El puente de la Mercè y las plebiscitarias

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A nuestros políticos se le llena la boca de palabras como democracia directa, aumento de la participación o consulta popular, pero lo cierto es que casi siempre velan por sus intereses particulares y prefieren que los ciudadanos no acudan a votar. El último ejemplo son las elecciones autonómicas que Artur Mas ha asegurado que adelantará al próximo 27 de septiembre, en pleno puente de la Mercè, patrona de Barcelona. El 24 cae en jueves y los barceloneses y los habitantes de gran parte del área metropolitana de Barcelona -L’Hospitalet, Cornellà, Santa Coloma…- podrán disfrutar de un magnífico puente de cuatro días en un septiembre que últimamente se ha convertido en un mes tanto o más playero que el de julio.

Casi un tercio de los cinco millones de catalanes con derecho a voto tendrán que decidir en esas fechas si prefieren disfrutar de una prórroga de sus vacaciones estivales o, por el contrario, prefieren vivir con intensidad la campaña electoral y movilizarse para votar. Curiosamente, ese tercio de catalanes son los que viven en el área de Barcelona, la zona de Cataluña que menos apoya a la independencia. Por hacer comparaciones, sería como si en Navarra se convocaran elecciones en San Fermín, como si en Sevilla lo hicieran durante la Feria de Abril, en Valencia en Fallas o en Madrid en el puente de mayo.

Todos los analistas coinciden en que la suma de votos de Convergència y de ERC sería insuficiente para obtener la mayoría parlamentaria si la participación en las elecciones catalanas se aproxima al 80 por ciento, un nivel que hace años no se alcanza. Sin embargo, con una participación del 65 por ciento -que es la que se suele dar en este tipo de votaciones- los dos partidos favorables a la independencia sumarían más de 68 escaños que es la cifra que marca la mayoría absoluta en el Parlament. Aunque Mas asegura que quiere convertir las autonómicas en un plebiscito, lo cierto es que con la elección de esa fecha lo único que quiere es prescindir de la voluntad de miles de ciudadanos.

La cuenta del padre de Mas

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El presidente de la Generalitat, Artur Mas, confesó en el Parlament que conocía que su padre tenía una cuenta en Liechestein a finales de los años 80 y que, pese a ser beneficiario de la misma (al igual que sus hermanos y su madre), nunca le preguntó a su progenitor sobre la misma. Luego Mas fue conseller de Obras Públicas (1995), de Economía (1997) y de Presidencia en el último gobierno de Jordi Pujol. Pese a ocupar esos altos cargos, nunca le sugirió a su padre la posibilidad de regularizar esos fondos(más de dos millones de euros), seguramente por temor a que su carrera política pudiera verse afectada. Más o menos igual que le ocurrió a Pujol con el dinero heredado de su padre, pero con la importante diferencia de que a la muerte del de Mas la heredera fue la madre.

A nadie se le pasa por la cabeza que un hijo pueda denunciar a un padre (aunque este sea conseller de Economía), pero lo cierto es que no hubiera estado nada mal que Mas instase a su progenitor a ponerse al corriente de pago o, al menos, pedirle que le retirase como beneficiario de la cuenta.

Se trata de una situación en la que no existe delito por parte del president, en la que no incumple ninguna norma y en la que otros muchos catalanes se han visto involucrados al principio de la Transición. Quizá por eso se justifica. Pero lo cierto es que Mas no es un catalán de a pie y, precisamente por su condición, además de ser honrado debe parecerlo, igual que la mujer del césar. A mí personalmente, se me queda un regusto amargo al saber que el presidente de todos los catalanes no supo o no quiso saber nada de los tejemanejes de sus dos padres: el biológico y el político.

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Administraciones frenan el empleo

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Puede que resulte paradójico y que no sea su intención, pero a día de hoy, las Administraciones catalanas son el mayor obstáculo para crear empleo. Y no se trata de una administración determinada, sino que todas ellas -Estado, Generalitat y ayuntamientos- ponen multitud de trabas a las empresas para llevar a cabo iniciativas cuya ejecución supondría la creación de nuevos puestos de trabajo.

Algunos ejemplos son sangrantes. El Port de Barcelona acaba de cerrar el mejor año en tráficos de su historia y dispone de proyectos para su desarrollo que no puede poner en marcha por falta de personal. Al tratarse de un ente participado por el Estado y la Generalitat, tiene congelada la plantilla desde hace años. El puerto ni puede cubrir las bajas ni retener los contratos de interinos, de forma que mientras la instalación no para de crecer, la plantilla no para de menguar. Actualmente, cuenta con unos 500 trabajadores, de los que 170 son policía portuaria y que se limitan a patrullar. Es decir, 330 personas operativas para una empresa que en 2013 facturó 159 millones de euros y alcanzó un beneficio de 74 millones. “Nosotros queremos y podemos crear empleo, pero no nos dejan”, me explican fuentes portuarias.

Pero no es el único caso en el sector público. Otras empresas, entes o consorcios tienen paralizados sus planes de inversión a la espera de lo que “ocurra en Cataluña”. El adelanto de las elecciones autonómicas catalanas anunciado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 27 de septiembre ha caído como una bomba. De repente, 2015 se ha convertido en un año de espera, en la que ningún funcionario quiere tomar decisiones.

Y si eso ocurre en el sector público, en el privado la cosa es más exagerada. Cualquier decisión empresarial que necesite autorización pública ha quedado paralizada, ya que las compañías tienen una auténtica sensación de “inseguridad jurídica”, lo peor que le podía suceder a la economía catalana.

Cataluña se desangra

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Cataluña se desangra y sus médicos (los políticos) han decidido aplicar un torniquete en vez de operar. Convocar elecciones a nueve meses vista es como colocar en lista de espera a enfermos con corta esperanza de vida, algo que desgraciadamente también ocurre en Cataluña por falta de dinero en la sanidad. Un dinero que sin embargo no falta para celebrar elecciones. Cada votación nos cuesta a los catalanes 25 millones de euros de dinero público (sin contar con el operativo policial ni los otros 10 millones que se gastan los partidos). Eso nos costaron las elecciones autonómicas anticipadas del 2012 y será lo que nos costarán las también anticipadas del próximo 27 de septiembre. Y las municipales del 24 de mayo, otros 25, y las generales de diciembre, otros 25. Sin olvidar la factura de 1o millones de la pseudo consulta del 9-N. Total… ¡110 millones de euros! Una cifra que da para cubrir cinco veces el fondo de pobreza energética con que tanto se llena la boca CiU. O para reabrir todas las camas hospitalarias cerradas cuando llega la epidemia de gripe y se hacen necesarias. O… mil necesidades más.

Lo pactado entre Artur Mas y Oriol Junqueras, con la anuencia de Carme Forcadell, da vergüenza. Condenar a los catalanes a tres citas electorales consecutivas en siete meses es un derroche de dinero que debería estar prohibido. De hecho, yo pensaba que los estaba y que la legislación obligaba a unificar fechas electorales cuando estas están separadas por menos de seis meses. Pero parece ser que no. Los políticos legislan a conveniencia propia y luego no me extraña que los ciudadanos reaccionen contra ellos cuando surgen alternativas políticas que denuncian esa situación. Quien siembra vientos recoge tempestades. 

Pero es que más allá del dinero, el trío Mas-Junqueras-Forcadell ha decidido condenar a Cataluña y a los catalanes a perder un segundo año de recuperación económica. Perdimos 2014 y ahora han hecho lo mismo con 2015. ¿Alguien se imagina a algún empresario invirtiendo en un país cuyo futuro político pende de un hilo? La inversión extranjera ha caído a mínimos y la que llega es para mantener las fábricas actuales. Entre los empresarios locales proyectos nuevos muy pocos o ninguno. Es decir, en plena recuperación económica, Cataluña se autoelimina como escenario de nuevas inversiones. ¡Qué decisión más inteligente! 

El dinero es cobarde y lo que más miedo le da no es la independencia, sino la incertidumbre. Dejar a Cataluña en situación de incertidumbre durante nueve meses es un acto grave de irresponsabilidad política y en una empresa privada podría ser denunciado ante el juez como un delito de administración fraudulenta. Los gestores de Cataluña (los políticos) conocen el efecto que tendrá su decisión y cuál es la solución final, pero en vez de aplicarla ahora lo harán dentro de nueve meses con grave deterioro para la economía catalana. Que le pregunten al ex presidente de Spanair, Ferran Soriano, que está en una causa judicial por aplazar el concurso de acreedores de la aerolínea unas semanas sabiendo que era la única solución. 

Toda sociedad civil catalana (no sólo la independentista) debería obligar a los políticos a unificar las elecciones autonómicas con las municipales del 24 de mayo. Por los 25 millones de ahorro, pero sobre todo para dejar de ser un lastre para la economía de Cataluña.

La abdicación de los grandes empresarios

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Estamos viviendo uno de los momentos más convulsos de la historia de Cataluña. Al menos un tercio de los catalanes se muestra a favor de la separación de España y el resto espera que el Gobierno del Estado realice una oferta que reconozca unas singularidades culturales y económicas superiores a las que tienen en la Constitución comunidades autónomas como Murcia, La Rioja, Extremadura o Andalucía.

En medio de esta coyuntura se echa en falta un mayor protagonismo de los grandes empresarios catalanes. Al contrario de lo que ocurrió en otras épocas, los prohombres del mundo empresarial han renunciado a ejercer su influencia social y económica para acercar posiciones entre la Generalitat y el Estado en el conflicto actual. Es un hecho que las grandes organizaciones patronales ya no están presididas por los propietarios de los grandes grupos catalanes. Fomento del Trabajo, lo preside Joaquim Gay de Montellà, que gestiona un pequeño grupo hotelero, y la Cámara de Comercio de Barcelona está presidida desde hace 16 años por Miquel Valls, cuya actividad empresarial particular queda reducida a ser presidente de la filial española de la francesa Fichet. Incluso el Círculo de Economía, el último gran bastión de influencia de los grandes empresarios catalanes en Madrid, ahora está presidido por Antón Costas, un catedrático de reconocido prestigio y mejor persona. Costas asumió el cargo ante la negativa del presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, y del presidente de Agrolimen, Artur Carulla, a tomar el relevo de Josep Piqué que, pese a no ser empresario, acumulaba la experiencia del directivo de alta dirección con el reconocimiento de haber sido ministro de Industria y de Exteriores en el Gobierno de José María Aznar.

La debilidad de los órganos patronales catalanes no les permite ejercer de catalizadores de un acuerdo y eso perjudica a la economía catalana y, por extensión, a la española, pero también a sus propios intereses particulares.

Sin Mas, sin Rajoy

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La incertidumbre que vive Cataluña es insostenible. Aunque nadie quiere reconocerlo, la realidad es que los inversores (industriales y financieros) han congelado su actividad hasta que Gobierno y Generalitat decidan ponerse de acuerdo. El dinero es cobarde y huye del riesgo y ahora mismo el territorio catalán es un área de riesgo geopolítico, por lo que mejor no poner un pie allí.
Ante esta situación que perjudica a la economía catalana y a la española (es decir al bolsillo de los catalanes y al resto de españoles), urge eliminar la incertidumbre que están generando a partes iguales el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el del Gobierno, Mariano Rajoy. El cruce de reproches y demandas que protagonizan ambos es la prueba definitiva de que sus posturas son irreconciliables.
¿Qué hacen las multinacionales cuando tienen un conflicto que daña sus intereses y sus ejecutivos son incapaces de resolverlo? Los reemplaza. Cuando se constata la incapacidad de los negociadores para encontrar una solución, la multinacional los retira de la mesa y coloca a unos nuevos, vírgenes de reproches mutuos y de cuentas sin saldar. A los viejos negociadores se les suele ascender y a alguno de ellos incluso le han otorgado la presidencia de honor de la empresa.
Aunque evidentemente la democracia no es una empresa, deberíamos aprender de las compañías privadas que velan por el interés de sus accionistas y no pueden permitirse años de estancamiento mientras otros competidores las adelantan. La pregunta es: ¿sin Mas y sin Rajoy es posible encontrar una solución para Cataluña? Si la respuesta es afirmativa, tenemos las urnas a la vuelta de la esquina para cambiar a nuestros interlocutores.

Votar y contar

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La pseudoconsulta del 9-N debe celebrase porque, al carecer de valor legal, se ha convertido en un nuevo mecanismo mediante el que una parte de la población catalana quiere expresar su malestar con el Gobierno de España. Cualquier manifestación, opinión o crítica es bienvenida en democracia porque es la esencia de la misma.
El domingo en Cataluña unos ciudadanos se desplazarán a los locales facilitados por la Generalitat para manifestar su opinión y otros se quedarán en casa para defender la contraria, igual que ha ocurrido en los tres últimos 11 de septiembre.
El problema es que, sea el que sea el resultado de este proceso consultivo, el lunes 10 no habrá cambiado nada. El empecinamiento de Artur Mas por este proceso tiene que ver con su objetivo de cumplir la promesa de colocar unas urnas y, sobre todo, contabilizar cuántos catalanes quieren de verdad la independencia. Sin el apoyo de ERC, el president se verá obligado a convocar elecciones autonómicas anticipadas y la información que recoja el domingo será clave para decidir si CiU acude en solitario, si lo hace en coalición con una plataforma cívica (el denominado partido del presidente) o fuerza la máquina para crear una lista unitaria y convertir los comicios en un plebiscito encubierto después del cual se realizará una DUI (Declaración Unilateral de Independencia). Ese es el auténtico motivo de la triple pregunta del referéndum original: saber cuantos catalanes quieren una España federal y cuantos la independencia para definir la futura línea política de CiU.
La astucia y habilidad que defiende Mas para burlar al Gobierno de Mariano Rajoy, también la está utilizando para torear al presidente de ERC, Oriol Junqueras, que, en su afán por no tomar protagonismo, está comulgando con ruedas de molino. Aunque el republicano ha demostrado su inteligencia estratégica, Junqueras no debería menospreciar la capacidad de supervivencia de Mas, un político con mucho más instinto y experiencia que él, que actúa a la desesperada contra unas encuestas electorales que castigan duramente a CiU.

Mas y Rajoy votan juntos

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Se me ha ocurrido curiosear sobre las tarjetas de votación que está emitiendo la Generalitat a través de la web Participa2014 y el servicio telefónico 112. La primera prueba que he hecho es intentar lograr la tarjeta de votación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, vecino de la delegación de elEconomista en Cataluña. Con la dirección de su domicilio y el apellido hemos podido comprobar que Artur Mas debería votar el domingo en la Escola Pia Balmes, en la calle Balmes 208, un colegio cercano a su domicilio, pero que no es al que va a votar cuando se celebran elecciones de verdad. La mesa que le corresponde es la 2509U.
El segundo ejercicio de curiosidad es si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, puede sacarse una tarjeta de votación similar a la de Artur Mas. Nos hemos inventado una dirección cercana, Balmes 199, y colocando su primer apellido la web emite una tarjeta de votación casi idéntica a la de Mas. El hipotético Rajoy debería votar en la Escola Pia Balmes, pero en la mesa 2510R vecina de la de Mas.
Las pruebas realizadas demuestran dos cosas, una negativa y otra positiva. La primera es que la página web (que cuenta con el logo de la Generalitat de Cataluña) no es nada rigorosa ni es garantía de ningún proceso democrático como el gobierno de Artur Mas quiere dar a entender a la ciudadanía. La segunda, la positiva, es que nuestros datos (y los de los señores Mas y Rajoy) no andan deambulando por el ciberespacio de Internet y pueden quedar en manos de cualquier desaprensivo.

Censo de catalanes buenos

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La suspensión de la consulta soberanista catalana por parte del Tribunal Constitucional impedirá la celebración de una votación que utilice el censo electoral, pero no la votación voluntaria que ha organizado como alternativa la Generalitat. La anunciada astucia de Artur Mas pasa por convocar a los catalanes a que acudan con su DNI a determinados colegios públicos y locales municipales para que voluntariamente apunten sus datos personales en un listado y posteriormente depositen una simbólica papeleta en un simbólica urna.

Hasta aquí nada que objetar, aunque lo cierto es que CiU está utilizando dinero público para lograr un objetivo partidista. Sin embargo, lo más preocupante es el listado de ciudadanos que se creará con esta pseudovotación. Mayoritariamente acudirán a la convocatoria de Mas aquellos ciudadanos que consideran que la independencia de Cataluña es la mejor opción, mientras que aquellos que no lo ven así muy probablemente no lo harán.

 Con estos datos en las manos, la Generalitat tendrá un listado de lo que CiU y ERC consideran los catalanes buenos, aquellos que quieren la independencia de Cataluña. Si deciden cruzar esta lista con el Registro de Población que la administración catalana posee para la gestión del día (impuestos, multas, etc.),el presidente de la Generalitat dispondrá en un click de la lista de los catalanes malos, aquellos que no apuestan por la independencia de Cataluña.

 Hasta ahora el voto particular siempre ha sido secreto (¿recuerdan las cabinas con una cortina para cerrar el sobre?), pero esta pseudovotación no garantiza este derecho básico en la democracia.

 Si las administraciones, que ya tienen todos nuestros datos administrativos, además poseen nuestros datos ideológicos y pueden segmentar a la población por sus ideas, entramos en un terreno muy peligroso y más cercano a los regímenes totalitarios que a una verdadera democracia.

 

CiU y ERC pelean por el ‘amor’ de Forcadell

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El sábado jugué un partido de fútbol en un campo reglamentario, con uniformes, árbitro y trofeos, pero no por eso era una competición oficial. Igual ocurre con la frase que ayer pronunció Artur Mas: “El 9 de noviembre habrá locales abiertos, urnas y papeletas”, pero no por eso se puede decir que en Cataluña se celebrará una consulta. No habrá censo, ni padrón, ni ningún registro que controle la votación y cualquier ciudadano podrá acudir a un local con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y votar. De hecho, podrá ir a un local, a dos o a tres a hacerlo, ya que los controles anunciados ofrecen muy pocas garantías.

Ante esta evidencia, ¿por qué Mas insiste en celebrar esta consulta de pandereta y no convoca unas elecciones autonómicas anticipadas, dotadas de carácter plebiscitario? La respuesta tiene nombre de mujer: Carme Forcadell. La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) es a día de hoy la mujer más poderosa de Cataluña , ya que mueve a la gran masa social proindependencia que se manifiesta en las calles de Barcelona. Su organización cuenta con más de 37.000 afiliados y miles de voluntarios que el pasado lunes se inscribieron en la Generalitat para actuar como apoderados en las mesas electorales de la consulta del 9-N.

Aunque por ideas la ANC siempre ha parecido más cercana a ERC, lo cierto es que la sintonía personal de Forcadell con Mas es superior a la que mantiene con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el president no está dispuesto a desaprovechar una oportunidad política. La apuesta por la firmeza y la desobediencia civil que defiende Junqueras sólo lleva a la suspensión de la consulta y, en consecuencia, a la frustración de los afiliados a la ANC. Por el contrario, el sucedáneo de consulta que ofrece Mas, aunque falto de efectividad legal, cubre las expectativas de los seguidores de Forcadell, sobre todo si el president les asegura que tras esta votación, tarde o temprano, llegarán unas elecciones autonómicas plesbiscitarias que serán “las definitivas”. De esta forma, la ANC, que ha convocado este domingo 19 otra macromanifestación en Barcelona, mantiene en alto el ánimo de sus tropas y las moviliza para celebrar una votación que se convierte en un escalón más en el camino hacia la independencia.

De hecho, Forcadell, de visita a Bruselas, mantuvo ayer un extraño silencio durante todo el día que tenía previsto romper anoche. Durante la jornada, sólo un twitter donde criticaba que los partidos catalanes favorables a la independencia hubieran roto la unidad política. Exactamente el mismo argumento que utilizó Mas durante su conferencia de prensa.

El poder de Forcadell es tan grande en Cataluña que ni el propio Junqueras se atrevió ayer tarde a desacreditar la nueva propuesta de Mas y, aunque le reclamó elecciones anticipadas lo antes posible, también aseguró que ERC ayudará al Ejecutivo catalán en cualquier tipo de consulta que organice. Los republicanos pueden romper con CiU, pero no se pueden permitir hacer lo mismo con la ANC, una organización que es capaz de reunir en las calles a más de un millón de personas.

Tenía razón Mariano Rajoy al preguntarse el lunes sobre quién manda en Cataluña, porque Forcadell se ha convertido en un factor de poder decisivo.