Normalidad en el Palau de les Arts

Publicado por en Corrupción, Tribunales.

La Generalitat valenciana tiene desde el 8 de julio de 2013 un informe de la Intervención General sobre la Fundación Palau de les Arts, solicitado por la propia Conselleria de Educación a raíz de la denuncia de un extrabajador (de 2010, ignorada durante tres años). El informe, que ha servido de base a la Fiscalía Anticorrupción para presentar una querella, dice muy clarito que la intendente del Palau, Helga Schmidt, se saltó a la torera la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y la Ley de Incompatibilidades al crear una empresa paralela que asumió, a cambio de una comisión, una tarea que ya hacía gratis la fundación que dirigía. Al parecer, la consellera María José Català no vio nada reprochable en estos actos, que en todo caso demuestran el grado de asimilación de la cultura popular por parte de la diva austriaca.

Un año y seis meses después, ya en 2015, El Mundo revela que el informe ha llegado a la Fiscalía Anticorrupción, que está investigando si los hechos son constitutivos de delito. La consellera no sólo no aprecia delito, sino que sigue sin considerar que haya nada reprochable en la actuación de Schmidt. Al estar sub iudice, la Generalitat deja de tener opinión, si es que alguna vez la tuvo, y decide que sea el juez (Vicente Ríos, el del caso Emarsa) el que le vaya indicando. Que detienen a la intendente, suspensión temporal de funciones; que la imputan, cese; que la encarcelan, nos personamos. ¿Se puede pedir más normalidad?

Como suele ocurrir cuando salta un escándalo, uno repasa los informes de la Sindicatura de Comptes y descubre que, por ejemplo, en todos los dictámenes sobre el Palau de les Arts entre 2009 y 2012 dijo que “se puede concluir que la Fundación no cumple de forma razonable con los principios generales de contratación establecidos en la LCSP”. En 2013, el Síndic no auditó expresamente esta fundación (¡vaya!), pero sí advirtió de que las cuentas le habían llegado sin el preceptivo informe de la Intervención, que la Generalitat tampoco hizo público en su web. Normal.

Foto: Efe

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