Las firmas de elEconomista

Antonio Papell, periodista.

El hecho insólito de que, por primera vez en democracia, los sindicatos convocantes de una huelga general hayan conseguido pactar con el Gobierno los servicios mínimos resulta muy revelador, porque demuestra unos comportamientos de guante blanco, quizá excesivamente conciliadores, que, para algún observador cualificado -como el director de un gran periódico catalán- ha rozado simple y llanamente el tongo.

Algo de eso ha de haber, pero no porque las partes enfrentadas -sindicatos y Gobierno, aunque a veces parezca otra cosa- hayan hecho dejación de su responsabilidad, sino porque las dos se han visto abocadas fatalmente y contra su voluntad al enfrentamiento. De una parte, es claro que el Gobierno ha sido materialmente obligado por Bruselas y los mercados a tomar las decisiones del ajuste y de las reformas estructurales. De otra parte, es evidente que los sindicatos no podían desentenderse (sin arriesgarse a su práctica desaparición como potente grupo de presión) de unas medidas liberales que caminan hacia el consenso europeo -que es conservador- y en contra del progresismo social de que había alardeado este Ejecutivo hasta su caída del caballo.

“Las medidas que provocan la huelga son irreversibles”

Pero, además, los sindicatos no quieren, por razones obvias, que se agrave aún más el declive que ya padece este Gobierno a causa de la crisis, y que si alguien no lo remedia dará entrada a Rajoy en La Moncloa. Como el Ejecutivo tampoco desea que los sindicatos pierdan el ya no muy boyante crédito que les queda, lo que ocurriría si la huelga fuese un estrepitoso fracaso. En cualquier caso, unos y otros saben que las medidas que provocan la huelga son irreversibles: cancelar la reforma laboral nos situaría entre los parias de la UE.

Así las cosas, las partes han llegado a una posición equilibrada en torno a una huelga de baja intensidad. Que permita salvar la cara a las organizaciones obreras y que no desgaste excesivamente al Ejecutivo. Con la particularidad de que el Gobierno, que tenía las manos atadas cuando decidió el colosal ajuste que se ha cebado en funcionarios y pensionistas, también las tiene a la hora de realizar una reforma del sistema de pensiones. De donde se desprende que, si los sindicatos creyeron que habían de responder airadamente a las primeras mermas del Estado de Bienestar, no tendrán más remedio, aplicando la misma lógica, que hacer lo propio otra vez dentro de poco. Y sucesivamente, a cada medida impopular que se adopte hasta que este país logre remontar definitivamente la crisis, previa implementación de un nuevo modelo de crecimiento.

En esto estriba la gran contradicción de la huelga: estamos peor que nuestros vecinos precisamente porque los sucesivos gobiernos, presionados por fuerzas retrógradas desde el punto de vista económico (los sindicatos, entre ellas), han frenado la modernización de las estructuras. Hasta que, llegado a un punto, este Gobierno no ha tenido más remedio que romper amarras y realizar unos cambios que ya eran inaplazables. Pues bien: si los sindicatos piensan oponer toda la resistencia de que son capaces cada vez que se dé un paso en el sentido modernizador, es muy probable que terminen agotándose a corto plazo. Y entonces, el Gobierno ya no tendrá interés alguno en salvarles la cara.

Ignacio López Domínguez, director del Centro de Investigación Financiera (Universidad Nebrija).

En anteriores entregas se señaló como algo no muy positivo, a nuestro juicio, la estandarización de los contratos y limitación de la actuación de los especuladores en los mercados de derivados OTC (Over the Counter). A pesar de ello, sí hay puntos que pueden resultar eficientes en las propuestas legislativas de la Comisión Europea en esta cuestión. En aras de una mayor transparencia, se propone que los agentes participantes en este mercado registren las operaciones en bases de datos (repositories).

Con ello, se podría identificar el riesgo que estos mercados pueden representar para el sistema financiero. En un principio, está sólo pensado para los derivados sobre deuda soberana, pero lo ideal sería que se trasladara al resto de subyacentes. Especialmente, los mercados de derivados sobre commodities o materias primas.

Con el mismo objetivo, se plantea la negociación de estos productos en cámaras de compensación y liquidación, es decir, en bolsas organizadas. Ello plantearía la ventaja de reducir el riesgo de contrapartida, pues este tipo de mercados organizados garantizan la ejecución y el pago de las transacciones. El inconveniente es que estas Cámaras de Contrapartida Central sólo pueden llevar a cabo su tarea con contratos estandarizados, por lo que se perdería esa flexibilidad que comentábamos en el anterior artículo. Además del encarecimiento de las operaciones.

En cualquier caso, como no todo consiste en criticar, sino que hay que construir, vaya una propuesta de hacia dónde podría dirigirse la nueva regulación si lo que se pretende es minorar el riesgo en este tipo de contratos. Una característica que define a los derivados es el efecto apalancamiento que poseen; esto es, la posibilidad de, con una inversión menor, tomar una posición mayor en el mercado de que se trate. De hecho, ésa es la razón del enorme riesgo que se toma con estos instrumentos cuando sus fines son especulativos, pues provoca la multiplicación de las rentabilidades, positivas o negativas.

En este aspecto es donde se puede trabajar, exigiendo mayores requisitos de capital para abrir una posición, de forma que al especulador le desmotive entrar, pero al que busca protegerse de riesgos no le impida esa actuación. No es una tarea fácil, pero si se consigue homogeneizar, subiéndolo, este parámetro en todos los mercados, creemos que se reduciría el volumen y, por lo tanto, el efecto de estos mercados en la “economía real”.

Precisamente, la clave de esta regulación se encuentra en la armonización a nivel global, pues de no ser así, lo que se estaría provocando sería un arbitraje regulatorio a nivel internacional que provocaría, aún más, movimientos especulativos en los mercados financieros.

Javier Fernández Aguado, socio director de MindValue.

El próximo 29 de septiembre, miles de liberados acudirán a medios de transporte y a sedes de trabajo en toda España para coaccionar “informativamente” a cientos de miles de trabajadores para que ese día no puedan ganarse el pan.

La extraordinaria y preciosísima función del sindicalismo se ha ido reduciendo en demasiados casos a piquetes mal llamados informativos que intentan justificar por la vía de la intimidación el sueldo que deberían ganarse con el prestigio de su esfuerzo diario. No es cuestión de derechas o de izquierdas, es cuestión de dignidad. Cuando un país se desangra por un gasto público desproporcionado e innecesario, paralizarlo -o al menos intentarlo- durante una jornada es irresponsable.

Las tácticas del convencimiento de las masas han sido siempre las mismas, procedan de la tendencia política que sea. Fue Goebbels quien aseguraba que la propaganda tiene por objetivo “atraer a la gente hacia una idea tan penetrante y exhaustiva que la acepten por completo y jamás puedan escapar de sus garras”. Se trata de sustituir la mente personal por la colectiva. Nunca es posible lograrlo en todas las áreas, pero sí al menos en algunas: precisamente, en aquellas que más interesan a los abanderados de la ideología.

Renovación de sindicatos

La reformulación del sindicalismo en España es imprescindible. No por baladí, sino por inviable tal como está diseñado en la actualidad. Una realidad necesaria que ha sido convertida en superflua hasta que se redefina.

He tenido la fortuna de compartir largas conversaciones con sindicalistas de muy diversas tendencias. Muchos de ellos son sencillamente extraordinarios. Sin embargo, los aparatos que se han instaurado han formalizado una estructura caduca. En este tema, como en otros, lo que ayer fue revolucionario (siglo XIX), ayer se convirtió en rutinario (siglo XX), y hoy reclama un profundísimo reposicionamiento.

Cuando se leen las obras de Lenin, se verifica que algunos de nuestros sindicalistas siguen anclados en una visión tan acronotopológica (fuera de tiempo y lugar) que es imposible que ofrezcan las soluciones que la sociedad reclama. Un ejemplo entre muchos. Cuando comentaron a Lenin sobre la necesidad de preparar bien en lo técnico a quienes se ocuparían de las decisiones clave en el futuro, respondió: “Los trabajadores serán capaces de controlar cualquier ministerio en unos días; no hace falta ninguna capacidad especial para eso y no es necesario conocer las técnicas de trabajo porque eso es la tarea de los burócratas, a los que obligaremos a trabajar lo mismo que ellos hacen trabajar ahora a los trabajadores especialistas”.

De aquellas ingenuidades surgieron disfunciones que aún pagan en países del Centro y el Este de Europa, puestos durante muchos años como paradigma por utópicos sindicalistas que sólo querían ver los buenos hoteles en los que se alojaban y no la realidad del solar arrasado en que el comunismo dejó convertida a media Europa. ¿Por qué olvidar que parte de la crisis en la que estamos viviendo se debe al lento retorno al trabajo en aquellas cárceles gigantescas en las que el marxismo convirtió a tantas naciones de nuestro Continente? ¿Por qué, si no, es tan necesario diseñar programas de reconstrucción para la lacerada Cuba, para cuando su dictador muera?

¿Sindicalismo? ¡Por supuesto! Es indispensable. Pero no vocingleros que luego abandonan a su gente a media manifestación para almorzar en los restaurantes más exclusivos.

Quizá determinados dirigentes sindicales actuales quieren imitar también en el buen vivir a aquel Vladimir Illich Ulianov que, predicando la colectivización, sobriedad y austeridad para los demás, dispuso -desde el primer momento en el que le fue posible- de un amplio servicio formado por ayudantes personales, chófer (Stepán Gil) que le llevaba en la mejor limusina de la época, secretarias, cocineras, sirvientas?

Un consejo: menos gritar y más sumarse al esfuerzo colectivo para salir de la crisis.

Ignacio López Domínguez, director del Centro de Investigación Financiera (Universidad Nebrija).

Otro de los aspectos de la propuesta legislativa de la Comisión Europea sobre los mercados de derivados financieros gira en torno a la estandarización de los contratos. Los derivados Over the Counter (OTC, o no organizados) -que representan mayor volumen que los negociados en mercados organizados- son operaciones “a medida”, es decir, comprador y vendedor de un instrumento de este tipo negocian todas las condiciones del mismo, y éstas se adaptan a sus necesidades. La realidad es que suele existir una entidad financiera que, si bien no asume el riesgo de contrapartida existente entre los contratantes, la verdad es que facilita enormemente la negociación y adaptación de los términos del acuerdo.

La citada propuesta pretende aumentar progresivamente la estandarización de estos contratos. Este hecho tendría, al menos, dos consecuencias. Primero, la más o menos positiva, sería que aumentaría la liquidez de los contratos (efectivamente, esa fue la razón por la que se crearon los mercados organizados de derivados: aumentar el volumen negociado en estos productos y facilitar su negociación). De hecho, si ya existen mercados organizados con contratos normalizados, no es muy comprensible la obligación de que todos presenten esa característica.

Y segunda consecuencia, más negativa, sería que en operaciones de cobertura de riesgos se perdería la adaptación perfecta que se puede conseguir con contratos a medida. Con lo cual, los operadores que actúan con estos contratos sin ánimo especulativo tendrían menos aliciente para su utilización.

Para entenderlo mejor, una empresa que está sometida a un riesgo de tipo de interés (da igual que sea en una operación de inversión o de endeudamiento), sobre un montante de 567.345 euros, en el caso de que quiera cubrir dicho riesgo y sólo encuentre en el mercado alternativas de derivados estandarizados, debería formalizar, si el nominal del contrato fuera de 100.000 euros, cinco contratos (con lo que sería una cobertura por defecto, pues deja 67.345 euros sin “resguardar”), o seis contratos (situación contraria, cobertura por exceso). También se podría estandarizar el nominal a una cantidad menor -10.000 euros-, con lo que habría que operar con un número de contratos diez veces mayor (50 ó 60), con el efecto que tendría sobre los costes al aumentar las comisiones por contrato negociado.

No. No es buena idea la estandarización de los contratos de derivados OTC. Menos si lo que se pretende es que estos productos se utilicen con fines de cobertura de riesgos, pues pierden su principal característica: la flexibilidad/adaptabilidad a todo tipo de operaciones.

Ignacio López Domínguez, director del Centro de Investigación Financiera (Universidad Nebrija).

No es que pretenda defender unos instrumentos con una muy mala fama y peor prensa, como es el caso de los derivados. Pero el actual acoso al que están siendo sometidos puede tener algunos inconvenientes que quizá no están siendo lo suficientemente valorados.

Estos productos, los derivados, que no son algo novedoso -hay referencias de su utilización en el año 2.000 a.C.-, se empezaron a utilizar por el sector financiero en los años setenta del siglo pasado, básicamente con la finalidad de cubrir riesgos de naturaleza financiera (tipo de interés, tipo de cambio, cotizaciones bursátiles).

Ya antes se empleaban para proteger igualmente riesgos en el precio de muchas mercancías, productos energéticos, metales, etcétera. Por lo tanto, su finalidad básica original, aunque no la única, es la cobertura de riesgos. Está claro que hay muchos agentes que operan con estos instrumentos con otra finalidad: la especulación. ¿Es eso malo? No.

Podemos entrar en una discusión sin final cercano sobre la ética de las finanzas, pero si hay algo que está claro es que el éxito del producto, del mercado donde se negocia y, por ende, la posibilidad de que un agente quiera cubrirse de un riesgo de precio mediante estos mecanismos pasa única y exclusivamente por la liquidez de esos mercados. Y si hay alguien que pueda aportar esa liquidez, ésos son los especuladores, sin ningún tinte despectivo, por tanto, en esta expresión.

Hay multitud de casos, en España tenemos ejemplos de ello, de mercados que han fracasado y desaparecido sólo porque no se ha atraído suficientemente a agentes especializados en este tipo de operativa -los especuladores-, que aportan esa característica tan positiva y perseguida, no sólo por el propio mercado -que no deja de ser una empresa que busca su beneficio en forma de mayor número de operaciones-, sino también de esas empresas que acuden al mercado para cubrirse de riesgos. No acudirán nunca si creen que no va a existir liquidez suficiente como para poder deshacer su posición -salir del mercado- en cualquier momento, de forma que puedan ajustar sus niveles de riesgo en función de modificaciones en las previsiones.

Y esto es sólo una de las cuestiones que el exceso de regulación y control puede limitar. En próximas entregas iremos repasando algunos de estos otros argumentos.

José Luis Blasco, socio responsable de Global Sustainability Services de KPMG en España.

Seguramente, la Historia no hará famoso a Warren Buf- fett por sus predicciones acerca del futuro de los mercados, pero sí por su talento para distinguir empresas con gestores honestos y bien gestionadas. Y, de paso, hacerse rico.

Durante los pasados dos años, aquellos que se ganan la vida estimando el valor y el riesgo han debido de aprender muchas cosas. Pero a sabiendas o no, muchos han hecho suya la fórmula de Buffett y han comenzado a trabajar para evitar los graves errores de apreciación que conlleva basarse tan sólo en lo que creían entender: sus finanzas.

Esto mismo lo hemos visto evolucionar en los principales inversores de activos del mundo. Según nuestros datos, más de un 30% incluye ya a la hora de diseñar sus carteras de inversión nuevos criterios extra-financieros, sociales, ambientales o éticos como indicadores de la calidad de las prácticas de gestión.

A este nuevo enfoque le ha seguido la formación de analistas en un terreno que se ha venido a denominar ESG (Environmental, Social and Governance), así como la creación de agencias de calificación especializadas. Una de las más reputadas es Sustainable Asset Management, que desde 1999 selecciona las compañías constituyentes de los índices Dow Jones Sustainability y cuya nueva composición se anunció hace dos semanas.

En el último año, han aumentado un 20% los activos gestionados tomando como referencia este índice, lo que refleja bien los cambios que se están produciendo en la economía global y en el interés por una gestión sostenible. Desde su lanzamiento, las empresas europeas han sido tradicionalmente hegemónicas. Sin embargo, este año el 60% de las 45 compañías que deben abandonar el índice son europeas. Por el contrario, el 40% de las que han ingresado son norteamericanas y coreanas. Si Milton Friedman levantara la cabeza…

Dow Jones Sustainabilit: las españolas, en buen puesto

Como es conocido, el índice principal de Dow Jones Sustainability selecciona el 10% de las compañías de su índice global que considera más sostenibles, y por tanto más avanzadas en cuestiones de gobierno corporativo, sociales y ambientales. Una competición que incentiva a las principales empresas del mundo a mejorar todos los años.

Las compañías españolas han salido, una año más, bien paradas. La mitad de las elegibles han conseguido ser elegidas. Diecisiete proyectos distinguidos por prácticas a la altura de las mejores del mundo. Mapfre es una de las que se estrena este año. Por el contrario, tres compañías españolas que componían el índice el pasado año saldrán del índice global.

Alcanzar este Olimpo sólo es posible con una forma de gestionar que se explica fácilmente, pero que no es sencilla de poner en práctica. Una receta, al parecer, tan sólo al alcance de los gourmets del management.

Es comprensible que al leer la lista de las empresas que forman este índice uno eche en falta unas o le sobren otras. Esto puede deberse a que, como decía Shakespeare, bien pobre es el amor que puede medirse o, simplemente, a que su criterio es diferente. Y, desde luego, a la notable asimetría en la información del analista especializado en este concurso de belleza corporativa con respecto a cualquier ciudadano. Supongo que a Buffett le ocurre lo mismo.

Recomiendo prudentemente pensar que estamos tan sólo al principio del camino. Los trazos todavía son gruesos; los pasos, algo torpes, pero conscientes de estar viendo a pioneros del estilo de empresa de éxito de este siglo. Orville Wrights, en ese primer vuelo, gritando ¡volamos!

Íñigo Méndez de Vigo, diputado europeo y presidente del Colegio de Europa.

Europa ha avanzado históricamente a golpe de crisis. La euroesclerosis de los años 80, consecuencia de la depresión económica provocada por el alza del precio del petróleo, fue superada por el gran proyecto del mercado interior. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 propiciaron un enorme avance en todos los temas relacionados con los asuntos de Justicia e Interior, como la orden de busca y captura, instrumento capital en la lucha contra el terrorismo.

Transcurridos dos años de la crisis financiera y económica que padece Europa, los dirigentes europeos se han puesto las pilas. Dos constataciones: el euro es más que la moneda común de los europeos; constituye una parte fundamental de su proyecto político como Unión. Por ello, su defensa y consolidación es una prioridad de primer orden. En segundo lugar, las cifras cantan. En 1955, Estados Unidos representaba el 36,3% del PIB mundial; la Comunidad Económica Europea, el 17,5%; y Japón, el 2,5%. En 2008, la economía americana sumaba el 20,3%; la Unión Europea, el 26,38%; y la economía japonesa el 6,24. Brasil, Rusia y China representan el 40% de la economía mundial y superan el 15% del PIB global. Por si esto no fuera poco, China -según el último informe del Fondo Monetario Internacional- crecerá este año un 9,9%; India, un 8,4%; EEUU, un 6,4%; mientras que la Unión Europea sólo crecerá un 1,8%, con España en el furgón de cola.

Ambas constataciones han exigido una actuación rápida y contundente: la intervención del Banco Central Europeo y la creación de un fondo de rescate dotado con 750.000 millones de euros han sido decisivos para fortalecer nuestra moneda común y ahuyentar a los agoreros que auguraban su desaparición.

Junto a estas medidas, está en marcha una revolución silenciosa. El próximo 22 de septiembre, el Parlamento Europeo aprobará el acuerdo al que ha llegado con el Consejo para la creación de tres autoridades europeas de supervisión sobre la banca, los seguros y las bolsas, así como de un comité de riesgos sistémicos.

El presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, no se recata en solicitar sanciones para aquellos países que incumplan sus obligaciones fiscales con la UE. Junto a la creación de una tasa sobre las operaciones financieras de la banca que contribuya a solventar las posibles crisis del futuro, la Comisión lanzará el próximo 29 de septiembre toda una serie de propuestas legislativas en materia económica basadas en un informe elaborado por Mario Monti. Así, en los próximos meses regularemos, por ejemplo, los créditos al por menor, especialmente los hipotecarios, que constituyen el 47% del PIB europeo y de los cuales sólo un 4% tiene carácter transfronterizo. Finalmente, el grupo ad hoc que encabeza el presidente del Consejo europeo, Hermanm Van Rompuy, se plantea nuevas medidas, como, por ejemplo, el examen previo de los anteproyectos de presupuestos nacionales por las instituciones europeas.

Frente a la desazón, incluso el pesimismo, la UE ha tomado en estos últimos meses medidas de calado para completar la unión monetaria con la gobernanza económica. Y es que, en Europa, para hacer la revolución, ya no es necesario tomar el Palacio de Invierno. Basta con aprovechar las crisis.

Juan Fernando Robles, Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias.

Los riesgos sistémicos se han puesto de manifiesto en la última crisis financiera crudamente, de tal suerte que los estados y los bancos centrales han tenido que salir al paso de la situación inyectando fondos y liquidez para evitar el derrumbe en cadena del sistema financiero.

El pánico ha estado tan cerca y la situación ha sido tan difícil que la existencia hoy en día de todas y cada una de las entidades financieras, independientemente de su situación, se debe a la intervención de los poderes públicos pues la quiebra hubiera sido generalizada.

Aún con el susto en el cuerpo, las autoridades y los bancos centrales han tomado conciencia de que quizás los mecanismos para controlar y prevenir el riesgo de quiebra y ahuyentar el riesgo de iliquidez no estaban los suficientemente sopesados ni la solvencia del sistema disponía de una efectiva garantía basada en la capacidad de las entidades para absorber pérdidas inesperadas y lidiar con situaciones prolongadas de colapso de los mercados financieros.

Es evidente que no todos los riesgos pueden evitarse y que los Estados y los bancos centrales seguirán estando ahí por lo que pueda ocurrir, pero ha quedado patente que en un escenario de crisis económica, algunos Estados son vulnerables y que, al final, acaban por transmitir riesgos al propio sistema financiero más que aliviárselos, luego ni siquiera el papel garante del Estado en última instancia parece ser infalible.

Así las cosas, el Comité de Supervisión Bancaria del BIS busca en la propia estructura financiera de las entidades la solución a este problema, antes que fiar la resolución de las crisis sólo a factores externos, y en esta línea aprobó el pasado domingo elevar los requisitos de capital regulario en los bancos, pero eso sí, con un calendario de implantación que llega hasta el 2018, aunque alguno de sus efectos se empezarán a exigir y a notar en los próximos años.

La nueva regulación, que ha de plasmarse en nueva normativa nacional, no sólo incrementa paulatinamente la cantidad de capital, sino que es especialmente exigente en cuanto a la calidad del mismo, aumentando considerablemente (del 2 al 7%) el tramo de core capital, es decir, capital y reservas, en detrimento de otros instrumentos de capital (participaciones preferentes y deuda subordinada, principalmente). El capital total deberá ser a fin de 2008 de al menos el 10,5% de los activos ponderados por riesgo (RWAs), cuando ahora está situado en el 8%. Aumentar un 5% el requisito mínimo de core capital en las entidades es un paso decisivo para que éstas dispongan de la cobertura suficiente para absorber pérdidas sin poner en riesgo la continuidad operativa. Estos cambios van a tener especial repercusión en las cajas de ahorros, menos dotadas de core capital, y convierte a los SIP creados recientemente en los vehículos más adecuados para captar capital en el mercado mediante acciones, al tiempo que deben luchar por volver a una senda de amplios beneficios de cara a potenciar la generación de reservas.

Si estos mayores requisitos de capital inducen una menor disponibilidad de crédito se verá. Sin embargo, es seguro que entidades débiles, vulnerables e infracapitalizadas no pueden ejercer bien su función de intermediación, pudiendo transmitir riesgos al resto del sistema y generando desconfianza, el mayor enemigo del crédito. Además, se ha podido comprobar cómo una banca excesivamente apalancada tiende a la sobredimensión del activo. Sin duda habría más ajustes que realizar, como por ejemplo actuar sobre los plazos de maduración de activos y pasivos, pero el paso dado es serio, lo suficientemente flexible en cuanto al calendario de aplicación y ponderado en cuanto a los objetivos que pretende cumplir.

José Luis Larrea es presidente de Ibermática.

El agente de innovación por excelencia es la persona. En realidad, el resto de los agentes son manifestaciones de la necesidad de organizarse de las personas para, en cooperación, alcanzar nuevas cotas de progreso. De ahí que, a partir de esta consideración, el resto de los agentes de innovación parecen tener un carácter instrumental.

Me interesa destacar que la persona es la primera referencia de un sistema de innovación y que lo que predicamos para sistemas generales debe de ser de aplicación para cada individuo. La realidad es que la persona, entendida como sistema de innovación, proyecta la figura del emprendedor. Si el emprendedor es el que emprende, el que hace cosas nuevas, el que es capaz de transformar las cosas aportando un valor, podemos referirnos al emprendedor como “aquél que es capaz de introducir novedades de manera sostenible en el tiempo aportando un valor reconocido por el mercado y la sociedad”.

El emprendedor asume el papel estelar de la innovación sostenible y competitiva. Lo hace desde la convicción de asumir el reto de lo nuevo como un proceso y no como un suceso, buscando la utilidad, el carácter práctico de la innovación. Tiene que asumir que su tarea se da en los espacios abiertos, que la diversidad es clave para su labor, que no sólo se innova en producto, sino en muchas otras cosas más, que la calidad es la base de todo lo que haga, que necesita medir en su búsqueda de resultados, que no debe preocuparse por la dimensión inicial de su proyecto, que debe interiorizar y proyectar sus valores y, finalmente, que, siendo lo más importante la persona, debe buscar relacionarse con otros desde el respeto y la consideración.

Situada la figura del emprendedor en el contexto de la innovación sostenible y competitiva, podemos señalar que la manera en que su actividad se desenvuelva dará lugar a diferentes tipologías de emprendedor. Quizás la cuestión relevante es la que se refiere al hecho de que su actividad sea por cuenta propia o por cuenta ajena. En este sentido, aparece como diferencial el grado de intensidad en la asunción de riesgos. Podríamos simplificar que el emprendedor, en su estado más puro, es aquél que ejerce su actividad por cuenta propia, pero me parece una postura reduccionista.

El emprendedor como sistema de innovación proyectará su potencial en la medida en que sea capaz de trabajar y desarrollar los valores, la tecnología, el conocimiento, la cooperación, la velocidad y el liderazgo. Además, debe hacerlo desde la humildad y la confianza en sí mismo, porque lejos de sentirse más que nadie y mirar a los demás por encima del hombro, tampoco debe sentirse menos que nadie. Un buen lema para su manera de actuar podría ser non plus, non minus. Por otra parte, en su actividad, una vez conseguido el éxito, debe estar atento a los ciclos de la innovación y renovar su compromiso, porque, si no, lo que explicó su éxito puede terminar explicando su fracaso.

La preocupación por el emprendedor deriva de la importancia que tiene potenciar la actividad innovadora para ganar la batalla de la competitividad. Sabemos que activar el carácter emprendedor de las personas y facilitar que se transforme en una actividad concreta es el desafío de todo sistema de innovación. Los ejemplos de los Microsoft, Apple? que empezaron en un garaje impulsados por los que ahora son considerados emprendedores carismáticos, nos ayudan a convencernos de que todo sistema de innovación pasa por impulsar y facilitar la actividad emprendedora.

El problema que tenemos, una vez más, es que nos acercamos a la cuestión del emprendedor con una cultura de suceso más que de proceso. De ahí que se nos ocurran políticas concretas para facilitar algunos de los aspectos que, siendo importantes, no son los únicos. Estamos rodeados de un debate que favorece más las intervenciones puntuales que el enfoque general. Así, por ejemplo, implantamos ayudas para poner en marcha incubadoras de nuevas empresas, en donde se le facilitan al emprendedor locales y medios básicos. También nos preocupamos de organizar reuniones con posibles inversores a los que bautizamos pomposamente como business angels. Aparte de esto, mucho discurso y poco más. Por otro lado, focalizamos en exceso la figura del emprendedor en el ámbito universitario y nos olvidamos de los emprendedores en potencia que están en un momento determinado trabajando por cuenta ajena, pero que son la verdadera cantera, ya contrastada y experimentada, para dar el salto.

Creo que el problema no se va a resolver con medidas concretas si no las encajamos dentro de un proceso más amplio que pasa por abordar el ecosistema del emprendedor. Un espacio abierto, que debemos activar, formado por todos los agentes de innovación.

Carlos de Benito, Profesor de Relaciones Laborales, Universidad Nebrija, Vicepresidente AEDIPE Centro.

Al hilo de las irregularidades producidas en los conflictos laborales recientes y de la huelga general, se ha vuelto a pedir una ley de huelga, alegando que la actual norma es preconstitucional y que deja a los ciudadanos como rehenes de intereses ajenos.

El Derecho no se siente cómodo en los conflictos abiertos. ¿Se imaginan un código detallado sobre la práctica de la guerra? Decía Cicerón: “Cuando los tambores hablan, las leyes callan”. El Derecho es paradigma del orden, su función esencial es aportar cauces de justicia y razón para solucionar conflictos, de ahí que le resulte extraña la regulación del conflicto mismo manifestado en acto. Al Derecho sólo le queda aquí una labor secundaria: procurar algunas reglas para que se produzca el menor daño y que no sea irreversible.

El Derecho ha pasado de tipificar la huelga como delito a protegerla penalmente como bien jurídico. Nuestra Constitución ampara la huelga como derecho fundamental del máximo rango, superior a otros derechos laborales, como el del trabajo o el salario, sobre los que prevalece en caso de conflicto. De ahí que sea tan difícil de conseguir la declaración de ilicitud de una huelga. Son lícitas en España las huelgas para cambiar un convenio colectivo, las huelgas intermitentes o las de brazos caídos. Son lícitas las huelgas de solidaridad y las políticas, siempre que exista alguna conexión genérica con los intereses de los trabajadores, es decir, siempre.

Es cierto que la actual regulación es preconstitucional: el RDL 17/ 1977, unido a la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 y resoluciones judiciales posteriores. No hay ley de huelga. ¡Y menos mal que es así!, porque la Constitución sigue siendo la misma -con lo que cualquier desarrollo normativo del derecho de huelga no podrá limitarlo-, mientras que el TC no sigue siendo el que era. Tampoco son los que eran los políticos en el poder y si dudamos de que el TC haya cambiado para mejor, la evolución de nuestra clase política y legislativa no deja lugar a dudas.

Hay quien defiende que debería establecerse un mecanismo expeditivo para dictaminar la legalidad de una huelga antes de que comience la misma. ¡Pues tampoco! Porque mientras nuestra Constitución siga diciendo lo que dice, todas las huelgas -salvo impensable torpeza formal en sus convocantes- serían declaradas lícitas. ¡Imagínense a los piquetes amparados por una declaración previa de legalidad!

Sin una ley de huelga, es posible potenciar vías para la definición de servicios esenciales y el establecimiento de los mínimos de forma estable, agilizando, en caso de discrepancia, su resolución arbitral. Se evitaría, por una parte, la fijación por decreto de servicios mínimos abusivos y, por otra, se aseguraría su licitud, permitiendo a los empresarios actuar frente a quienes no los cumplen.

Advertía Montesquieu contra el desenfreno normativo: “Las leyes inútiles debilitan a las necesarias”, a lo que añadía Condillac: “En tiempos de corrupción es cuando se dan más leyes”. Quienes, llevados de la ingenuidad de la razón, reclaman una ley de huelga deberían pensarlo dos veces antes de insistir, no vaya a ser que les hagan caso.