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Iberdrola sostiene que el decreto para evitar el cierre de centrales térmicas puede ser contrario a la normativa europea

14/11/2017 - 13:35

Iberdrola considera que impedir el cierre de centrales de producción eléctrica tal y como pretende hacer el Gobierno puede ir en contra de la legislación europea.

Según la compañía, la nueva Directiva de Electricidad, incluida en el Paquete de Invierno de la Comisión, plantea que se debe garantizar que "no existan barreras injustificadas para la entrada y salida del mercado de las empresas de generación y suministro de electricidad", informa Servimedia.

Así lo advierte la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán, en la imagen, en sus alegaciones al proyecto de real decreto que pretende regular el procedimiento de cierre de instalaciones eléctricas, que ya ha sido trasladado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En ellas, la compañía aboga por un mecanismo de subastas de capacidad, la posibilidad de hibernación de instalaciones, la libre entrada y salida en el mercado y una retribución al parque nuclear que garantice su viabilidad económica.

En cuanto al futuro de las instalaciones de producción que quedasen fuera de las citadas subastas, en las que no podrían participar las centrales de producción de carbón al ser muy contaminantes, Iberdrola considera que debería depender del criterio de sus propietarios.

Para la eléctrica, esto resulta especialmente relevante en un escenario como el español, en el que buena parte del parque de generación presenta pérdidas económicas y debe hacer frente a una elevada carga fiscal, que se traduce en un coste para el sector de unos 3.000 millones de euros al año.

En consecuencia, pide que las instalaciones que se comprometan a suministrar capacidad de respaldo deberían poder cerrar o, si así lo considera su propietario, entrar en fase de 'hibernación'.

En este sentido, Iberdrola aboga en la documentación remitida al Gobierno por permitir la libre entrada o salida de instalaciones del mercado, de acuerdo al criterio de sus propietarios. De lo contrario, advierte de que el mercado dejaría de enviar señales reales de escasez de potencia cuando así ocurriese en momentos de puntas de demanda.

Añade que "las normas del mercado permitirán la entrada y salida de empresas de generación y suministro de electricidad en función de su evaluación de la viabilidad económica y financiera de sus operaciones" (ver artículo 3(m) del nuevo Reglamento de la Electricidad).

Además, considera que impedir la libre salida y entrada en el mercado también iría en contra de la normativa española: tanto del principio de libertad de empresa recogido en el artículo 38 de la Constitución como en los artículos 2 y 8 de la Ley del Sector Eléctrico.

En el decreto que elabora Energía, se establece que a diferencia del régimen actual, que sólo contempla la seguridad del suministro, la autorización del Ministerio únicamente se concederá tras valorar adicionalmente la coherencia del cierre con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y del clima, así como la coherencia de los precios y la competencia del mercado eléctrico.

De esta forma, el Gobierno podrá negar el cierre de una instalación cuando amenace a la seguridad de suministro eléctrico o a la seguridad del abastecimiento de materias primas, y cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad, en la competencia en el mercado eléctrico y en el cumplimiento de los objetivos en la planificación de energía y clima vigente.

El reglamento establece como ámbito de aplicación las instalaciones de producción de energía eléctrica de potencia superior a 50 megavatios (MW), con independencia de su tecnología, por ser aquellas que requieren autorización del propio Ministerio para su operación.

La norma será de aplicación a todos los cierres que hayan sido solicitados desde la consulta pública en esta materia lanzada por el Ministerio de Energía en julio de este año y sobre los que aún no haya recaído resolución administrativa.

En línea con esto, el Ministerio ha solicitado, en aplicación del artículo 20.4 de la Ley del Sector Eléctrico, a Iberdrola , como titular de las centrales de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia)), instalaciones de carbón que la eléctrica pretende cerrar, la remisión de la información contable correspondiente a los últimos tres años.

Iberdrola anunció el pasado viernes su decisión de completar el proceso de cierre de todas sus centrales de carbón en el mundo, fuente de energía que, recordó, representa en la actualidad sólo el 1,8% de la capacidad total del grupo, que asciende a 48.062 megavatios (MW), y el 1,5% de la producción eléctrica en los nueve primeros meses del año en curso (1.596 sobre 102.494 gigavatios).

En este sentido, la compañía explicó que había solicitado la autorización de cierre de las centrales térmicas de Lada y Velilla ante el Ministerio de Energía, plantas que suman una potencia de 874 MW.


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