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La legislatura termina con una ley educativa de futuro incierto

Las regiones gobernadas por socialistas rechazan la Lomce, que ha motivado decenas de marchas y dos huelgas generales. PSOE e IU ya han prometido que la eliminarán si llegan al Gobierno tras el 20-D.

El Ministerio de Educación ha cumplido casi un 90 por ciento de las propuestas que llevaba en su programa electoral, según el PP, tras finalizar su legislatura. No obstante, la gestión del exministro José Ignacio Wert, quien ha ostentado el cargo tres años y medio, ha estado envuelta por la polémica. Desde que empezó en 2011, Wert y Montserrat Gomendio, exsecretaria de Estado de su cartera, se han ganado las críticas de una gran parte de la comunidad educativa por llevar adelante medidas como la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). El rechazo de esta ley llegó hasta el Tribunal Constitucional con los recursos presentados durante marzo de 2014 por varias comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco). Algunos partidos como PSOE e IU han prometido que si ganan las elecciones eliminarán la norma.

La nueva ley educativa puso de acuerdo a todos: partidos políticos, padres y madres, profesores y estudiantes se rebelaron contra ella. ¿El resultado? Una decena de huelgas y protestas.

Otra novedad de la Lomce es la aparición de exámenes externos en 3º y 6º de primaria, 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, además de la eliminación de la Selectividad.

Desapareció la asignatura Educación para la Ciudadanía y se reforzó la Religión. Ésta se debe ofertar en todos los centros y los que no la cursen, deberán elegir Valores sociales y cívicos. Además, Religión computa para la nota media del estudiante.

Wert, que ha sido durante toda su legislatura el miembro del Gobierno peor puntuado por los ciudadanos, según los datos del CIS (un 1,56 de nota media), también ha protagonizado las controversias en torno a la enseñanza en castellano en los colegios de Cataluña. Cabe recordar sus declaraciones: "Españolizar a los alumnos catalanes".

Reformas universitarias

El aumento de las matrículas universitarias ha provocado que, de media, los estudiantes hayan tenido que pagar hasta 800 euros más en su matrícula. Educación obligó a las comunidades a aumentar, al menos el 15 por ciento del coste real del grado a los, poniendo un tope del 25 por ciento, lo que produjo desde el principio un importante encarecimiento de la primera matrícula. Es decir, que el precio del grado ha subido en torno al 65 por ciento y el del máster, un 46 por ciento. Esto provocó un descenso de estudiantes del 1,6 por ciento en los últimos tres cursos (2012, 2013 y 2014), 73.400 alumnos, según datos del Ministerio de Educación.

Wert endureció los requisitos para el acceso y mantenimiento de las becas. En esta ocasión, tuvo que dar marcha atrás en sus medidas iniciales. Cedió ante los rectores (mayo 2012) y rebajó la exigencia académica para acceder por vez primera a las becas universitarias (de una nota de 6,5 a 5,5) y mantuvo la cuantía de las becas Erasmus el curso pasado, aún así medidas insuficientes según los rectores.

Con la reforma de las becas (parte fija, más parte variable), cada estudiante recibió de media 300 euros y casi 20.000 personas perdieron la beca. Además, en 2013, más de 20.000 universitarios deben devolver sus becas por suspender. Por primera vez los estudiantes que no aprobaron, al menos el 50 por ciento de sus créditos, el curso pasado tendrán que reembolsar las ayudas que recibieron, una media de 3.000 euros más el coste de la matrícula, que varía entre 750 y 2.000 euros.

Los retrasos en el pago de ayudas fruto del nuevo sistema se han sumado a las numerosas polémicas.

Tuvo un encontronazo con Bruselas. El exministro aseguró que la UE iba a reducir el dinero que transfería a España para el programa Erasmus plus, desmentido por el organismo comunitario. Ahora, el Ministerio sólo solo ayuda a pasar un semestre en una universidad extranjera, mientras que antes duraba todo el curso.

Educación también ha flexibilizado la duración de los grados pasando de cuatro años a tres, más dos de máster (llamado decreto 3+2); ha flexibilizado los requisitos para la creación de nuevas universidades y ha cambiado los criterios de acceso de los docentes a la universidad.

Otras medidas que han pasado más inadvertidas han sido la derogación de los temarios de ingreso y especialidades de profesorado de la educación pública. Wert restableció los anteriores (de 1993 y 1996), aún sin modificar.

El profesorado ha sufrido despidos y una tasa de reposición del 10 por ciento hasta el año pasado (este año está en un 50 por ciento). Las ratios por aula han crecido. Se han pasado de 25 a 30 alumnos en Primaria, y de 30 a 35 en la Secundaria.

El Gobierno ha querido potenciar la FP para reducir el abandono escolar temprano, esto ha llevado al nuevo ministro de Eduación, Íñigo Méndez de Vigo, ha aprobado títulos como el de Actividades domésticas y limpieza de edificios , Actividades de panadería y pastelería, Mantenimiento de viviendas, Fabricación de elementos metálicos, Instalaciones electrotécnicas y mecánica y Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo (finales de agosto).

Méndez de Vigo, con más talante, conciliador y dialogante que su antecesor, en sus cinco meses en el cargo, no le ha dado tiempo ha hacer mucho. Lo que sí ha hecho ha sido aumentar el gasto en becas en 3 millones en un presupuesto que sube un 9,3 por ciento, principalmente por los fondos para la Lomce.

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