"Continuaremos con las inspecciones a los regantes donde haya más extracciones de agua de las permitidas"

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Juan Ignacio Diero, presidente de la CHD

Juan Ignacio Diego no ha parado durante las últimas semanas de reunirse con las organización agrarias de Castilla y León. El colectivo de regantes de aguas subterráneas está que bulle por la campaña de inspección que ha realizado el organismo de Cuenca, que ha puesto sobre la mesa 176 expedientes sancionadores, con multas cuantiosas. Diego la justifica en la necesidad de poner coto a la sobreexplotación de los acuíferos, de los que hoy se extrae un 20 por ciento más de su capacidad de recarga.

-Las campañas de vigilancia de la CHD a los regantes de aguas profundas se han intensificado. ¿Por qué?

Las campañas de vigilancia son habituales en el caso de las aguas superficiales. Es verdad que a las aguas subterráneas, en las que desde 1998 ya se estaban identificando problemas, no se les había prestado suficiente atención. A partir de la aprobación del Plan Hidrológico en enero de 2016 se ha intensificado la vigilancia en las cuatro masas de agua subterránea que están en mal estado cuantitativo. Los cuatro acuíferos son los de las zonas de Tordesillas, Los Arenales, Medina del Campo y Tierra del Vino. Los volúmenes de extracción son de 515 hectómetros cúbicos al año, mientras la capacidad de recarga es de 429. Es decir, estamos extrayendo del orden de un 20 por ciento adicional en este momento. Y digo en este momento porque estos acuíferos ya tenían una caída de niveles muy importante como consecuencia de que a lo largo del tiempo se haya extraído más de su capacidad de recarga. A nivel de cada uno de ellos es de un 5 por ciento en Tordesillas, un 55 por ciento en Medina y de un 7 por ciento en Tierra del Vino. En Los Arenales estamos un 8 por ciento por debajo.

-¿No hay entonces una campaña en contra de los agricultores?

En absoluto. La política del agua en España desde 2000 es la que marca la Directiva Marco del Agua y el objetivo es el buen estado de las masas de agua subterránea, que exige que las extracciones no superen a las recargas naturales. En las aguas subterráneas nos parece que el agua es infinita, pero de infinito no tiene nada. Un acuífero es como un embalse y estos embalses de que hablamos los tenemos a mínimos históricos. Además, los acuíferos están relacionados con los ríos y muchas veces explotar intensivamente los acuíferos repercute en que hay ríos por cuyos cauces hace mucho tiempo que no discurre el agua. Es verdad que las explotaciones agrícolas han cambiado mucho y, por ejemplo, la reducción de la superficie de algunos cultivos, como la remolacha, ha supuesto una reducción de las extracciones, lo que se pone de manifiesto en el cambio de tendencia descendente de los niveles. En lo que respecta a los derechos de agua hay varios tipos de situaciones: aquellos casos que han regularizado sus derechos, con gasto de dinero y tiempo en la regularización y hacen un uso del agua ajustado a los derechos que disponen; y aquellos que han realizado captaciones y amueblado parcelas sin la correspondiente tramitación administrativa, tomando agua sin limitación. Al final todos toman el agua del mismo embalse y todos sufren los efectos de la menor disponibilidad. No parece justo que quien ha hecho los deberes tenga los niveles cada vez más bajos porque su vecino no se ha tomado la molestia de regularizarla. Hay usuarios que están viniendo para cambiar las características de una concesión y le tenemos que decir que no, porque los acuíferos están como están y ese señor pregunta que a su vecino, que no tiene un solo papel, qué le va a hacer la Administración. Al legal le está costando dinero la explotación del que no lo es. Es un tema importante.

-¿Hay mucho abuso en el consumo de agua?

La campaña de vigilancia se ha centrado donde mayor es la discrepancia entre el consumo y lo permitido. El grado de abuso lo determina el índice de explotación, que debía ser uno, que es el equilibrio, y nos estamos fijando en lugares donde es de dos y hasta tres. Es decir, en algunos casos, se está extrayendo tres veces más de lo permitido.

-¿Cuántos expedientes se han abierto?

En total 176. Hay que aclarar que de momento son expedientes sancionadores abiertos. Estamos en periodo de alegaciones y habrá que analizar las alegaciones para ver cuántos efectivamente se convierten en sanción. No todas las visitas han dado lugar a un expediente sancionador. Se han hecho 250 visitas y de esas 176 han acabado en apertura.

-Los agricultores se quejan de que no pueden hacer la rotación a la que obliga la PAC porque las concesiones se circunscriben a parcelas concretas, pero en realidad no se consume más de lo permitido?

Este problema está identificado desde hace mucho tiempo. De hecho, ya desde el anterior Plan Hidrológico, aprobado en 2013, se están manteniendo reuniones con regantes y ayuntamientos para darles a conocer las posibles soluciones que hay con la ley en la mano para este problema. Nosotros pensamos que no es un problema de rotación, sino de sobreexplotación. Si fuera un problema de rotación, esos casos que le comentaba en los que se extrae hasta tres veces lo concedido no existiría.

¿Y cuáles son esas soluciones?

Para los regantes que necesitan hacer rotación en fincas de su propiedad, la ley ofrece la posibilidad de modificar las características de la concesión, que permite incluir parcelas ahora excluidas. Esta es una vía que se ha utilizado mucho, aunque no todo lo que desearíamos. También se puede constituir una comunidad de regantes incluyendo tanto a los propietarios con concesión como a los propietarios con terrenos. Los derechos de agua pasan a ser de los integrantes de la comunidad y no distinguimos ya que tengas o no rotación. Es una vía muy común para aguas superficiales. Nosotros pensamos que estas comunidades de carácter municipal o supramunicipal permiten una gran flexibilidad para las rotaciones de cultivo.

-¿Pero eso requiere compartir el derecho de la concesión? ¿No es algo utópico teniendo en cuenta la mentalidad en el sector agrario?

Requiere un acuerdo. Hay mucha gente que está optando por esa solución. Las aguas en España son públicas y la concesión está siempre ligada a la propiedad de la finca. Disociar la concesión de las parcelas está expresamente prohibido por la Ley de Aguas. No depende de que la Confederación tenga una mayor o menor voluntad de entenderse, es que no es viable. Y no es algo tan utópico. Ahora mismo hay cuatro comunidades de regantes de aguas subterráneas en constitución. Son fórmulas sencillas. Es verdad que se comparten derechos, pero como haces en cualquier acuerdo civil en función de un contrato. Además se pueden establecer limitaciones a través de la definición del convenio.

-Para los sondeos anteriores a la Ley de Aguas, ¿se podría abrir un nuevo periodo de regularización?

Eso no compete a la Confederación sino al Gobierno. Pero quiero remarcar que se han abierto periodos desde el año 85. Hay gente que no lo inscribió pese a que ni siquiera se pedía que el agua pasase a régimen concesional y se podía haber mantenido en régimen privado. Cuando se hizo en 1985 iban equipos de técnicos preguntando a cada agricultor e inscribiendo. Es curioso que haya pueblos en los que todos han inscrito y en otros, ninguno. Nos estamos sorprendiendo de cuánta gente dice que tienen los sondeos en minas, pero aquí no constan. Sí nos llegan algunos por vía judicial que tenemos que reconocer, pero son pocos.

-¿Cómo se están resolviendo los recursos? ¿Hay flexibilidad?

En un expediente sancionador hay dos conceptos: uno relativo a la multa, por regar terrenos sin concesión, y otro por los daños al dominio público, que se relaciona con el volumen consumido. Quien tiene concesión y demuestra que no ha utilizado más agua de la concedida, aunque haya sido en parcela sin derecho, se le puede quitar la parte del daño. Lo que la Confederación está intentando es que con la aplicación de las medidas del Plan Hidrológico haya un cambio de tendencia en el descenso de los niveles en esas masas de agua. El objetivo ideal sería que en 2021, fecha en la que nos examinan sobre esta cuestión, la relación entre el volumen extraído y la capacidad de recarga estuviera en un 80 por ciento. Si esto no es posible habremos de alcanzar al menos un cambio de tendencia en los descensos piezométricos. Si tampoco se consigue esto, la Ley establece la posibilidad de declarar las masas en riesgo de no recuperarse, en cuyo caso una de las medidas sería la reducción lineal para todos los usos de ese 40 por ciento de las dotaciones.

-Y a partir de ahora, ¿qué va a hacer la Confederación?

Vamos a mantener la vigilancia en esos lugares en los que hay desajuste entre extracciones y derechos. En las zonas donde se pongan en marcha alguna solución administrativa -modificación de características o la creación de una comunidad por convenio o de usuarios-, no vamos a insistir porque somos conscientes de que sus tramitaciones son largas. Ahí vamos a dar un poco de tregua porque lo que queremos es que se constituyan esas comunidades, que se regularice la situación. Pero donde no las haya vamos a seguir vigilando las presuntas irregularidades.

-¿Es verdad que algún dirigente agrario le ha amenazado con pedir su cabeza?

Cada vez que hay un conflicto, alguien piensa que estoy sobrando. El único objetivo que tengo es cumplir con el Plan Hidrológico. Con el que venga después de mí va a pasar lo mismo, porque o aplica esos principios o el Ministerio le cambiará por no cumplir sus objetivos.


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