La privatización del agua de Barcelona

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La victoria de Ada Colau debe preocupar en especial a dos personas: al presidente del GSM Mobile World Congress, John Hoffman, y al de Aguas de Barcelona, Ángel Simón. El primero debió de quedarse de piedra al ver que al día siguiente de las elecciones algunos trabajadores de subcontratas de Telefónica ocupaban la sede de la Mobile World Capital Barcelona en la Plaza Catalunya y nadie hacía nada para desalojarlos. Sin embargo, seguramente se tranquilizó al escuchar a la futura alcaldesa afirmar que apoya la celebración del congreso mundial de móviles aunque la riqueza que genera debe estar más repartida. Prudencia institucional en una formación que se define de izquierda radical, son buenas noticias.

El segundo afectado no lo tendrá tan fácil. En la candidatura de Colau figura como número tres las diputada de ICV Laia Ortiz, muy activa contra la privatización de la gestión del agua en Catalunya. Sus criticas a la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), traspasada en concesión por la Generalitat a Acciona, han sido feroces y ahora le corresponderá a ella decidir sobre la gestión del agua en la capital catalana, desde hace décadas en manos de Agbar.

En el programa electoral de Barcelona en Comú, bajo el epígrafe Recuperar el agua como bien común, la formación asegura que “el agua es un bien común indispensable para la vida y el acceso a agua de calidad es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas” y que por lo tanto “el Ayuntamiento debe garantizar el acceso universal, y su gestión debe guiarse por criterios sociales y ambientales, y no estar sometida al negocio privado”. Además, afirma que la concesión de la gestión del agua “a una empresa dominada por Agbar en 2012 fue un proceso opaco, lleno de irregularidades, y sobre el que la propia Oficina Antifraude ha señalado muchas dudas”. La suerte para Simón es que Colau sólo ha sacado 11 concejales, ya que el número 12 era Eloi Badia, portavoz de la plataforma Aigua és Vida, un feroz enemigo.

‘Deflación’ en el Círculo de Economía

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El Círculo de Economía como foro empresarial capaz de crear opinión ha perdido valor. Su particular deflación se inició cuando el fallecido José Manuel Lara abandonó la presidencia en 2008. Su sucesor, Salvador Alemany, tuvo que lidiar con la peor crisis económica en décadas y su papel fue muy digno hasta 2011 cuando cedió el testigo al ex ministro y ex militante del PP, Josep Piqué. El marcado perfil político de Piqué inoculó en esta organización empresarial un virus del que todavía no se recuperado: la tibieza. El ex ministro intentó sacar adelante algunas de las denominadas Notas de Opinión, pero ante la deriva soberanista en la que había entrado Artur Mas, el Círculo se quebró y dejó de rodar. La salida de Piqué en 2013 y el vacío que se produjo en su sucesión dejó la presidencia en manos de un académico, el catedrático de Economía Antón Costas, vicepresidente casi vitalicio de la entidad que se vio obligado a dar un paso al frente ante la falta de candidatos solventes.

En esa coyuntura, con el proceso soberanista en plena efervescencia, el mandato de Costas, catalán de adopción pero gallego de nacimiento, se ha caracterizado por la tibieza y la ausencia de las Notas de Opinión que fijaban la posición de una organización que antes era capaz de influir en la realidad política catalana y española. Las críticas por la falta de liderazgo del presidente y la pérdida de peso específico de la organización ya son numerosas entre los socios y posiblemente se pondrán de manifiesto en las jornadas que celebrará el Círculo en Sitges los días 28, 29 y 30 de mayo.

En esas jornadas Antón Costas, que acaba mandato en 2016, se enfrenta a un auténtica reválida. Él fía el éxito del encuentro a la tradicional presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del jefe de la oposición, Pedro Sánchez, del ministro de Economía, Luis de Guindos, o del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, pero ante la realidad que vive Catalunya quizá ha llegado el momento de que el Círculo despierte de su letargo.

Seat y el síndrome Pulgarcito

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Seat es la primera empresa industrial de Cataluña. El año pasado, la filial española de Volkswagen (VW) logró la mayor facturación de su historia, 7.497 millones de euros, y aumentó su plantilla hasta los 12.626 trabajadores. La compañía que preside Jürgen Stackmann redujo a la mitad sus pérdidas -hasta 66 millones- y, por primera vez en mucho tiempo, logró alcanzar un flujo de caja positivo -cash flow- de 523 millones, cantidad que le permite autofinanciarse.

Pese a estos números positivos, Seat padece el síndrome Pulgarcito. Aunque es la empresa industrial más grande Cataluña, la compañía es la más pequeña dentro de las marcas generalistas del grupo multinacional VW y, lo que es peor, la única que año tras año sigue tiñendo de rojo las cuentas de resultados que dirige con mano de hierro el presidente del comité de vigilancia del consorcio alemán, Ferdinand Piëch. El fabricante español es comparado de tú a tú con Skoda, la firma de la República Checa que VW compró poco después de Seat y que ha crecido mucho más y más rápido.

Skoda cerró el año pasado con una facturación de 11.758 millones de euros (4.000 millones más que Seat ), vendió más de un millón de coches (frente a los casi 400.000 de la marca española) y, lo que es más importante, alcanzó un flujo de caja positivo de 2.065 millones y un beneficio neto de 698 millones. Estas dos últimas cifras han permitido al fabricante checo tener las manos libres para producir sus vehículos en el enorme mercado chino, mientras que Seat se ha tenido que limitar a intentar montar una red de concesionarios con coches importados que, como era de esperar, ha fracasado.

Seat ya no puede seguir escondiéndose debajo de la hoja de col y debe conseguir la rentabilidad suficiente para fabricar sus productos en los mercados con mayor crecimiento de las ventas de coches. Sin esa visión global, el futuro de la compañía dentro de Volkswagen siempre seguirá siendo cuestionado.

El puente de la Mercè y las plebiscitarias

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A nuestros políticos se le llena la boca de palabras como democracia directa, aumento de la participación o consulta popular, pero lo cierto es que casi siempre velan por sus intereses particulares y prefieren que los ciudadanos no acudan a votar. El último ejemplo son las elecciones autonómicas que Artur Mas ha asegurado que adelantará al próximo 27 de septiembre, en pleno puente de la Mercè, patrona de Barcelona. El 24 cae en jueves y los barceloneses y los habitantes de gran parte del área metropolitana de Barcelona -L’Hospitalet, Cornellà, Santa Coloma…- podrán disfrutar de un magnífico puente de cuatro días en un septiembre que últimamente se ha convertido en un mes tanto o más playero que el de julio.

Casi un tercio de los cinco millones de catalanes con derecho a voto tendrán que decidir en esas fechas si prefieren disfrutar de una prórroga de sus vacaciones estivales o, por el contrario, prefieren vivir con intensidad la campaña electoral y movilizarse para votar. Curiosamente, ese tercio de catalanes son los que viven en el área de Barcelona, la zona de Cataluña que menos apoya a la independencia. Por hacer comparaciones, sería como si en Navarra se convocaran elecciones en San Fermín, como si en Sevilla lo hicieran durante la Feria de Abril, en Valencia en Fallas o en Madrid en el puente de mayo.

Todos los analistas coinciden en que la suma de votos de Convergència y de ERC sería insuficiente para obtener la mayoría parlamentaria si la participación en las elecciones catalanas se aproxima al 80 por ciento, un nivel que hace años no se alcanza. Sin embargo, con una participación del 65 por ciento -que es la que se suele dar en este tipo de votaciones- los dos partidos favorables a la independencia sumarían más de 68 escaños que es la cifra que marca la mayoría absoluta en el Parlament. Aunque Mas asegura que quiere convertir las autonómicas en un plebiscito, lo cierto es que con la elección de esa fecha lo único que quiere es prescindir de la voluntad de miles de ciudadanos.

La cuenta del padre de Mas

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El presidente de la Generalitat, Artur Mas, confesó en el Parlament que conocía que su padre tenía una cuenta en Liechestein a finales de los años 80 y que, pese a ser beneficiario de la misma (al igual que sus hermanos y su madre), nunca le preguntó a su progenitor sobre la misma. Luego Mas fue conseller de Obras Públicas (1995), de Economía (1997) y de Presidencia en el último gobierno de Jordi Pujol. Pese a ocupar esos altos cargos, nunca le sugirió a su padre la posibilidad de regularizar esos fondos(más de dos millones de euros), seguramente por temor a que su carrera política pudiera verse afectada. Más o menos igual que le ocurrió a Pujol con el dinero heredado de su padre, pero con la importante diferencia de que a la muerte del de Mas la heredera fue la madre.

A nadie se le pasa por la cabeza que un hijo pueda denunciar a un padre (aunque este sea conseller de Economía), pero lo cierto es que no hubiera estado nada mal que Mas instase a su progenitor a ponerse al corriente de pago o, al menos, pedirle que le retirase como beneficiario de la cuenta.

Se trata de una situación en la que no existe delito por parte del president, en la que no incumple ninguna norma y en la que otros muchos catalanes se han visto involucrados al principio de la Transición. Quizá por eso se justifica. Pero lo cierto es que Mas no es un catalán de a pie y, precisamente por su condición, además de ser honrado debe parecerlo, igual que la mujer del césar. A mí personalmente, se me queda un regusto amargo al saber que el presidente de todos los catalanes no supo o no quiso saber nada de los tejemanejes de sus dos padres: el biológico y el político.

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Administraciones frenan el empleo

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Puede que resulte paradójico y que no sea su intención, pero a día de hoy, las Administraciones catalanas son el mayor obstáculo para crear empleo. Y no se trata de una administración determinada, sino que todas ellas -Estado, Generalitat y ayuntamientos- ponen multitud de trabas a las empresas para llevar a cabo iniciativas cuya ejecución supondría la creación de nuevos puestos de trabajo.

Algunos ejemplos son sangrantes. El Port de Barcelona acaba de cerrar el mejor año en tráficos de su historia y dispone de proyectos para su desarrollo que no puede poner en marcha por falta de personal. Al tratarse de un ente participado por el Estado y la Generalitat, tiene congelada la plantilla desde hace años. El puerto ni puede cubrir las bajas ni retener los contratos de interinos, de forma que mientras la instalación no para de crecer, la plantilla no para de menguar. Actualmente, cuenta con unos 500 trabajadores, de los que 170 son policía portuaria y que se limitan a patrullar. Es decir, 330 personas operativas para una empresa que en 2013 facturó 159 millones de euros y alcanzó un beneficio de 74 millones. “Nosotros queremos y podemos crear empleo, pero no nos dejan”, me explican fuentes portuarias.

Pero no es el único caso en el sector público. Otras empresas, entes o consorcios tienen paralizados sus planes de inversión a la espera de lo que “ocurra en Cataluña”. El adelanto de las elecciones autonómicas catalanas anunciado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 27 de septiembre ha caído como una bomba. De repente, 2015 se ha convertido en un año de espera, en la que ningún funcionario quiere tomar decisiones.

Y si eso ocurre en el sector público, en el privado la cosa es más exagerada. Cualquier decisión empresarial que necesite autorización pública ha quedado paralizada, ya que las compañías tienen una auténtica sensación de “inseguridad jurídica”, lo peor que le podía suceder a la economía catalana.

Cataluña se desangra

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Cataluña se desangra y sus médicos (los políticos) han decidido aplicar un torniquete en vez de operar. Convocar elecciones a nueve meses vista es como colocar en lista de espera a enfermos con corta esperanza de vida, algo que desgraciadamente también ocurre en Cataluña por falta de dinero en la sanidad. Un dinero que sin embargo no falta para celebrar elecciones. Cada votación nos cuesta a los catalanes 25 millones de euros de dinero público (sin contar con el operativo policial ni los otros 10 millones que se gastan los partidos). Eso nos costaron las elecciones autonómicas anticipadas del 2012 y será lo que nos costarán las también anticipadas del próximo 27 de septiembre. Y las municipales del 24 de mayo, otros 25, y las generales de diciembre, otros 25. Sin olvidar la factura de 1o millones de la pseudo consulta del 9-N. Total… ¡110 millones de euros! Una cifra que da para cubrir cinco veces el fondo de pobreza energética con que tanto se llena la boca CiU. O para reabrir todas las camas hospitalarias cerradas cuando llega la epidemia de gripe y se hacen necesarias. O… mil necesidades más.

Lo pactado entre Artur Mas y Oriol Junqueras, con la anuencia de Carme Forcadell, da vergüenza. Condenar a los catalanes a tres citas electorales consecutivas en siete meses es un derroche de dinero que debería estar prohibido. De hecho, yo pensaba que los estaba y que la legislación obligaba a unificar fechas electorales cuando estas están separadas por menos de seis meses. Pero parece ser que no. Los políticos legislan a conveniencia propia y luego no me extraña que los ciudadanos reaccionen contra ellos cuando surgen alternativas políticas que denuncian esa situación. Quien siembra vientos recoge tempestades. 

Pero es que más allá del dinero, el trío Mas-Junqueras-Forcadell ha decidido condenar a Cataluña y a los catalanes a perder un segundo año de recuperación económica. Perdimos 2014 y ahora han hecho lo mismo con 2015. ¿Alguien se imagina a algún empresario invirtiendo en un país cuyo futuro político pende de un hilo? La inversión extranjera ha caído a mínimos y la que llega es para mantener las fábricas actuales. Entre los empresarios locales proyectos nuevos muy pocos o ninguno. Es decir, en plena recuperación económica, Cataluña se autoelimina como escenario de nuevas inversiones. ¡Qué decisión más inteligente! 

El dinero es cobarde y lo que más miedo le da no es la independencia, sino la incertidumbre. Dejar a Cataluña en situación de incertidumbre durante nueve meses es un acto grave de irresponsabilidad política y en una empresa privada podría ser denunciado ante el juez como un delito de administración fraudulenta. Los gestores de Cataluña (los políticos) conocen el efecto que tendrá su decisión y cuál es la solución final, pero en vez de aplicarla ahora lo harán dentro de nueve meses con grave deterioro para la economía catalana. Que le pregunten al ex presidente de Spanair, Ferran Soriano, que está en una causa judicial por aplazar el concurso de acreedores de la aerolínea unas semanas sabiendo que era la única solución. 

Toda sociedad civil catalana (no sólo la independentista) debería obligar a los políticos a unificar las elecciones autonómicas con las municipales del 24 de mayo. Por los 25 millones de ahorro, pero sobre todo para dejar de ser un lastre para la economía de Cataluña.

La abdicación de los grandes empresarios

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Estamos viviendo uno de los momentos más convulsos de la historia de Cataluña. Al menos un tercio de los catalanes se muestra a favor de la separación de España y el resto espera que el Gobierno del Estado realice una oferta que reconozca unas singularidades culturales y económicas superiores a las que tienen en la Constitución comunidades autónomas como Murcia, La Rioja, Extremadura o Andalucía.

En medio de esta coyuntura se echa en falta un mayor protagonismo de los grandes empresarios catalanes. Al contrario de lo que ocurrió en otras épocas, los prohombres del mundo empresarial han renunciado a ejercer su influencia social y económica para acercar posiciones entre la Generalitat y el Estado en el conflicto actual. Es un hecho que las grandes organizaciones patronales ya no están presididas por los propietarios de los grandes grupos catalanes. Fomento del Trabajo, lo preside Joaquim Gay de Montellà, que gestiona un pequeño grupo hotelero, y la Cámara de Comercio de Barcelona está presidida desde hace 16 años por Miquel Valls, cuya actividad empresarial particular queda reducida a ser presidente de la filial española de la francesa Fichet. Incluso el Círculo de Economía, el último gran bastión de influencia de los grandes empresarios catalanes en Madrid, ahora está presidido por Antón Costas, un catedrático de reconocido prestigio y mejor persona. Costas asumió el cargo ante la negativa del presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, y del presidente de Agrolimen, Artur Carulla, a tomar el relevo de Josep Piqué que, pese a no ser empresario, acumulaba la experiencia del directivo de alta dirección con el reconocimiento de haber sido ministro de Industria y de Exteriores en el Gobierno de José María Aznar.

La debilidad de los órganos patronales catalanes no les permite ejercer de catalizadores de un acuerdo y eso perjudica a la economía catalana y, por extensión, a la española, pero también a sus propios intereses particulares.

Sin Mas, sin Rajoy

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La incertidumbre que vive Cataluña es insostenible. Aunque nadie quiere reconocerlo, la realidad es que los inversores (industriales y financieros) han congelado su actividad hasta que Gobierno y Generalitat decidan ponerse de acuerdo. El dinero es cobarde y huye del riesgo y ahora mismo el territorio catalán es un área de riesgo geopolítico, por lo que mejor no poner un pie allí.
Ante esta situación que perjudica a la economía catalana y a la española (es decir al bolsillo de los catalanes y al resto de españoles), urge eliminar la incertidumbre que están generando a partes iguales el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el del Gobierno, Mariano Rajoy. El cruce de reproches y demandas que protagonizan ambos es la prueba definitiva de que sus posturas son irreconciliables.
¿Qué hacen las multinacionales cuando tienen un conflicto que daña sus intereses y sus ejecutivos son incapaces de resolverlo? Los reemplaza. Cuando se constata la incapacidad de los negociadores para encontrar una solución, la multinacional los retira de la mesa y coloca a unos nuevos, vírgenes de reproches mutuos y de cuentas sin saldar. A los viejos negociadores se les suele ascender y a alguno de ellos incluso le han otorgado la presidencia de honor de la empresa.
Aunque evidentemente la democracia no es una empresa, deberíamos aprender de las compañías privadas que velan por el interés de sus accionistas y no pueden permitirse años de estancamiento mientras otros competidores las adelantan. La pregunta es: ¿sin Mas y sin Rajoy es posible encontrar una solución para Cataluña? Si la respuesta es afirmativa, tenemos las urnas a la vuelta de la esquina para cambiar a nuestros interlocutores.

Votar y contar

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La pseudoconsulta del 9-N debe celebrase porque, al carecer de valor legal, se ha convertido en un nuevo mecanismo mediante el que una parte de la población catalana quiere expresar su malestar con el Gobierno de España. Cualquier manifestación, opinión o crítica es bienvenida en democracia porque es la esencia de la misma.
El domingo en Cataluña unos ciudadanos se desplazarán a los locales facilitados por la Generalitat para manifestar su opinión y otros se quedarán en casa para defender la contraria, igual que ha ocurrido en los tres últimos 11 de septiembre.
El problema es que, sea el que sea el resultado de este proceso consultivo, el lunes 10 no habrá cambiado nada. El empecinamiento de Artur Mas por este proceso tiene que ver con su objetivo de cumplir la promesa de colocar unas urnas y, sobre todo, contabilizar cuántos catalanes quieren de verdad la independencia. Sin el apoyo de ERC, el president se verá obligado a convocar elecciones autonómicas anticipadas y la información que recoja el domingo será clave para decidir si CiU acude en solitario, si lo hace en coalición con una plataforma cívica (el denominado partido del presidente) o fuerza la máquina para crear una lista unitaria y convertir los comicios en un plebiscito encubierto después del cual se realizará una DUI (Declaración Unilateral de Independencia). Ese es el auténtico motivo de la triple pregunta del referéndum original: saber cuantos catalanes quieren una España federal y cuantos la independencia para definir la futura línea política de CiU.
La astucia y habilidad que defiende Mas para burlar al Gobierno de Mariano Rajoy, también la está utilizando para torear al presidente de ERC, Oriol Junqueras, que, en su afán por no tomar protagonismo, está comulgando con ruedas de molino. Aunque el republicano ha demostrado su inteligencia estratégica, Junqueras no debería menospreciar la capacidad de supervivencia de Mas, un político con mucho más instinto y experiencia que él, que actúa a la desesperada contra unas encuestas electorales que castigan duramente a CiU.