Villanueva teme que se adelante la reducción a las ayudas al carbón

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El empresario minero Victorino Alonso

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El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ha mostrado la preocupación del Gobierno regional por el posible adelanto de las reducciones de ayudas por parte del Ministerio de Industria más allá de lo que exige el propio reglamento del carbón.

Tomás Villanueva se reunió con los principales representantes de la patronal de la Minería de Castilla y León -Grupo Alonso, Grupo Viloria y la Hullero Vasco Leonesa-, para analizar la actual situación de la minería del carbón regional. En el encuentro han participado, Victorino Alonso, presidente de Uminsa y Coto Minero Cantábrico; Gerardo de Biaín, portavoz de Carbunión; Antonio del Valle, presidente de la Hullera Vascoleonesa; y José Lamelas, de Grupo Viloria.

Durante la reunión se ha analizado la situación del sector del carbón en España y en Castilla y León -tanto en lo referente al consumo del mineral como en la preocupación que mantiene la Junta de Castilla y León- y el sector de la minería energética, por el posible adelanto de las reducciones de ayudas por parte del Ministerio más allá de lo que exige el propio reglamento del carbón.

Este reglamento fue aprobado por el Consejo Europeo el pasado mes de diciembre, y en él se establecen los plazos y porcentajes obligatorios en la reducción de ayudas para todo el carbón europeo. Además, en él se indica que la primera reducción será del 25% en 2013 y sin embargo las empresas mineras están trasladando su preocupación por que dicho plazo se adelante a 2012, con un reducción del 10%.

Hay que recordar que el Consejo Europeo, a propuesta del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, estableció el final de las ayudas para el año 2018 ligadas a planes de cierre y por tanto al final de la actividad extractiva de las empresas.

El Consejo establecía que en el caso de que las empresas lograsen demostrar una producción competitiva y quisieran continuar con su actividad, deberían devolver el importe de todas las ayudas recibidas desde el año 2011, lo que implicaría que de forma automática las empresas dejarían de ser competitivas. Esta exigencia no ha ocurrido en ningún otro sector de la actividad económica en la Unión Europea.

Tanto esta exigencia como los plazos obligatorios de la reducción de ayudas han sido recurridos por las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Aragón ante el Tribunal de las Comunidades Europeas.

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