguntado a la Fiscalía qué hacemos con estas personas si tenemos que cerrar", explica David Taroncher, director de Mentalia Puerto. El cierre no es una posibilidad remota; es algo que se han planteado en Mentalia Puerto, ya que la deuda de la Generalitat, unos 400.000 euros entre plazas concertadas y ayudas directas a las familias, supone el 50 por ciento de sus ingresos anuales. "Tenemos nóminas que no se han pagado, proveedores que no cobran y hemos agotado las pólizas con los bancos; no podemos más", lamenta Taroncher. "Ahora vas al banco con las facturas de la Generalitat y te dicen que es bono basura, ya no se fían", asegura. El Ejecutivo de Alberto Fabra debe 13 millones a las residencias de enfermos mentales, a las que ha prometido pagar antes de fin de mes.

Farmacias en Cataluña

Al farmacéutico barcelonés Carles Riba también empiezan a ahogarle los plazos de pago. "Hasta hace dos años, el plazo era de 50 días, algo muy razonable. En septiembre de 2011, pasamos a 75 días y ahora ya estamos en 105", explica. En una industria como la farmacéutica, donde el 80 por ciento de las ventas son a la Administración Pública, estos retrasos implican "provisionar el 80 por ciento de tu facturación". Dicha situación genera "unas dificultades brutales" a las farmacias y con la última ampliación de plazos han empezado a necesitar intervención privada para suplir la deuda. El problema es quién se hará cargo después del pago de los intereses, ya que, según Riba, debería asumirlo la Generalitat, pero "no están por la labor". "Para mí y para mucha gente más, si aumenta el número de días llegaremos al colapso", resume. Riba espera "que la Administración haga algo y regule a un máximo de 75 días". En este sentido, no descartan llegar a la huelga para reclamar los débitos. El Colegio de Farmacéuticos de Cataluña estima que la deuda farmacéutica de la Generalitat "es de 128 millones de euros".

Constructoras en Andalucía

"Estamos financiando a la Administración, pero todo tiene un límite. La deuda con las empresas constructoras es insostenible. Algunos ayuntamientos incumplen incluso acuerdos notariales alcanzados para pagar facturas pendientes. En mis 24 años de ejercicio profesional nunca había visto una cosa igual", asegura Ana López Caparrós, presidenta de Ielco, una empresa familiar andaluza dedicada a la construcción, asfixiada por ayuntamientos y la Junta de Andalucía.

La empresaria malagueña califica de "crítica" la situación de muchas empresas andaluzas, al tiempo que mostró su preocupación por las "deudas millonarias" a Ielco. "Estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra plantilla. El dinero está en la empresa, no hemos repartido beneficio ni tenemos deuda con los bancos, pero la Administración nos está ahogando", indicó.

La patronal Ceacop cifró hace ya seis meses en más de 2.000 millones la deuda que la Junta de Andalucía (en torno a 1.000 millones) y los ayuntamientos y diputaciones (otros 1.000, aproximadamente) mantienen con las empresas constructoras con sede u operaciones en Andalucía.

Informática en Castilla y León

Jaime es el nombre ficticio de un autónomo vallisoletano dueño de una empresa de informática. No quiere identificarse, porque teme que si denuncia los impagos de la Junta, ésta tome represalias. Ahora reconoce que su situación es "buena". Apenas le deben 12.000 euros, pero ha tenido que aguantar durante ocho meses el impago de hasta 190.000 euros. No olvida la "desesperación" sufrida. "He ido llorando de despacho en despacho para salvar mi negocio", asegura. Jaime está en un callejón que parece no tener salida. No puede pagar la Seguridad Social o el IVA. De nada sirve que otras AAPP reconozcan su deuda. Hasta el colapso de las administraciones, Jaime no había tenido que pedir un crédito ICO Liquidez. Ha sido la forma de sobrevivir, "aunque los intereses se comen el beneficio".

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