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Error, inmenso error…

18 de febrero de 2010

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Lorenzo B. de Quirós, miembro del consejo editorial de elEconomista

Las declaraciones de S. M. el Rey de España han desencadenado una considerable polémica. Desde unos sectores se considera que ello forma parte del ejercicio de las funciones moderadoras y arbitrales asignadas a la Corona por la Constitución.

Desde otros, se cuestiona la conveniencia y la oportunidad de la iniciativa real en un entorno político y económico como el actual y en vísperas de un debate parlamentario en el que podrían interpretarse como un factor de condicionamiento a priori del comportamiento de la oposición.

En cualquier caso, las distintas y contradictorias interpretaciones de las intenciones del Monarca ponen ya de relieve, al menos, la ausencia de un contacto e información previa a todas o a alguna de las partes implicadas en un teórico gran acuerdo nacional para afrontar la crisis de la economía nacional. Esto no parece prudente.

Ausencia de competencias

En los debates constitucionales quedaron acotados con bastante claridad el contenido y el alcance de las facultades regias. Así, el arbitrio y moderación de todas las instituciones que el artículo 56.1 de la Carta Magna atribuye al Rey carece por sí mismo de contenido competencial concreto. El monarca carece, pues, de todo poder moderador que no resulte de las competencias regladas que jurídicamente se le atribuyen expresamente en la Constitución.

En consecuencia, las normas descriptivas que políticamente lo declaran símbolo o moderador son totalmente irrelevantes. En suma, las funciones del Rey son las de un mero poder residual, en expresión de Dicey, que son, por otra parte, las asignadas a todas las monarquías parlamentarias europeas. Desde esta perspectiva, el papel moderador o arbitral de la Corona carece de contenido efectivo y su uso unilateral; esto es, sin ser demandado de manera expresa por ninguna de las instituciones del Estado, es cuestionable.

Los monarcas, al margen de la política

En 1976, Reino Unido estaba al borde de la bancarrota. Solicitó al FMI un préstamo para evitarla. La situación económica y financiera del país era insostenible y, como en España, el socialismo estaba al frente del Gobierno.

En ningún momento la Reina de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte hizo declaración alguna animando a realizar acuerdos de ningún tipo. Los laboristas siguieron gobernando el país en solitario hasta su derrota electoral en 1979.

Del mismo modo se han comportado siempre las demás monarquías europeas por una razón elemental: corresponde al Gobierno elegido en las urnas dirigir y aplicar la política económica y a los ciudadanos respaldar o rechazar su gestión en las urnas. Cualquier iniciativa de pactos o acuerdos corresponde formularla o plantearla a los partidos con representación parlamentaria. Aquí no hay margen alguno para moderar o arbitrar nada, salvo que lo soliciten todas las partes implicadas en el juego político, lo que, en su caso, haría innecesario el arbitraje regio.

Elecciones anticipadas

En España, el Gabinete socialista tiene una posición parlamentaria que le permitiría tomar las medidas necesarias para combatir la crisis económica. Si no sabe, no quiere, o no puede hacerlo, la opción sería que convocase elecciones en búsqueda de un refrendo a su gestión o a su programa para salir de la dramática situación en la que se encuentra la economía española.

Si las pierde, otro u otros partidos se harán cargo del Gobierno. Ésa es la regla de funcionamiento de un sistema democrático que, no se olvide, no se basa en el consenso más allá del respeto a las reglas del juego, sino en la competencia y en la alternancia entre proyectos diferentes.

La democracia reposa sobre el principio de la responsabilidad. En otras palabras, el Gobierno tiene un mandato del que ha de hacerse cargo y no puede eludirlo o trasladárselo a otros.

Pacto innecesario e ineficaz

Por otra parte, la idea según la cual un gran acuerdo nacional entre todos los partidos parlamentarios, los sindicatos, etcétera, es una especie de panacea para superar la crisis no resiste un análisis elemental. Depende de cuál sean sus contenidos, un pacto de esas características puede ser bueno, malo o regular. En cualquier caso sería de mínimos, lo que en las presentes circunstancias de la economía española sería claramente insuficiente.

En este caso, el deseado consenso debilitaría en lugar de fortalecer el sistema porque no existiría alternativa a un fracaso del que participan todas las fuerzas políticas. Conviene recordar que la gran coalición CDU-SPD en Alemania no fue capaz de introducir reformas cuando el país comenzó a sufrir los estragos de la crisis. ¿Por qué va a funcionar aquí cuando el propio presidente del Gobierno habla de las abisales diferencias ideológicas entre el PSOE y el PP?

España no necesita unos nuevos Pactos de la Moncloa, sino un Gobierno capaz de tomar las medidas necesarias para salir de la crisis y sentar las bases del crecimiento. Éste es el camino emprendido por el resto de los países desarrollados en ninguno de los cuales se ha abordado la recesión con gabinetes de unidad nacional o fórmulas similares.

Incluso el intento de reeditar la fórmula de los acuerdos de la Moncloa no puede ser impulsada por el Gabinete presidido por el Sr. Rodríguez Zapatero, cuya falta de credibilidad y de ideas le incapacita para transitar por esa senda. Su actuación y posición es idéntica a la de los gabinetes del laborismo terminal y probablemente corra la misma suerte. El Ejecutivo socialista es el responsable de la dramática situación económica española. Por eso quiere prolongar su agonía animando, con ayudas externas o no, a otros a compartirla y estigmatizándoles como anti-patria si no sucumben a su letal invitación.

Se acabó el tiempo…

4 de febrero de 2010

Lorenzo B. de Quirós, miembro del consejo editorial de elEconomista

El viaje de Zapatero a Davos le ha servido para darse de bruces con la realidad. La sin par fortaleza de las finanzas públicas españolas, la insignificancia de la deuda y la irrelevancia del déficit público en un escenario recesivo han saltado en pedazos. Éste ha sido desde el inicio de la crisis el discurso oficial del gabinete del PSOE. ç

A pesar de las protestas del líder socialista, de sus declaraciones sobre la responsabilidad de su Gobierno y sobre la seriedad de España, el grueso de los analistas y los mercados han puesto a la Vieja Piel de Toro en el pelotón de los países de la Eurozona, encabezado por Grecia, con un serio riesgo de tener una crisis de deuda; esto es, una suspensión de pagos.

Esta situación ya había sido anunciada desde hace meses por numerosos economistas antipatrióticos al servicio de los espurios intereses de las potencias extranjeras, enemigas de la Madre Patria; de todos aquellos que han mirado con envidia el milagro económico español.

Política fiscal expansiva ineficaz

En ese contexto, y sólo en ese contexto, hay que analizar el anuncio gubernamental de una reducción del gasto público de 50.000 millones de euros, un 5,7% del PIB, entre 2010 y 2013 para situar, en ese año, el déficit para el conjunto de las AA.PP. en el 3% del PIB.

La presión exterior y la amenaza de la bancarrota del Estado han forzado a los socialistas a invertir de manera radical el discurso de su política económica. La brutal expansión del gasto realizada para combatir la recesión ha sido un estrepitoso fracaso. No ha añadido ni una sola décima de crecimiento a la economía, no ha servido para evitar o frenar la sangría del paro y, eso sí, ha fabricado un descomunal e insostenible agujero en las cuentas públicas.

España es un caso paradigmático de la ineficacia del keynesianismo como instrumento de política anticíclica. Ahora, los dilapidadores de hasta esta mañana quieren aparecer ante la opinión pública como unos gestores responsables. Eso no estaría mal si fuese verdad, y todo el mundo tiene derecho a rectificar. Ahora bien, los interrogantes son muchos y el preámbulo de la nueva política no es demasiado prometedor.

De momento, no existe nada parecido a un plan consistente y detallado de consolidación presupuestaria, sino un movimiento desesperado y publicitario para calmar la ansiedad de los mercados y de los gobiernos europeos ante el agudo y creciente deterioro del binomio déficit/deuda.

Los interrogantes de la Ley de Economía Sostenible

Como siempre, el Ejecutivo ha fabricado un titular sin nada detrás, como con la famosa Ley de Economía Sostenible, salvo unas transparencias cuya sola lectura por un analista de competencia media pone en cuestión los designios y la seriedad de los propósitos gubernamentales. Antes de que el gabinete formule, si lo hace, qué gastos recortará, cómo y cuándo, los supuestos sobre los que se asienta su estrategia fiscal y presupuestaria carecen de robustez y de credibilidad. Algunos ejemplos ilustran esta afirmación.

Para empezar, la teórica disminución del déficit se sustenta en un cuadro macroeconómico irreal que contempla una proyección de crecimiento de la economía en 2012 y 2013 increíble, tasas de incremento del PIB cercanas a su potencial, a los niveles existentes en la pre crisis, sin que se haya aplicado ni una sola medida que haga eso posible y sin que se produzca ninguna mejora sensible de la competitividad.

Las previsiones macro tienen incoherencias tan grandes como, por ejemplo, proyectar un aumento del consumo y de la inversión privada por encima del PIB sin que eso tenga impacto negativo alguno sobre el sector exterior, lo que no ha sucedido nunca en la historia económica de España desde que se tiene memoria. Desde esta óptica, la parte del recorte del déficit asignada a la recuperación de la actividad tiene un claro sesgo alcista cuyo cumplimiento es un ejercicio de economía-ficción.

¿Competencias de un Gobierno competente?

Por otra parte, el cuadro que bajo la rúbrica Senda de Consolidación Fiscal plasma la contribución de las distintas administraciones a sanear las cuentas públicas entre 2010 y 2013 está en blanco para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales. En un Estado en que los entes periféricos suponen dos tercios del gasto público total, es imposible conceder credibilidad alguna a un plan de austeridad que no determine su aportación a ese proceso. En consecuencia, todo dependerá de las negociaciones del Gobierno con esas administraciones, y la experiencia no permite ser demasiado optimista sobre la materia.

Es poco probable que, en un período pre electoral, los municipios y las autonomías tengan incentivos para aceptar una disminución significativa de sus desembolsos. Por lo pronto, no lo han hecho nunca. ¿Por qué lo harán ahora? Apelemos al sentimiento patriótico…

Si el desequilibrio financiero del sector público se sitúa en 2009 en el 11,4% del PIB (será el 12%, ya lo verán), el recorte proyectado tras descontar los efectos cíclicos es del 5,7% y el objetivo final es conseguir un déficit del 3% del PIB, eso significa que el déficit estructural es del 8,7% del PIB, lo que refleja la existencia de una estructura presupuestaria, valga la redundancia, descomunal y, desde luego, incompatible con la estabilidad de las finanzas públicas. En otras palabras, España SA tiene unos costes fijos que no puede permitirse, lo que fuerza a introducir reformas de calado en las grandes partidas de gasto como los programas del Estado del Bienestar, el número y la remuneración de los funcionarios, etc., y no un mero maquillaje contable para salir del aprieto. Esta política no puede llevarla a cabo un Gobierno sin crédito y sin convicción.

Quizá el socialismo reinante haya asumido de veras la necesidad de poner orden en el caos fiscal y presupuestario que sus políticas han provocado. Tal vez como San Pablo camino de Damasco, Zapatero en Davos haya visto la luz. Ojalá eso sea cierto y el Gobierno acometa un plan serio de reducción del déficit público.

Sin embargo, quien escribe estas líneas está aquejado de un considerable grado de escepticismo, avalado por una evidencia empírica abrumadora. En cualquier caso, pronto lo sabremos. España está en la lupa de los mercados, de los analistas y de los gobiernos, y su margen de maniobra para eludir la realidad es inexistente. Si el Gabinete no presenta un proyecto de consolidación presupuestaria sólido y creíble, la amenaza de una crisis de deuda se convertirá en un hecho y el tiempo para evitar esa tragedia es muy corto.

Obama contra Wall Street

28 de enero de 2010

Lorenzo B. de Quirós, miembro del consejo editorial de elEconomista

La derrota cosechada en Massachusetts, feudo demócrata durante más de medio siglo, ha acentuado la deriva populista del Gobierno norteamericano. Con su proyectada reforma sanitaria al borde del colapso, con una recuperación de la economía débil cuya consolidación es incierta, con el desempleo en plena carrera alcista y con una caída de popularidad sin precedentes, a estas alturas de su mandato desde los tiempos de Gerald Ford, Barack Obama se ha embarcado en una campaña contra el Gran Capital, a quien quiere convertir en el chivo expiatorio de todos los males que afligen a la economía y a las finanzas de los EEUU.

Ésta es la lectura real, la justificación última del proyecto bancario obamita, de su golpe contra los amos del universo, como diría Tom Wolfe, simbolizados en una emblemática palabra: Wall Street; una gloriosa fuga hacia adelante similar a la protagonizada por Zapatero en los lares patrios.

Presión fiscal

Los demócratas quieren gravar con un impuesto del 0,15% a los bancos con más de 50.000 millones de dólares en activos, excluidas las reservas de capital y depósitos. La medida afectaría a 50 bancos. De este modo se pretende recaudar en diez años 90.000 millones de dólares, una parte significativa de los 117.000 aportados por el Gobierno a la banca.

Los contribuyentes recuperarían el grueso del dinero suministrado a las entidades crediticias en el fragor de la crisis y éstas sabrían que, si en el futuro se producen nuevos rescates, la ayuda no sería gratis. Además, el Gobierno norteamericano cree que el impuesto frenará el crecimiento excesivo de los bancos y también les desanimará a asumir riesgos desproporcionados en la confianza de que Papá Estado acudirá en su socorro en caso de amenaza de bancarrota. Este esquema supondría una combinación virtuosa de justicia y de eficiencia. Sin embargo, ambas hipótesis son muy cuestionables.

De entrada, la mayoría de los bancos a quienes se pretende imponer el tributo han devuelto ya los fondos que les suministró la Administración, algunos con creces. De hecho, han mostrado ser unos excelentes y rentables deudores. Así, Goldman Sachs repagó el dinero recibido de los poderes públicos con una tasa de retorno para los contribuyentes del 23%. La mayoría de los recursos de la TARP que se han perdido no son los suministrados a la gran banca, sino a los fabricantes de coches, a AIG o a los miles de pequeños bancos locales y regionales diseminados por la geografía de EEUU.

Desde esta óptica, la iniciativa tributaria impulsada por Obama tiene un marcado tinte demagógico y sólo se explica por razones de oportunismo y conveniencia política. Es razonable y justo que los contribuyentes recuperen los recursos aportados por el Estado para salvar de la quiebra a las entidades financieras, pero hay que plantear esa demanda a quienes no lo han devuelto y existen posibilidades muy altas de que no lo hagan nunca.

Consecuencias de la ‘Tasa Obama’

Por otro lado, es improbable que un impuesto del 0,15% disuada a los bancos de aumentar su tamaño. Si dos entidades bancarias con activos de 25.000 millones de dólares cada una deciden fusionarse, es dudoso que la Tasa Obama les quite las ganas de hacerlo. En cualquier caso, no corresponde al Gobierno decidir si un banco o cualquier otra empresa tienen o no la dimensión adecuada. Entre otras cosas, porque no tiene ni puede tener idea de cuál es.

En una era de innovación financiera, la dimensión de la banca no es la fuente principal del riesgo sistémico, sino el grado de complejidad de los productos y la interconexión de los mercados, elementos que, por otra parte, han desempeñado un papel muy importante en el elevado crecimiento económico experimentado por el mundo en las dos últimas décadas y media. Por último, no es descartable que el nuevo impuesto reduzca de manera adicional la oferta de crédito y la encarezca, o bien que incentive lo contrario: la concesión de préstamos de alto riesgo en búsqueda de una rentabilidad mayor, un clásico problema de selección adversa.

Banca comercial y de inversión

La segunda medida de Obama, sugerida por el antiguo presidente de la Fed, Paul Volcker, es la resurrección de la Glass-Steagal Act de 1934 que prohibía la mezcla de la banca comercial con la de inversión. Por cierto, esta legislación fue derogada por la Gramm-Leach-Bliley Act con el apoyo entusiasta de una Administración demócrata, la de Clinton, cuyo secretario del Tesoro era Larry Summers, principal asesor económico del actual presidente.

Aunque la discusión sobre las bondades o no de la propuesta del Gobierno estadounidense daría lugar a una interminable discusión teórica, la evidencia empírica muestra la inexistencia de una relación de causalidad entre la integración de la banca comercial y la de inversión y el colapso del sistema financiero que se desencadenó en el verano de 2007. Los hechos avalan la conclusión opuesta.

Los dos bancos de inversión cuyo desplome simbolizó la crisis, Bear Stearns y Lehman Brothers, no tenían relación alguna con instituciones de depósito. Por el contrario, las firmas que sí la tenían o la adquirieron a raíz de la crisis, léase Merrill Lynch, han resistido mucho mejor los envites de aquélla.

Mientras exista un sistema bancario de reserva fraccionaria que permita una casi ilimitada extensión del crédito con una base de capital muy pequeña, se mantengan los fondos de garantía de depósitos y exista el convencimiento de que el Estado intervendrá para evitar la quiebra de bancos o de otras instituciones financieras, siempre habrá crisis. Si no se elimina ese marco institucional que genera incentivos perversos, lo único sensato que cabe hacer es exigir transparencia y también que los organismos supervisores cumplan sus funciones con eficacia.

La guerra de Repsol

21 de enero de 2010

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Lorenzco B. de Quirós, miembro del Consejo Editorial de ‘elEconomista’

El intento de asalto del presidente de Sacyr-Vallehermoso a Repsol se ha querido plantear ante la opinión pública nacional como una impugnación de la gestión de la petrolera desplegada por el señor Brufau. De este modo, se pretende camuflar la verdadera meta de la ofensiva lanzada por el señor Del Rivero: la imperiosa necesidad de obtener recursos para financiar una deuda descomunal que pone en riesgo la supervivencia de la constructora.

Este objetivo es legítimo, como también lo es oponerse a él. Ahora bien, la guerra por el control de Repsol tiene una lectura de mayor alcance. Es un ejemplo paradigmático de los usos y abusos realizados por algunas corporaciones durante el largo ciclo expansivo protagonizado por la economía española entre 1996 y 2008, y también de las indeseadas consecuencias del perverso maridaje entre el poder político y las empresas que ha alcanzado su apogeo en la Era Zapatero.

Si se pone en tela de juicio la gestión realizada por la actual cúpula directiva de la petrolera y se acepta como un axioma apriorístico que no ha sido la óptima, o mejor, ni siquiera buena, la comparación con la practicada por el presidente de la constructora no ofrece color. Repsol goza de una posición económico-financiera sólida, mientras que Sacyr está al borde del abismo y hace equilibrios para no caer en él. Ésta es una realidad indiscutible para cualquiera con un mínimo de ri- gor.

¿Y las credenciales de Del Rivero?

Desde esta perspectiva, las credenciales del señor Del Rivero para dirigir Repsol no se ven avaladas por los hechos. Por el contrario, plantean serios interrogantes, siendo generosos, sobre cuál sería el futuro de la compañía nacional de hidrocarburos en manos del máximo ejecutivo de Sacyr. Su trayectoria no le avala. Constituye una pésima tarjeta de presentación. ¿Se imaginan qué hubiese sucedido si el señor Del Rivero hubiese logrado tomar BBVA? ¿Es para echarse a temblar…

La posición accionarial de Sacyr en Repsol tampoco fundamenta su demanda de control. Es cierto que la constructora es la titular nominal del 20 por ciento de la petrolera y ello la convierte en su primer accionista, pero también lo es que los dueños reales de ese paquete son las entidades financieras que le prestaron los 6.500 millones de euros necesarios para comprar su participación en Repsol y a las cuales no se les ha devuelto todavía ni un solo euro de los créditos suministrados para llevar a término esa adquisición.

Si el señor Del Rivero aspira a dominar la petrolera, y está en su derecho, lo cabal sería que lanzase una opa. Obviamente, no tiene los fondos ni quién se los preste para acometer una iniciativa de esa naturaleza. En consecuencia, parece haber optado por otra estrategia que le permita conseguir esa meta a través de artes más propias de las intrigas cortesanas que de aquellas que han de inspirar la lógica de funcionamiento de una economía de mercado.

Por otra parte, si los designios de Del Rivero se materializasen, la pregunta es qué sucedería con Repsol. La respuesta es evidente. Sacyr carece de la experiencia y de los recursos financieros para garantizar la viabilidad de la petrolera. Al mismo tiempo, necesita con urgencia ingresos para reducir de una manera significativa su endeudamiento en un entorno de profundo deterioro y sin expectativas de recuperación de su negocio central, la construcción y el inmobiliario, y con unos bancos y cajas sometidos a fuertes tensiones.

Con la economía en caída libre, con una morosidad creciente y con el cierre de la ventanilla de liquidez del BCE, las entidades financieras españolas tendrán muy serias dificultades no sólo para aumentar su oferta de fondos prestables, hipótesis descartable, sino para refinanciar a muchos grandes deudores cuyas perspectivas de generar ingresos para hacer frente a sus deudas son remotas. En esa delicada tesitura se encuentra Sacyr, y de ahí su imperiosa necesidad de tomar el último tren a Katanga; esto es, el control de Repsol.

Vendería la petrolera

Si esa hipótesis se materializase, la constructora vendería en trozos o en bloque la petrolera. Que nadie se engañe. Ésa es la única forma de que el señor Del Rivero lograse recuperar parte o la totalidad de su inversión y pudiese recortar de manera significativa su deuda. Para ello debería buscar compradores capaces de ofrecer un precio superior al que, a día de hoy, Repsol cotiza en el mercado. Esa prima sólo estarían dispuestas a pagarla empresas ajenas al club occidental de la energía y deseosas de penetrar en él a cualquier precio.

En este contexto, los únicos candidatos disponibles son los rusos y los chinos, lo que supondría dar entrada en el mercado energético español, europeo e iberoamericano a compañías estatales o paraestatales en un momento en el que la energía se ha transformado en un vector estratégico y geopolítico de primera magnitud. Éste no es un ejercicio de ciencia ficción. La constructora ya intentó colocar su participación en la petrolera a Lukoil. Así pues, el control de Repsol, que, no se olvide, es el primer accionista de Gas Natural-Fenosa, por Sacyr trasciende a las consideraciones económico-empresariales. Crearía un panorama de riesgo sistémico para el sector energético nacional.

La situación de Sacyr es la consecuencia inevitable de un modelo en el que, sobre la base de una burbuja inmobiliaria que creyeron interminable, muchas empresas constructoras se embarcaron en una estrategia de apalancamiento para financiar su expansión. Los emperadores del ladrillo utilizaron los extraordinarios beneficios coyunturales originados por el boom inmo- biliario para endeudarse en cifras astronómicas de manera estructural y penetrar en sectores de los que no sabían nada, alentados en numerosas ocasiones por un Gobierno que buscaba controlar las grandes compañías del país. Esa alianza político-empresarial estaba construida sobre arenas movedizas y, como era inevitable, se ha derrumbado con la crisis.

En este sentido, la constructora liderada por el señor Del Rivero es el paradigma de ese modelo. Sirvió con lealtad y rentabilidad al Gobierno y ahora le toca asumir las consecuencias. El presidente de Sacyr se ha transformado en un problema para la subsistencia de su empresa. Repsol no puede convertirse en el chivo expiatorio de sus fallidas aventuras.

La vocación empresarial de Sebastián

En este escenario, la aparición del ministro de Industria ofreciéndose a mediar entre las partes litigantes en la guerra repsolita, por cierto, a instancias de Del Rivero, como ha mostrado Jesús Cacho en un reciente artículo, es propia de un vodevil caribeño. La vocación empresarial del señor Sebastián no conoce límites, y así lo ha probado en innumerables ocasiones. En vez de pretender desempeñar un papel que corresponde a los gestores y a los accionistas de una compañía privada, debería centrarse en resolver los graves problemas a los que se enfrenta el sector energético español; entre otras cosas, gracias a su incompetencia o, para ser más generoso, a su mala política.

La ‘estrategia de salida’

14 de enero de 2010

Lorenzo B. de Quirós, miembro del Consejo Editorial de elEconomista

En un reciente artículo, That 1937 Feeling, Paul Krugman ha explicitado un argumento que comienza a adquirir un eco notable: una pronta retirada de los estímulos monetarios y fiscales podría abortar la incipiente recuperación de la economía norteamericana y conducirla de nuevo a la recesión.

La referencia a los años 30 del siglo pasado se sustenta en la hipótesis según la cual el deseo de Roosevelt de equilibrar las cuentas públicas y de evitar el despegue de la inflación llevó a introducir restricciones presupuestarias y monetarias que condujeron al proceso recesivo del bienio 1937-1938. Este enfoque sirve también para justificar nuevos paquetes de gasto público y acciones monetarias expansivas si la actividad económica no retorna con rapidez a las tasas de crecimiento anteriores a la crisis y si el paro mantiene su trayectoria alcista. En otras palabras, si la economía y el empleo mantienen un ritmo de reactivación lento, ello se debe a que la política de la Administración Obama no ha sido lo suficientemente keynesiana. Es evidente que esta idea es o sería trasladable al resto de los países que han emprendido estrategias similares a la de los EEUU.

De entrada, la reducción del gasto público no fue un factor determinante de la denominada Recesión de Roosevelt del bienio 1937-38, como tampoco tuvo una incidencia sustancial en la salida de la Gran Depresión de acuerdo con el grueso de las investigaciones realizadas sobre la materia; entre ellas, la realizada por Cristina Romer, presidenta del Consejo de Asesores Económicos de Barack Obama. Parece y es evidente que un descenso de 600 millones de dólares de los desembolsos del sector público es incapaz de explicar una contracción del Producto Interior Bruto de 3,2 miles de millones de dólares, equivalente a un crecimiento negativo del -5% del PIB, ni un descenso de la producción industrial del 30%, ni un aumento del desempleo del 14,3 por 100 en 1937 al 19% en 1938.

El paso más allá de la Fed

El segundo factor explicativo, la actuación de la Reserva Federal, sí tuvo una influencia mayor. El aumento de los requerimientos de reservas a los bancos entre agosto y marzo de 1936 y la esterilización de los flujos de oro procedentes del exterior generaron una disminución de la oferta monetaria que redujo de manera drástica el circulante y la oferta de crédito al sector privado que, a su vez, deprimió el consumo y la inversión y condujo a la recesión. La Fed no se limitó a moderar el crecimiento de la cantidad de dinero en circulación, sino que provocó una contracción de la misma sólo excedida por las experimentadas en la recesión de 1920-21 y en el período 1929-33 (ver Friedman M. and Schwartz A. J., A Monetary History of United States, Princeton University Press, 1963).

Ese escenario se vio deteriorado de manera adicional por dos elementos despreciados por el análisis krugmanita. Por un lado, las políticas laborales del New Deal, en concreto la National Labor Relations Act de 1935, fortalecieron la posición negociadora de los sindicatos, lo que se tradujo en una elevación de los salarios superior a la de la productividad. Esto ocasionó una masiva destrucción de puestos de trabajo e importantes descensos de la producción. Por otra parte, las subidas impositivas realizadas por la Administración Roosevelt redujeron la rentabilidad de la inversión privada y provocaron una caída de esa variable que potenció las fuerzas recesivas. En suma, las estrategias microeconómicas del Gobierno demócrata fueron determinantes en la “recesión dentro de la depresión” registrada en el período 1937-38.

Excesivo paro y el ciclo de W

Esa experiencia ilustra con una enorme claridad los errores de la obanomic y de sus epígonos. La tasa de desempleo americana es superior a la que estimaba la propia Administración en sus previsiones sin la existencia de los estímulos de gasto, como recoge Gregory Mankiw en su blog. Esto significa que, al igual que ha sucedido en España, la expansión fiscal sólo ha servido para generar un descomunal desequilibrio de las finanzas públicas que no ha tenido impacto significativo alguno sobre el crecimiento económico. Al contrario, las expectativas de mayores impuestos futuros para recortar el déficit público ejercen un impacto contractivo sobre el consumo y la inversión privada. Las familias y las empresas ahorrarán para hacer frente a la carga impositiva que deberán afrontar en un horizonte cercano.

En sus esfuerzos para combatir la crisis financiera y la recesión, la Fed ha inyectado alrededor de un billón de dólares en el sistema. Esto significa que si la economía se recupera, el brutal aumento de la oferta monetaria se traducirá en un sustancial incremento de la inflación. Este panorama plantea una alternativa diabólica: o bien se permite que las tensiones inflacionarias se disparen, o bien el banco central de los EEUU endurecerá su política, lo que abortaría la recuperación. En cualquier caso, la estrategia de salida de la política de excesiva creación de liquidez de la Reserva Federal plantea muchos más riesgos de una vuelta a la recesión que una remoción de los estímulos fiscales; esto es, que un recorte del gasto público. Ahora bien, mantener la actual situación es imposible. La Fed ha muerto de éxito. Ha logrado evitar el desplome del mecanismo de pagos, pero ha generado los elementos que conducen a una nueva caída de la actividad.

En este contexto, la economía estadounidense corre el serio riesgo de entrar en un ciclo en W; es decir, una suave reactivación en 2010 seguida de una severa recaída. No hay síntoma alguno que permita contemplar una robusta recuperación, y el Gobierno, lejos de facilitar esa posibilidad, la ha liquidado. Es inviable un retorno a las tasas de crecimiento de la precrisis en mucho tiempo. Esto es así para los EEUU y, desde luego, para quienes han seguido su estela.

El tabú del despido

17 de diciembre de 2009

Lorenzo B. de Quirós, miembro del Consejo Editorial de elEconomista

El coste y las restricciones administrativas al despido es un tema tabú en el debate sobre la reforma laboral en España. Desde las trincheras de la izquierda y desde las de la derecha, se sostiene que los mecanismos de salida del mercado laboral no constituyen un factor esencial de una política dirigida a reducir el desempleo y estimular la creación de puestos de trabajo.

Ante cualquier iniciativa destinada a abordar esa cuestión, se recurre de manera permanente al fantasma del “despido libre” para descalificar cualquier iniciativa cuya finalidad sea abaratar y agilizar los procedimientos que permiten a las empresas ajustar sus plantillas a la evolución de la economía o a la de su propia situación en el mercado.

Ante este panorama, la discusión sobre esa cuestión adquiere tintes maniqueos que impiden o dificultan de una manera extraordinaria abordarla con racionalidad. Sin embargo, la realidad es terca y las leyes de la economía se cumplen pese a la obstinación voluntarista de negarlas.

“Protección al empleo-paro”

De entrada, la polémica sobre los costes y la regulación del despido está teñida de una lacerante hipocresía y de una profunda incoherencia. Quienes niegan la correlación “protección al empleo-paro” han recurrido y recurren de manera permanente a mecanismos que intentan corregir los efectos sobre el desempleo derivados de la misma. Ésa ha sido la filosofía inspiradora de casi todas las modalidades de contratación temporal que permiten rescindir la relación laboral a un precio inferior al de los contratos fijos e indefinidos vigentes sin necesidad de autorización judicial o administrativa.

De hecho existe una conexión directa entre el nivel de temporalidad existente en cualquier economía y la carestía del despido. Los países con niveles de “protección” a los trabajadores fijos más bajos tienen tasas de paro menores y también una “precariedad” más baja. El caso de España es paradigmático. Asume el mayor volumen de contratos temporales de la OCDE porque tiene los costes del despido más elevados.

El sistema de “protección” al empleo vigente en la vieja Piel de Toro tiene importantes efectos negativos sobre la capacidad de generar puestos de trabajo fijos por una sencilla y elemental razón: incrementa los costes de las empresas. Éstas no han sido sólo de pagar los salarios y las cotizaciones sociales, sino que han de hacer frente a los derivados de la posibilidad de un eventual despido.

Cierre o despido

En este marco legal, la respuesta racional de las compañías consiste en reducir la demanda de mano de obra en las fases altas del ciclo y en mantener trabajadores improductivos en las bajas hasta que su situación económico-financiera se vuelve insostenible y se ven forzadas bien a cerrar bien a despedir a cualquier precio. Desde esta perspectiva, la rigidez y carestía de los procedimientos de salida del mercado laboral constituyen un impuesto sobre el empleo y sobre la eficiencia de todo el sistema económico. Esto es de manual y así lo muestra una amplia literatura y una considerable evidencia empírica (Blanchard O., Employment Protection and Unemployment, Mimeo, marzo 1998).

Por otra parte, la combinación de un mercado de trabajo con contratos fijos e indefinidos con costes altos de despido y de otro con contratos temporales con bajos costes de despido, caso español, produce resultados perversos. Como el riesgo de paro para los primeros es bajo, su capacidad de negociación salarial se fortalece. Desde que los acuerdos sobre los salarios reflejan principalmente sus intereses, la consecuencia es una menor flexibilidad laboral.

Abaratamiento del despido, sí; la temporalidad, no

En un contexto de esta naturaleza, la introducción de figuras contractuales más flexibles sin realizar cambios en la regulación de las existentes para los trabajadores fijos potencia en lugar de debilitar las rigideces del mercado y, en consecuencia, genera paro. De nuevo, España es un ejemplo paradigmático. La temporalidad ha sido hasta el momento el mecanismo de ajuste utilizado por las empresas para afrontar la crisis. Dentro de nada ni siquiera servirá para eso. El desempleo se extenderá también a quienes se sienten protegidos por un empleo fijo. Ésta es una lección a tener en cuenta, cuando parece que el Gobierno está dispuesto a poner en marcha una nueva fórmula contractual con la “benéfica” intención de paliar el desempleo de los jóvenes.

La crisis está siendo un laboratorio de las brutales ineficiencias del marco de instituciones laborales español. La dramática destrucción de empleo registrada por la economía española y la experiencia doméstica y comparada muestran la imposibilidad de hacer frente a esa sangría con parches, con retoques cosméticos, con la repetición de medidas que se han saldado siempre con un rotundo fracaso. España no necesita imaginativas modalidades de contratación que se superpongan a las viejas y consoliden una dualidad del mercado laboral injusta e ineficiente. En este contexto, el despido ha de ser abaratado y flexibilizado tanto para los viejos como para los nuevos contratos. Éste es el camino para crear empleo y para reducir de una manera efectiva la “precariedad” que tanto preocupa al Gobierno y a los sindicatos, pero cuyas políticas y planteamientos convierten en un hecho del que es imposible escapar.

Aunque resulte paradójico, la realidad es que un despido más barato y más flexible es un instrumento esencial para crear empleo en los auges y para reducir su ritmo de caída en las recesiones. El reverencial temor a abordar este asunto carece de justificación económica y racional; obedece a tabúes ajenos a cualquier planteamiento lógico y responde a prejuicios ideológicos producto de la ignorancia o del doctrinarismo. La mejor protección para los trabajadores es tener empleo y no el mantenimiento de un modelo que los condena al paro en los malos tiempos y a la “precariedad” en los de bonanza.

La Ley de Economía “Insostenible”

3 de diciembre de 2009

Lorenzo B. de Quirós, miembro del Consejo Editorial de elEconomista

La Ley de Economía Sostenible aprobada por el Gobierno de la nación el pasado viernes es la nada vestida de papel cuché. Constituye una nueva campaña publicitaria en la que el continente se impone al contenido. Grandes frases, eslóganes de viajante de comercio, tópicos de tertulia y toda la parafernalia de la retórica progre sobre la sostenibilidad, lo verde, la innovación, etcétera, aglomerados en un texto incoherente sin ningún marco estratégico y sin medidas tácticas para alcanzar unos objetivos vagos, por no decir inexistentes.

Es como los edificios de cartón piedra de los espagueti western en la Almería de los años 60 y 70 del siglo pasado, detrás de los cuales no había nada. Eso sí, todo el texto destila el naftalínico aroma de los planes de desarrollo franquistas. Quienes son incapaces de poner las cuentas del sector público en orden se arrogan la capacidad de diseñar el mapa económico-empresarial del futuro. La vieja planificación indicativa resucita.

Esa descalificación general se deriva de la relación entre los fines perseguidos por la Ley y los medios planteados para conseguirlos. En la España del otoño de 2009, lo insostenible es una tasa de paro descomunal y creciente, un endeudamiento público galopante y unas perspectivas de recesión/estancamiento de duración indefinida.

El Gobierno no introduce medida alguna en su texto normativo capaz de encauzar esos problemas que son los que genera un escenario social, económico y financiero de insostenibilidad. Es una legislación cuya insoportable levedad sería irrelevante en una coyuntura de crecimiento o estabilidad, pero que resulta letal en medio de la crisis más grave experimentada por España desde la Guerra Civil.

El Gobierno elude la crítica realidad española para saltar sin solución de continuidad a un mundo feliz verde, tecnológico, sostenible, etc. La dificultad es que aquí y ahora, España está en plena fase recesiva y el Gobierno parece considerar esta situación como una desagradable y temporal mancha en su cuadro bucólico-pastoril. Aquí sí se cumple con meridiana claridad el axioma keynesiano “a largo plazo todos muertos…”.

El Gobierno sigue en sus trece

Desde esa óptica, la Ley de Economía Sostenible constituye un salto en el vacío. El gabinete ha emprendido una fuga hacia adelante. Actúa como si eludir la realidad bastase para eliminarla. Esta actitud encaja con toda su trayectoria desde el comienzo de la hecatombe socio-económica que se ha abatido sobre el país. Su constante rechazo a asumir la crisis y su interesada convicción de que por arte de magia desaparecerá, sin necesidad de hacer nada, ha conducido a una situación imposible.

Desde luego que la crisis terminará antes o después, la cuestión es con cuántos muertos y con qué posibilidades de recuperación. En este contexto, lo llamativo es la obstinación gubernamental en no rectificar, en mantener impasible el ademán cuando no existe síntoma alguno de mejoría económica y sí riesgos claros de empeoramiento. Ante el desplome de la economía y del empleo, el gabinete socialista parece aferrado al denominado nihilismo terapéutico, ese enfoque según el cual “no puede hacerse nada o lo que se haga no sirve para nada”.

En vez de mejorar, empeora

¿Qué iniciativas plantea la Ley de Economía Sostenible para frenar la sangría del paro, para estabilizar las finanzas públicas, para sanear el sistema financiero? La respuesta es ninguna. Pero hay algo aún peor… Se introducen medidas, como las que afectan al sector energético, que castigan a las compañías para financiar a sus expensas fuentes alternativas, las renovables, o políticas, el carbón, que son ineficientes, costosas e incapaces de garantizar un suministro seguro y eficiente de energía a la economía española.

Se vampiriza a las empresas energéticas para apostar por industrias nacientes cuyo coste es desproporcionado a sus potenciales tasas de retorno y su capacidad de sobrevivir en un mercado competitivo inexistente, lo que exigirá una constante transferencia de recursos para que sean capaces de subsistir.

Esa realidad se maquilla y se camufla mediante el control de precios, las tarifas, y a través de una maraña de subvenciones que ocultan el descomunal coste de las renovables, convertidas en un lucrativo negocio para los buscadores de rentas. Si de veras esas energías tienen unas expectativas brillantes, el mercado sabrá ponerlas en valor…

Empresarios y consumidores, en lugar de Gobierno

Por último, la filosofía inspiradora de la Ley de Economía Sostenible es, como se comentó cuando el líder del PSOE lanzó su nuevo modelo de crecimiento en el Debate del Estado de la Nación, una manifestación de La Fatal Arrogancia denunciada por Hayek; esto es, la presunción de que el Gobierno, en lugar de los empresarios y de los consumidores, es capaz de saber cuáles son los sectores del mañana.

Ni la teoría económica ni los hechos avalan la tesis según la cual los políticos y los burócratas tienen ventaja competitiva sobre el mercado para realizar esa tarea. Por el contrario, una abrumadora experiencia muestra que los programas estatales dirigidos a elegir ganadores suelen tener costes muy superiores a los beneficios que reportan y terminan por traducirse en la elección de perdedores.

La única diferencia entre el dirigismo del PSOE y el de tiempos pretéritos es cosmética y se reduce a un hecho: los modernos dinosaurios empresariales se concentrarán en la denominada economía verde, sostenible, etc. En vez de en la siderurgia, la automoción, la construcción naval; los antiguos campeones nacionales cuya reconversión supuso una sangría de dinero para las arcas del Estado, es decir, para los contribuyentes. Si ése es el camino para buscar alternativas al ladrillo como motores del crecimiento, es para echarse a temblar.

Por todo ello, el texto elaborado por el gabinete debería denominarse Ley de la Economía Insostenible. Junto a los desequilibrios tradicionales se está construyendo una economía subsidiada, cada vez más dependiente de los poderes públicos, un camino seguro hacia el éxito…

Zapatero y la crisis

26 de noviembre de 2009

Lorenzo B. de Quirós, miembro del Consejo Editorial del elEconomista

La mayoría de los sondeos disponibles muestran un creciente deterioro del Gobierno. Si todo sigue igual, la hipótesis de una derrota del socialismo en las elecciones generales de 2012 tiene altas posibilidades de materializarse. La brutal crisis económica soportada por el país y la ausencia de expectativas de recuperación son los dos factores que están dinamitando la imagen del Gabinete y sus expectativas de voto.

Esta fuente de fragilidad se ha contagiado a otros flancos secundarios. Los excesos y excentricidades gubernamentales que resultaban tolerables o indiferentes para amplios sectores de la opinión en un escenario de bonanza se han convertido en inaceptables o en una causa de irritación antigubernamental en un contexto de recesión económica. Cuando la gente tiene problemas para llegar a fin de mes y no sabe si al siguiente estará en el paro, los juegos de distracción con señuelos como el aborto y otras cuestiones de ese estilo surten poco efecto y es dudoso que logren movilizar a la mayoría del país a su favor. Al revés, se crea la sensación de que el Gobierno no resuelve sino crea cada vez más problemas.

Ante un panorama de estas características, la pregunta es por qué el Gabinete no modifica una política económica que se ha mostrado ineficaz para frenar la recesión, que alarga su duración, que se ha convertido en una infernal máquina de fabricar parados y que puede hacerle perder el poder. Ante situaciones de estas características, Felipe González reaccionó de manera muy distinta en 1982 y en 1993.

El PSOE en tiempos pasados

En el primer Gobierno del PSOE, Miguel Boyer instrumentó un plan de ajuste sin el cual es impensable la recuperación de la economía española entre 1986 y 1992, y Pedro Solbes intentó poner algo de orden en el desastroso estado de las cuentas públicas durante la recesión del bienio 1993-1994. En ninguno de esos dos casos, el PSOE se embarcó en una estrategia de cebar la demanda mediante la expansión del gasto y del déficit y reactivar así la economía. Los socialistas de esa época estaban curados de esa enfermedad por el fracaso estrepitoso cosechado por sus colegas franceses cuando Mitterrand lanzó en 1979 un gigantesco programa de expansión monetaria y presupuestaria. Eso sí, cuando las cosas fueron bien, volvieron a sus viejos hábitos gastadores…

A estas alturas no hace falta ser Einstein para darse cuenta de que la brutal expansión del gasto y la generación de un descomunal endeudamiento público no han servido para nada. Nadie puede decir que eso ha sido así porque los estímulos fiscales inyectados en la economía fueron pequeños. Sólo EEUU ha incrementado los desembolsos del sector público más que España.

También parece obvio, sensato o esperable que todos, la mayoría o algunos de los economistas que asesoran al líder socialista sean conscientes del fracaso de esa política y de los graves riesgos que plantea la trayectoria explosiva de la deuda. Incluso un keynesiano equilibrado reconocería la inviabilidad de la política aplicada por el PSOE, al menos, al llegar a la situación actual. En términos poperianos, la hipótesis de la eficacia del keynesianismo fiscal y presupuestario para combatir la crisis se ha visto refutada por los hechos. Entonces, ¿por qué no se cambia la política? La respuesta es o bien no dicen nada a Zetapé, o bien éste no les hace caso, o bien se espera que algo inesperado, un fenómeno exógeno, salve al Gabinete del desastre económico.

Todo tiene un coste

En realidad, el comportamiento de Rodríguez Zapatero es muy consistente con una visión ancestral del viejo socialismo y de los populismos: la de considerar la economía como un instrumento de flexibilidad infinita al servicio de los objetivos políticos del Gobierno. La primacía de la política entendida en esos términos equivale a creer que las leyes económicas son inexistentes y, por tanto, su incumplimiento no tiene ningún coste. Sin embargo, ése es un error monumental. En economía no hay comidas gratis como decía Milton Friedman, y los atracones se pagan antes o después. Ésta es una lección secular, olvidada con demasiada frecuencia por los políticos, sobre todo por quienes, por falta de formación o por un exceso de ideología, consideran que las sociedades y las economías pueden ser manipuladas y forzadas desde arriba a coste cero para satisfacer cualquier extravagancia de los gobiernos.

Cuando los hechos demuestran la falsedad de ese enfoque, hay dos tipos de políticos: los que rectifican y se adaptan a la realidad y los que consideran que la realidad se equivoca y ellos tienen razón. A la vista de su comportamiento, el presidente del Gobierno pertenece a esa segunda tipología. Es incapaz de asumir y de aceptar que sus buenas intenciones, sus promesas electorales, sus convicciones ideológicas sean incompatibles con la realidad y no puedan materializarse.

El rumbo fijo de Zapatero

Esto es inevitable en un doctrinario y el Rodríguez Zapatero lo es cuya aproximación al mundo se produce a través de unas anteojeras ideológicas que son incompatibles con el funcionamiento real de la economía y de las sociedades modernas. El líder socialista hispánico es un caso de manual de la fatal arrogancia descrita por Hayek, un monumento vivo al error intelectual que es el socialismo.

En los momentos de adversidad, cuando todo va en su contra, cuando la terquedad de los hechos destruye sus políticas, el dirigente ideológico de izquierdas no es capaz de rectificar. Actúa como un verdadero creyente, como el depositario de una verdad sólo a él revelada cuya fidelidad a ella le reportará finalmente la salvación.

Quien siga pensando en la aproximación de Rodríguez Zapatero a la cosa pública y a la gobernación del país como el destilado de lo que ve en los sondeos, como un permanente intento de maximizar votos a cualquier precio, se equivoca de manera garrafal. Si hubiera querido hacer eso, le hubiese resultado más fácil y más rentable correrse al centro como hizo Felipe González durante gran parte de su largo período de Gobierno. No lo ha hecho porque es uno de los últimos apóstoles de la vieja izquierda. Por eso no cambiará su política económica ni la otra…

Y ahora qué…

12 de noviembre de 2009

Lorenzo B. de Quirós,  miembro del Consejo Editorial de elEconomista

Si uno se cree las previsiones de los organismos económicos internacionales, la Gran Recesión ha quedado atrás y el mundo a trancas y barrancas volverá a crecer. El debate se centra en si la recuperación será en V, es decir, rápida e intensa; en U, lenta y débil o, como sugieren los pesimistas, en W, esto es, una frágil reactivación seguida de una recaída.

Las previsiones de los economistas tienen más de arte que de ciencia pero, si bien es una cuestión de suerte acertar con precisión la evolución de la economía global, sí es posible intuir cuál será su posible comportamiento a la vista del tipo de crisis que se ha experimentado y de las medidas aplicadas para combatirla. La buena noticia es que el desplome de los mecanismos de pagos ha sido contenido,de momento. La mala, que la ingente acumulación de deuda por parte de los gobiernos corre el serio peligro de desencadenar una ola de nuevas crisis financieras en un horizonte temporal no muy lejano.

La Gran Recesión ha sido un banco de pruebas para mostrar la potencia de la política monetaria, su capacidad de impedir una reedición de la Gran Depresión. Con sus aciertos y con sus errores, ha conjurado el derrumbe del mecanismo de pagos y, en la práctica, ha sido el factor esencial de la reactivación momentánea de la economía mundial. Sin embargo, esa actuación se ha visto acompañada por una estrategia fiscal y presupuestaria híper expansiva en la mayoría de los estados, sobre todo, en EEUU.

Retirar los estímulos

La mezcolanza de ambas políticas constituye una grave amenaza para la consolidación de los brotes verdes de la economía internacional, para su estabilización. En realidad, sienta las bases de un posible retroceso hacia la recesión, si no se produce una urgente vuelta a la ortodoxia macroeconómica. A diferencia de lo que se cree y se proclama, una pronta retirada de los estímulos monetarios y fiscales es una condición fundamental para dejar atrás el fantasma de la Gran Recesión. La mayoría de los bancos centrales de los países de la OCDE no sólo han aumentado de manera brutal sus balances para suministrar liquidez y/o capital al sistema financiero sino que, de manera directa, la Reserva Federal, o indirecta, el BCE, han financiado con sus máquinas de imprimir billetes la deuda pública. Por desgracia, los resultados de esa actuación son inquietantes. Generan expectativas de un incremento de la inflación y, en consecuencia, anticipan una subida de los tipos de interés que restará vigor a la reanimación de la economía, si esa situación no se corrige pronto.

El recurso a expansiones monetarias para convalidar las presupuestarias, esto es, cubrir los déficit con la emisión de billetes, ha sido la fuente de la mayoría de los procesos inflacionarios registrados a lo largo de los tiempos. Un régimen monetario no inflacionario tiene serias dificultades para sobrevivir en presencia de un déficit público elevado y permanente. Es improbable, por no decir imposible, que el primero sobreviva si el segundo no se corrige aunque la monetización de la deuda esté prohibida por los estatutos del banco emisor. La presión sobre él para que financie el endeudamiento puede ser irresistible, sobre todo, en periodos de crisis.

Los efectos negativos de la deuda y el déficit público

Por otra parte, si esas expectativas se consolidan, también lo harán las perspectivas de que la inflación mantenga su carrera alcista. Esta situación conduce a un dilema explosivo. O bien la financiación monetaria del agujero presupuestario lleva a disparar el nivel general de precios, lo que conducirá a unos tipos de interés más altos, o bien el mantenimiento de un endeudamiento estratosférico exigirá unos niveles de impuestos incompatible con el crecimiento de la economía. En este contexto, la acomodadiza política de los bancos centrales y la abrumadora emisión de deuda realizada por los gobiernos está sembrando el terreno para que se produzca una nueva burbuja de activos. Los precios de las acciones, del petróleo, de la energía y de las commodities registran desde marzo un crecimiento vertiginoso y desproporcionado no justificado por un análisis realista de los datos económicos fundamentales. Esta realidad, sepultada por la Gran Recesión, emerge con una extraordinaria virulencia cuando la recuperación empieza a cobrar virtualidad.

La puesta en marcha de programas de estabilización destinados a recortar los abultados niveles de deuda/déficit creados durante la Gran Recesión no sólo no supondrían un freno a la recuperación de las economías, sino que tendrían efectos expansivos en el corto plazo. El impacto estimulante sobre la actividad de las restricciones presupuestarias es mayor cuando se acomete en los malos tiempos, es decir, en periodos de un rápido ascenso de la ratio deuda/PIB. Esta tesis se ve apoyada por una amplia evidencia. Su fundamentación teórica es que consolidaciones fiscales como las apuntadas tienen un potente efecto riqueza si los recortes de gasto se perciben como duraderos. En este caso, los consumidores y las empresas anticipan un aumento de su renta permanente, de sus flujos de ingresos futuros, ya que no se verán forzados a soportar una carga tributaria mayor para financiar el agujero de las cuentas públicas. En este contexto, ceteris paribus, el gasto privado tenderá a reactivarse con mayor vigor.

Al mismo tiempo, las contracciones fiscales tienen un impacto bajista sobre los tipos de interés. Si el volumen de deuda pública presenta una trayectoria alcista, los inversores nacionales e internacionales demandan una prima de riesgo (precio) más alta, y pueden llegar a cortar el crédito a la economía demandante de él si no perciben que esa deriva se invierta. Un déficit/deuda crecientes plantean incertidumbre sobre su sostenibilidad, sobre la solvencia del país que los genera, lo que encarece su financiación e incluso puede conducir a un severo recorte de la misma. Del mismo modo, la disminución del gasto y del déficit reduce las necesidades de recurso por parte del Estado y los libera para que las familias y las compañías los gasten y los inviertan. En un entorno de restricción crediticia derivado de una crisis financiera y de una recesión, el impacto estimulante de las políticas presupuestarias restrictivas es muy poderoso.

En conclusión, la superación definitiva de la Gran Recesión exige restaurar la disciplina fiscal y monetaria, mantener los mercados abiertos a la competencia interna y externa, y no sucumbir a la tentación intervencionista que no lograría eliminar la emergencia de riesgos sistémicos y, sin embargo, establecería una pesada losa sobre el crecimiento de la economía.

Las reformas y el mercado político

5 de noviembre de 2009

Lorenzo B. de Quirós, miembro del Consejo Editorial de elEconomista

Una de las leyendas urbanas más extendidas entre los políticos de todos los partidos es aquella según la cual las reformas estructurales tienen un elevado coste electoral. Nadie duda de su necesidad, pero la mayoría de los gobiernos y de sus alternativas tienen horror a acometerlas por miedo a perder o a no ganar los comicios. Si el objetivo de los partidos es maximizar votos, como el de los empresarios es conseguir el mayor beneficio posible, asumir esa hipótesis establecería una incompatibilidad absoluta entre la lógica de la política y la de la economía.

Superar esa restricción sólo sería posible si emergen líderes visionarios con rasgos heroicos e incluso con una vocación suicida; es decir, capaces de sacrificar sus intereses a corto plazo en aras de beneficios a largo de los que se beneficiarían sus competidores. Es evidente que este tipo de estadista no abunda, lo que conduciría a la imposibilidad de transformar el statu quo económico, salvo en situaciones extremas.

Los teóricos de las reformas siempre han considerado las crisis como una oportunidad para introducir cambios imprescindibles que serían inaceptables en un escenario normal. Sin embargo, esta tesis no es demasiado consistente. Los grandes cataclismos económicos algunas veces han permitido desarrollar programas sensatos mientras en otras ocasiones han dado paso a todo lo contrario, a agendas populistas e intervencionistas que sólo sirven para empeorar las cosas.

Los escenarios críticos produjeron a Reagan y a Thatcher, pero también a Chávez y a Kirchner, por citar ejemplos emblemáticos de ambos casos. La Gran Recesión del período 2007-2010 ha conducido a una espectacular expansión de las funciones del Estado que, si no se corrige, terminará por desestabilizar y reducir el crecimiento de la economía global. Los ejemplos serían casi infinitos…

A simple vista, los proyectos de reforma radical, en el sentido de ir a la raíz de los problemas, estarían condenados al fracaso. Sin embargo, esta apreciación es errónea. Si se examinan los resultados de las consultas electorales en 21 países de la OCDE durante el período 1985-2004, los resultados son claros: los gabinetes reformistas, incluso si sus políticas fueron rechazadas inicialmente por amplias capas de la población, ganaron la reelección. Desde esta perspectiva, los datos refutan la verdad convencional, asumida por el grueso de la clase política, de que existe una correlación robusta entre reformas y derrota electoral. Esto significa que los votantes no castigan a los gobiernos o a los partidos con agendas transformadoras de calado.

¿Por qué las reformas son rentables electoralmente?

La respuesta es clara: porque se traducen en un mayor crecimiento de la economía y del empleo. El ámbito de los cambios estructurales abarca las siguientes áreas: sistema de protección al desempleo, impuestos sobre el factor trabajo, regulaciones de los mercados de factores y de productos, salarios públicos y pensiones. En presencia de altos niveles de déficit/deuda pública, la puesta en marcha de un proceso de consolidación presupuestaria consistente en el tiempo y creíble también desempeña un papel fundamental. Las empresas y las familias anticipan que no habrá subidas impositivas futuras para financiar el endeudamiento y, en consecuencia, gastan e invierten más. Por su parte, los mercados de capitales consideran que las necesidades de financiación del Estado disminuirán lo que hace caer los tipos de interés. La combinación de esas medidas estimula la oferta y la demanda y, por tanto, la actividad económica y la creación de empleo. Esto aumenta las probabilidades de reelección.

Por otra parte, los paquetes reformistas tienen un impacto más intenso y más rápido cuando el punto de partida es una economía rígida. La razón es evidente. Los cambios eliminan o debilitan las restricciones regulatorias e institucionales que reducen el potencial de crecimiento y, de este modo, liberan la energía creadora atenazada por ellas. Eso está muy bien, diría un observador imparcial, pero qué hacer ante la oposición de los grupos anti reformistas, en concreto, de todos aquellos a quienes los cambios perjudican o creen que así es, al menos, en el horizonte inmediato. De hecho, la movilización de los grupos de interés favorecidos por el statu quo ha abortado muchas iniciativas de reforma en el pasado y los gobiernos han sucumbido a su fuerza.

La Teoría de la Elección Pública enseña que esos pequeños y poderosos grupos tienen mayores incentivos para movilizarse que el conjunto de la población, porque los beneficios del statu quo se concentran en pocos mientras sus costes se distribuyen entre muchos. Ese planteamiento es correcto pero se ve corregido por un factor. Una vez que se introducen las reformas y éstas tienen éxito, generan coaliciones mayoritarias que las sostienen.

El perfil del votante y la acción del candidato a la presidencia

Por último es necesario realizar dos observaciones adicionales sobre el comportamiento de los electores: primera, la asunción de que son miopes y no enjuician la labor del Gobierno en su conjunto sino la de los dos años precedentes a la elección; segunda, los electores son completamente racionales y valoran la gestión gubernamental durante todo su mandato. De adoptar una u otra opción, se pensaría que los votantes tendrán una diferente predisposición a apoyar o no a un Gobierno.

La evidencia empírica muestra que tanto en uno como en el otro caso, las opciones de reelección del gabinete reformista son prácticamente las mismas ( Buti, M., Turrini, A., Van den Noord, P., Biroli, P.: “Defying the ‘Juncker Curse': Can reformist Governments Be Re-elected?”. European Economy, May 2008). Esto es, si Rodríguez Zapatero se transmutase en un reformista radical, su opción de ganar los próximos comicios aumentaría en lugar de reducirse. Obviamente, lo mismo puede decirse del principal partido de la oposición. Tendría mayores opciones al triunfo si formulase una alternativa de esas características.

En conclusión, el temor a pagar un precio político insoportable si un Gobierno se embarca en un plan de transformación radical de la economía se ve rebatido por los hechos. Obviamente, no vale cualquier plan reformista, sino uno de corte liberalizador y asentado en la ortodoxia macroeconómica. Por eso en el club de las reformas exitosas no están ni se espera a los ejecutivos que apuestan por aumentar la rigidez de los mercados, elevar los impuestos y conducir las finanzas públicas a posiciones insostenibles.