Cuarta Pista

La policía autonómica catalana lleva más de tres meses persiguiendo a Josep Xicola Fajas y no consigue echarle el guante. Al parecer, Xicola compra empresas en crisis por un euro y luego les quita el poco patrimonio que tienen antes de renegar de la compra realizada.Cuando los bancos reclaman el pago de las deudas, él se lava las manos y los anteriores dueños son los que tiene que hacer frente a las reclamaciones bancarias. elEconomista publicó un artículo de denuncia hace dos meses, pero, al parecer, el código penal español no tipifica este tipo de actuaciones como delito. Mientras tanto, la bola se va haciendo cada vez más grande y el número de afectados es cada vez mayor.

El consejero de Economía catalán, Antoni Castells, ha puesto bajo vigilancia a las secciones de crédito de las coopoerativas agrícolas de esta comunidad autónoma. Al parecer estas entidades actúan como cajas rurales sin serlo. La Generalitat está preparando un cambio legislativo para impedir a estas cajas agrícolas gestionar los ahorros de todos aquellos agricultores que una vez jubilados han mantenido sus ahorros en este tipo de entidades. La intención del ejecutivo catalán es que sólo los agricultores en activo puedan seguir utilizando los servicios financieros de este tipo de entidades.
Según señalan fuentes de la Generalitat, las secciones de crédito de las cooperativas agrícolas nacieron para financiar la actividad del campo, pero, debido al envejecimiento de la población rural, algunas de estas entidades tienen en sus balances muchos más recursos que provienen de jubilados que de agricultores en activo. El nuevo decreto que prepara el departamento de Economía pretende establecer que sólo el 20 por ciento de los recursos gestionados por la cooperativa de crédito provenga de campesinos que ya se han jubilado.
Las alarmas se encendieron en la Generalitat cuando hace ahora un año Copalme, la cooperativa de Almenar (Lleida), aplicó una suspensión de pagos que supuso la congelación de los ahorros de un millar de personas y estas constituyeron una plataforma para que el departamento de Economía se hiciera responsable de la situación.
Por su parte, las cooperativas de crédito se defienden y aseguran que cumplen una función social ya que en muchos pequeños pueblos, donde no existe ni una sola oficina bancaria, son estas entidades quienes ofrecen servicios financieros a una población envejecida que de lo contrario debería desplazarse a más de 15 kilómetros.

Andan las finanzas catalanas con el agua al cuello y el president José Montilla, mantiene el tópico futbolero de que la negociación está “más allá del tiempo de descuento”. No se si el hombre está influenciado por la serie televisiva de José Corbacho “Pelotas” (un acierto televisivo), pero quién ya no puede dar ni un chute más es el conseller de Economía, Antoni Castells, que lleva ya muchos minutos en sus piernas y que está empezando a padecer algunas deserciones en sus filas: por el ejemplo, el secretario general de Política Financiera, Miquel Salazar, que ha presentado su dimisisón irrevocable.
La marcha de Pedro Solbes y la llegada de Elena Salgado al ministerio de Economía debe ser el punto y final a una negociación que, según marca la ley, debió acabar en agosto de 2008 y que todavía hoy ocupa un tiempo precioso que debería destinarse a buscar soluciones a la falta de empleo que padece la sociedad española.

El ritmo de la actualidad es tan frenético que de la noticia de hoy ya no se acuerda nadie mañana. Yo quiero rescatar del olvido la manifestación de guardias civiles y policías nacionales que se produjo en Madrid a mediados de octubre. Miembros de los cuerpos estatales de seguridad pasearon sus pancartas por la capital del Estado para reclamar la equiparación de su sueldo con el de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica que les ha sustituido en Cataluña. Al parecer, según una tabla elaborada por los manifestantes, la diferencia de sueldo entre un policía nacional y un mosso es de 16.167 euros anuales, cifra que la Dirección General de la Policía Nacional y la Guardia Civil rebajan a unos 10.000 euros.

Hasta aquí el asunto es un problema laboral, pero de repente leo que el PNV ha pactado con el PSOE los presupuestos del Estado a cambio de que el Ministerio de Interior les pague la jubilación de los agentes de la Ertzaintza a los 60 años, la misma edad a la que se jubilan los policías nacionales y los guardias civiles.

Evidentemente, los Mossos d’Esquadra no tardaron ni un minuto en poner el grito en el cielo. ¿Cómo puede ser que los agentes vascos se jubilen a los 60 y nosotros no? La Generalitat hizo suya la reclamación e incluso CiU y el PP han acusado a José Montilla de ser poco combativo a la hora de conseguir este tipo de jubilación.

¿Alguien se ha preguntado qué pasaría si les igualamos los sueldos a los policías nacionales y guardias civiles con los mossos y, en paralelo, les igualamos la jubilación a los agentes catalanes con los vascos y a estos con los estatales? El resultado es un aumento del dinero que destinamos los españoles a pagar nuestra seguridad, pero sin percibir ningún tipo de servicio adicional.

El estado de las autonomías debe servir para conseguir que cada territorio defienda su identidad, pero no para entrar en un espiral inflacionista sin fin. Es un lujo que, en estos momentos de crisis, no nos podemos permitir.

La caída de un banco tras otro ha provocado situaciones que ninguno de nosotros podía pensar hace tres meses. ¿Alguien se imagina un titular de prensa anunciando que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha nacionalizado la banca venezolana? La mayoría nos llevaríamos las manos a la cabeza. Pues hoy son George Bush y Gordon Brown los grandes nacionalizadores de bancos.

En esta situación, en la que los Estados entran en los bancos, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín , ha protestado por las ayudas públicas que recibirán sus competidores y que él considera que son motivo de competencia desleal. De hecho, el Estado está premiando a aquellos que no hicieron sus deberes y se dejaron llevar por la euforia.

En una situación como ésta, me pregunto si ¿es lícito ayudar a las entidades que están en dificultades? La respuesta de la mayoría sería afirmativa, sobre todo si la caída de alguna de ellas supone un perjuicio para el conjunto del sistema. Pero la pregunta se puede formular en sentido contrario: ¿es lícito ayudar a los que se pasaron de listos? Botín y la mayoría de nosotros diríamos que no.

Igual que Botín , el empleado de mi oficina bancaria se hace cruces cuando ahora no le dejan criticar la falta de solidez de algunas entidades de la competencia, las mismas que, hasta hace un año, le arrebataron decenas de clientes atraídos por unas hipotecas en las que se falseaban las tasaciones.

Si aceptamos que la intervención del Estado es imprescindible, hay que exigir que las reglas del juego se fijen de forma clara, para que los competidores sepan en qué momento se puede adelantar y cuándo no. De lo contrario ocurre como bajo la lluvia del último Gran Premio de Monza de Fórmula 1, cuando los arrestos de Lewis Hamilton al adelantar a Kimi Raikkonen se convirtieron en una penalización de los jueces. No se debe premiar la mediocridad y que conste que en esto de los coches me declaro seguidor de Fernando Alonso.

La crisis (incertidumbre, cambio de ciclo) económica ya no sólo forma parte de las páginas de los diarios o de los telediarios. Las personas que trabajan a diario y los que se han visto fuera del mercado laboral por despidos están preocupadas de cómo van a llegar a final de mes. Los salarios no aumentan porque los empresarios pretenden congelar para que sus negocios aguanten la falta de dinero para seguir adelante que todavía retienen los bancos por desconfianza del sistema. El sábado pasado observé en una administración de lotería del distrito barcelonés de Les Corts la siguiente conversación mantenida por dos hombres que rondaban los cuarenta años de edad: “¿De qué nos sirve a los trabajadores que las grandes empresas tengan beneficios y presuman que destinan miles de millones a I+D para ser competitivias? Luego cuando quieren recortar cuando ya no se venden coches nos despiden a casi dos mil personas. Tantas horas de esfuerzo en la planta de Nissan en Barcelona y ahora no sé ni cómo voy a pagar los estudios a mi hija… - Los altos directivos no analizan bien la empresa: ni los turnos de trabajo, ni las menos horas por la noche y sólo se les ocurre aumentar la temporalidad…” La conversación transmite denota una sensación de impotencia que afecta cada día a miles de españoles que ven cómo se quedan sin empleo. Las soluciones deben permitir a las empresas garantizar su empleo, ganar en flexibilidad no para despedir sino para adecuar su producción a la plantilla que ya tienen (por ejempl reduciendo jornada laboral y salario) y antes de recortar (y menos cuando tienen beneficios) hay que tomar medidas de flexibilidad para evitar la principal fuente de ingresos de la mayoría de las familias de este país: el trabajo. Si no se evitan los despidos masivos, las colas del Inem se verán incrementadas junto con las colas de la ilusión: los puestos de lotería.

Afinales de los años 80, en Cataluña brotaban los rumores sobre una fusión entre las cajas . El más extendido fue que las entidades de fundación pública, controladas por las diputaciones -Caixa Catalunya, Caixa Girona y Caixa Tarragona- podrían formar una gran caja junto a Caixa de Barcelona y que las cajas más pequeñas, de fundación privada -Laietana, Manlleu, Manresa, Penedés, Sabadell y Terrassa-, podrían ser absorbidas por Caixa de Pensions. En 1990 llegó la sorpresa. Contra todo pronóstico las dos más grandes, Pensions y Barcelona se fusionaron en una de mayor tamaño que hoy conocemos como La Caixa. Desde entonces, hace 18 años, esta entidad convive con las restante nueve cajas catalanas.

Debido a la crisis financiera que padece el mundo, han rebrotado las voces que defienden la integración de las cajas . Los defensores del tamaño como vacuna contra la falta de liquidez aseguran que las más pequeñas se verán obligadas a fusionarse entre ellas o serán devoradas por las más grandes.

Ese escenario es posible, pero poco probable… al menos a corto plazo. Aunque alguna entidad tenga problemas puntuales de liquidez, no es el momento de dejarla sola y abandonarla a merced de la tormenta. Si una sola caja catalana mostrase síntomas de debilidad se quebraría la confianza de los ahorradores y se pondría en jaque un modelo económico y social que en Cataluña tiene una vigencia de más de un siglo.

Justo por ese motivo, no es el momento idóneo para realizar ningún tipo de integración entre cajas catalanas y los poderes públicos, conscientes de ello, harán lo imposible para que el mapa actual permanezca temporalmente congelado. Otra cosa es lo que pueda pasar de aquí a un año, cuando las aguas se calmen y sea el momento de cobrar los favores realizados. Entonces sería más probable alguna integración, pero sin olvidar que las cajas son como los tentetiesos, que siempre se recuperan de los golpes.

Mientras el Parlamento catalán ataja la crisis con la contención de los suelos de los diputados y el recorte de gastos, su presidente, Ernest Benach (ERC), se ha gastado 20.000 euros en poner ‘a punto’ su coche oficial con un escritorio de madera a medida, televisión último modelo y un reposapies. Una medida que no ha sentado nada bien al grupo parlamentario Ciutadans quien lo valora como “desproporcionado y reprobable”. Pero el trasfondo de esta noticia es el´contínuo despilfarro del dinero público al que se cree inmune algunos representantes públicos (más de los necesarios, lamentablemente) catalanas y del resto de la política española. Acostumbrados a comer gratis en restaurantes con dinero público, disfrutar de coches (lujosos Audis A6 como mínimo), traslados gratuitos, viajes alrededor del mundo, se les invita a los estadios y eventos sociales sin pagar de su bolsillo, disponer de secretarias, un sueldo anual por encima de los 70.000 euros… todo un lujo que va en detrimento del ejemplo que debe dar un político: una persona dedicada a la res publica, el interés general de la sociedad a la que pertenece. Los políticos de Cataluña, y por extensión del resto de España, no están formados en una cultura de servicio para mejorar los problemas sociales, ni son intelectuales preparados en la filosofía, la historia o la economía (salvo Pedro Solbes) muy pocos hablan un segundo idioma extranjero correctamente y demuestran mediocridad a la hora de intercambiarse los cargos: qué pinta el ex alcalde de Barcelona, Joan Clos como embajador de España en Ankara o Celestino Corbacho responsable del Ministerio de Trabajo… La actitud desproporcionada del independentista Ernest Benach (que cobra cerca de 110.000 euros al año) es sólo la punta de un iceberg que el resto de poderes del Estado y la sociedad debería cambiar para evitar que se produzcan despilfarros a costa de todos.

La actual crisis económica no afecta por igual. Los ricos también lloran, pero la mayoría de la clase media española y las personas trabajadoras notan en sus bolsillos los problemas actuales económicos. Los ricos (o los nuevos o falsos ricos que en este país aparecen hasta debajo de las piedras) siguen con su ritmo de vida seguros de que sus inversiones están a buen recaudo: consumen en buenos restaurantes, viajan por Europa y el mundo, preparan sus vacaciones de esquí en los Alpes o las montañas del Colorado, compran relojes de lujo y vestidos de primera calidad, todo como si se tratara de aquel grupo de músicos que seguía tocando en la cubierta del Titanic mientras se hundía en el Atlántico Norte en 1912. Mientras los ricos siguen consumiendo y viviendo ajenos a una crisis, que apenas les ha modificado sus hábitos, la mayoría de los mortales sigue preocupado por pagar la hipoteca a final de mes, pagar el colegio de sus hijos, mantener el empleo a final de mes… Y eso que en España existen 550.000 familias en las que todos sus miembros están sin trabajo. Algo falla en este sistema para que nadie se dé cuenta de que la música es lo único que no entiende de clases…

La gestión de la crisis económica por parte del presidente del Gobierno cada vez me recuerda más a la manera de actuar que tuvo el PP en el caso del Prestige. Primero, negó la mayor, la vía de agua en el casco del barco; luego pensó que la mejor solución era alejarlo de las costas españolas, y finalmente, pese a la lejanía, el barco se partió en dos y la mancha de petróleo alcanzó la totalidad de las costas gallegas.

En esta crisis económica, José Luis Rodríguez Zapatero negó la mayor hasta el 9 de marzo, día en que salió reelegido presidente. Luego, apoyado por su escudero Pedro Solbes, aseguró que la crisis viajaba por latitudes mucho más altas a las nuestras, por lo que no debíamos preocuparnos. Finalmente, la situación ha estallado y el engrudo negro que ha ahogado a la banca internacional y nacional está llegando a las costas de la economía productiva.

Cataluña es, con diferencia, la zona de España donde más empresas industriales existen. Casi el 40 por ciento del PIB catalán depende de su actividad y, en estos momentos, se están asfixiando igual que aquellos cormoranes teñidos de chapapote que todos tenemos en mente. Bancos y cajas han cortado las líneas de crédito y muchos empresarios tienen problemas para cosas tan básicas como comprar mercancía a sus proveedores o pagar las nóminas de sus empleados a final de mes. A los que fabrican tampoco les va mejor, porque las reaseguradoras también han podado sus líneas de garantía de riesgo por miedo a que estalle la enorme burbuja de morosidad que se está hinchando.

De momento, para ganar tiempo, tanto empresas como administraciones públicas están alargando los plazos de pago más allá de los 90 días. Y es precisamente esta aparente solución la que se comporta como un virus maligno que salta de compañías enfermas a otras sanas y amenaza con convertirse en una epidemia. El problema es que el Gobierno ha lanzado un salvavidas a la banca, pero aún no se ha planteado una vacuna para las empresas.