No disparen al comisario, que no tiene la culpa

Publicado por en Broncas Consell-Gobierno, Competencia, Política.

La reacción española ante la “traición” de nuestro comisario europeo, Joaquín Almunia, en el asunto de las ayudas fiscales a los astilleros tiene cierto parangón con la frustración que exhiben los políticos valencianos ante los ninguneos del Gobierno. A Almunia se le acusa de obviar su españolidad en lugar de hacer la vista gorda, como habría hecho un alemán si la perjudicada hubiese sido la industria de su país, o como hizo el propio Almunia con las ayudas al carbón. Consumada la sanción a nuestro sector naval, los dedos acusadores apuntan al comisario, como desde Valencia se señala al Gobierno central desde tiempos de Felipe González por castigar a esta comunidad sin financiación, sin agua y sin inversiones. “Zapatero nos tiene manía”, decía Rita Barberá.

En el caso de las ayudas, quienes no han hecho bien su trabajo son el Gobierno español y los lobbys pagados para influir en la Comisión Europea. Cuando el ministro Margallo dice que no tiene “ninguna duda” de que Almunia podría haber hecho más por los astilleros españoles, lo que es una obviedad, está poniendo de manifiesto la falta de capacidad del Gobierno para torcer la determinación de los comisarios. En el caso valenciano, son los políticos locales quienes disimulan su nula capacidad de influencia culpando a “Madrid” de todos sus males.

Almunia puede presumir de haber obrado en conciencia, incluso con concesiones de última hora para aliviar a los astilleros patrios. A la Generalitat también le ha echado una manita con Ciudad de la Luz, aunque no se haya dado por aludida. En una respuesta europarlamentaria, el político vasco ha dicho que la sanción que le puso de 265 millones lleva a la insolvencia y debe “dar lugar a la liquidación de la empresa”. Se acabó la discusión sobre cómo vender Ciudad de la Luz y, al mismo tiempo, hacer que devuelva a la Generalitat esa millonaria cantidad. Debe ir a liquidación, lo que significa el fin del contrato con Aguamarga y la subasta judicial del complejo cinematográfico. ¿No era ese el objetivo? ¿O es que no queremos que la subasta sea judicial?

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