Urdangarín debe vender su casa ya

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La ciudad de Barcelona ha conseguido situarse en la lista de capitales europeas que quieren visitar los turistas de todo el mundo. El presidente de Vueling, Álex Cruz, lo ha resumido con claridad: “Nadie hará un tour por Europa sin pasar por Barcelona” y por eso ya ha empezado a reclamar una ampliación del aeropuerto de El Prat.

Lo que ve venir Cruz, lo están viendo muchos otros empresarios tanto nacionales como extranjeros. Los hoteleros autóctonos y foráneos buscan sin parar inmuebles en la ciudad para ampliar el número de camas, pese a las advertencias de algunos expertos que aseguran que existe una burbuja en el sector.

También lo ven los inversores extranjeros que andan a la caza de los escasísimos solares que existen en el centro de la ciudad para promover apartamentos de lujo. Intuyen que habrá demanda de personas de rentas altas que quieran poseer una residencia adicional en Barcelona y que ya tienen casa en urbes como París, Londres o Nueva York. Vamos, un negocio redondo.

El resultado de todos estos movimientos es que edificios en el casco antiguo, solares en el Eixample o casas de lujo en la parte alta de la ciudad andan muy buscadas y duran menos en el mercado que un caramelo a la puerta de un colegio. Me contaba un intermediario que, tras mucho buscar, encontró una finca valorada en siete millones y cuando logró autorización de su cliente para realizar la compra el propietario ya la había vendido a otro. Vamos que es el momento para que Iñaki Urdangarín venda su palacete en Pedralbes y devuelva parte del dinero público del que, presuntamente, se apropio.

Lo cierto es que Barcelona es un isla de prosperidad en un mar donde todavía no se han acabado las turbulencias. El sector inmobiliario en el resto de Cataluña sigue protagonizando un descensos de precios continuado y el número de ventas no despega a la velocidad que lo han hecho en otras autonomías de la costa mediterránea. Para dar por enterrada la crisis todavía falta mucho, pero ahora aprovechemos el boom de Barcelona.

Mas cambia de actitud tras la protesta de Pimec

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Cuando la patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec celebró su acto de protesta Diguem prou (Digamos basta), en elEconomista titulamos que el malestar de los empresarios catalanes se dirigía tanto contra el Gobierno como contra la Generalitat. La información causó malestar entre los círculos soberanistas que utilizaron Twitter para descalificarla y asegurar que mentíamos deliberadamente para ocultar que aquello era un acto de reivindicación independentista.

Por fortuna, el tiempo y Artur Mas nos han dado la razón. El día después de la protesta, el president entonó el mea culpa y el pasado jueves se reunió con el presidente de Pimec, Josep González, para que la patronal participe en el diseño de la Ley catalana de simplificación y agilidad administrativa que el Ejecutivo está preparando para reducir la burocracia para las empresas.

Sin embargo, el cambio de actitud de Mas a raíz de aquella protesta supera el simple acuerdo con Pimec. En 2010, CiU ganó las elecciones con el eslogan de ser un gobierno bussines friendly y con el compromiso de simplificar la vida a los empresarios. La aparición del denominado proceso soberanista paralizó todas aquellas buenas intenciones y se perdió el tradicional interés por el desarrollo económico del país que había caracterizado a los gobiernos convergentes de Jordi Pujol.

El despertar de Mas puede que tenga que ver con que intuye el fin de la legislatura o puede que los empresarios le hayan recordado que los políticos están para resolver los problemas de los ciudadanos y que el gran problema, el paro, sólo se resuelve con crecimiento económico. El resultado es que desde el Digem prou del pasado 20 de marzo, el president ha sellado el acuerdo con el PSC para sacar adelante el complejo BCN World; ha firmado el Acuerdo para el diálogo social permanente con patronales y sindicatos, y ha comprometido 500 millones de euros para la reactivación de la economía catalana.

Por fin, Artur Mas se ha dado cuenta de que es momento de gobernar y de resolver problemas, además de reivindicar cada día un estado propio.

Bonomi, Ferrari y BCN World

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El pasado jueves, el president Artur Mas y el líder del PSC Pere Navarro alcanzaron un preacuerdo para que los socialistas voten en el Parlament una ley que permita rebajar el impuesto del juego en los casinos del 55 al 10 por ciento. Este asunto es clave para que el promotor Veremonte (sociedad del empresario valenciano Enrique Bañuelos) decida poner la primera piedra del centro comercial y de ocio BCN World que debe construirse en Tarragona, junto al parque temático de Port Aventura. Este es un proyecto clave que debe impulsar el crecimiento de la economía catalana.

Una vez oficializado el acuerdo este fin de semana, todo parece bien encaminado. Incluso el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de que quiere convertir Crimea en un paraíso internacional del juego, similar a Macao, para mejorar su economía parece una prueba irrefutable de que el sector del ocio combinado con centros comerciales y casinos tiene futuro. Sería una pena perder la oportunidad, como le pasó a Madrid con Eurovegas, por disputas políticas.

Sin embargo, la confluencia de personajes e intereses en el proyecto siembra la duda entre unos políticos que ya vieron en 1991 como el empresario Javier de la Rosa les tomaba el pelo y tenía que ser la administración (con la ayuda de La Caixa) quién salvara los muebles. Bañuelos genera la misma inquietud que De la Rosa y los inversores del sector del juego que aporta (Lawrence Ho, propietario del operador de casinos Melco y primogénito del magnate del juego de Macao Stanley Ho) tampoco tranquilizan.

En el lado de la confianza, aparecen La Caixa (propietaria de los terrenos), Meliá y Value Retail, que invertirán en al menos el primer hotel y el primer centro comercial. Y también está Carlo U. Bonomi, consejero delegado de Investindustrial, el grupo propietario de Port Aventura. Bonomi, que se escaldó en España dirigiendo Picking Pack, ha logrado la licencia para construir en Tarragona el primer parque temático europeo de Ferrari y se juega 100 millones de euros.

El peligro de la Asamblea Nacional Catalana

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La Asamblea Nacional Catalana (ACN) es el brazo ejecutor de los partidos soberanistas catalanes. Esta organización está dirigida por Carme Forcadell, militante de ERC, pero que actúa con una autonomía alarmante respecto al presidente del partido, Oriol Junqueras. Pese a ser una entidad parademocrática, la ACN se ha convertido en el ente que marca la agenda independentista en Cataluña.

En ERC y, sobre todo, en Convergència aseguran que Forcadell es una marioneta en manos de Junqueras y de Artur Mas que son los que mueven los hilos. Sin embargo, no sería la primera vez que una marioneta cobra vida propia y corta los hilos. De hecho, la ACN, creada en 2011, cuenta con 25.000 socios (que abonan un cuota) y 20.000 colaboradores, frente a los 10.000 militantes con que dice contar ERC, un partido histórico.

Con o sin el consentimiento de Junqueras y Mas, Forcadell ha fijado el próximo día 23 de abril para sentar “las bases del nuevo Estado” y ya ha marcado el nacimiento de “la República catalana para el día de Sant Jordi de 2015″, sólo un año después. En medio se debe celebrar o no la consulta que defiende Mas, se pueden convocar o no elecciones plebiscitarias o incluso el Gobierno puede decidir suspender la autonomía de la Generalitat, pero todo ello es secundario porque la ACN ya se ha fijado como objetivo la declaración unilateral de independencia.

Para conseguir su meta, Forcadell y sus acólitos preparan de forma inmediata una retahila de protestas y manifestaciones en las plazas de las principales poblaciones catalanas para captar la atención internacional, igual que lo hizo el movimiento nacionalista de Ucrania antes de derrocar al gobierno prorruso. El proceso de protesta culminará el 11 de septiembre cuando la ACN prevé congregar a decenas de miles de personas de forma permanente ante el Parlament de Cataluña.

A nadie se le escapa que en medio de tanta protesta una sola chispa de violencia será suficiente para prender fuego al polvorín. ¿También es ése el plan de Artur Mas?

La inversión extranjera aterriza en Barcelona

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E l proceso soberanista se ha convertido en un dique para el flujo de inversión extranjera que quiere llegar a Barcelona. No es el único dique, ya que la baja tasa de consumo interno o la falta de financiación local también frenan proyectos, pero es un obstáculo añadido para las empresas que ven en la capital catalana un lugar ideal para hacer negocios.

Pese a ello, como ocurre con todos los diques, llega un momento que el flujo es tan grande que desborda la presa. Esto es lo que ha ocurrido durante la última semana en la capital catalana. Port Aventura ha anunciado la inversión de 100 millones de euros en el nuevo parque temático de Ferrari; la multinacional textil sueca H&M instalará en Barcelona una sede de comercio electrónico para el sur de Europa; Amazon negocia instalar un gran centro logístico junto al aeropuerto de El Prat, o la academia internacional de emprendedores School of Life se instala cerca de Sitges para formar futuros empresarios por cuenta propia.

Desde el sector independentista se defiende que estas inversiones demuestran el apoyo exterior a su proyecto soberanista, pero lo cierto es que el dinero no sabe de banderas y sólo atiende a las rentabilidades. El flujo turístico que no deja de crecer (con Barcelona y Port Aventura como principales imanes) es una oportunidad de negocio demasiado atractiva para dejarla pasar.

De hecho, el último rumor que circula por la ciudad es que Artur Mas ya da por perdida su batalla por celebrar la consulta y que su única manera de no romper con el compromiso que mantiene con Oriol Junqueras y la Assamblea Nacional Catalana (ANC) es su dimisión. En Convergència ya se han creado dos frentes con candidatos a la sucesión, el independentista Francsc Homs (conseller de la Presidencia) y el pactista, Germà Gordò (conseller de Justicia).

Los españolistas piensan que sólo la posibilidad de que Mas dimita y se desinfle el independentismo ha sido determinante para el anuncio de las inversiones. Lo cierto es que el dinero está a la expectativa y lo que tenemos que conseguir es romper el dique para que nos inunde.

La seducción de Santi Vila y el encanto de Rajoy

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El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila, se ha definido como parte del ala socialdemócrata de CiU y además es gay declarado. No sé si es por una cosa o por las dos que demuestra una sensibilidad especial dentro de las filas convergentes. Su moderación le ha llevado a sonar incluso como candidato a suceder al propio Artur Mas, algo casi imposible dentro de la vorágine soberanista que viven dentro de CDC.

Sin embargo, por su moderación y la capacidad de entendimiento que ha demostrado con la ministra de Fomento, Ana Pastor, Vila debería ser escuchado atentamente por Mariano Rajoy.

La semana pasada Vila hizo un planteamiento claro, con el que la mayoría de votantes de CiU estaría de acuerdo: el Gobierno debe “hacer lo imposible para seducir a los catalanes” y “convencernos de que no tenemos que marcharnos”. El conseller asegura que es “crítico pero leal con CDC” y que no cree en “un nacionalismo romántico que ya ha quedado en el siglo XX”, en referencia a las acciones unilaterales e ilegales insinuadas desde las facciones más independentistas.

Por ese motivo, Vila insta a Rajoy a que deje su postura “impasible” y se dé cuenta “de que España sin Cataluña no es viable” igual que Cataluña sin España tampoco. En su opinión, “los españoles son adorables” y España “tiene que hacer lo imposible para seducirnos y nos tiene que convencer de que no tenemos que marcharnos”.

¿Qué encantos puede mostrar Rajoy para seducir a Mas? Primero un acuerdo que contemple una mejora de la financiación con el traspaso de la recaudación de impuestos del Estado (el famoso Pacto Fiscal); el blindaje de las señas de identidad de la cultura catalana (educación, lengua y cultura), y un posterior cambio constitucional que ratifique el pacto. Sin embargo, los desengaños que se llevó Mas con Zapatero obligan a que el acuerdo esté ratificado por los dos grandes partidos (PP y PSOE), por el Tribunal Constitucional y por la Corona. Una auténtica carta de amor lacrada con cera.

El plan B de Mas después de la no consulta

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En el bloque soberanista catalán (CiU, ERC, ICV y la CUP) ya dan por hecho que la consulta sobre la independencia del próximo 9 de noviembre no se celebrará debido a la negativa de Mariano Rajoy y a su intención de impugnarla ante el Tribunal Constitucional. Aunque tanto esa impugnación como el adelanto de las elecciones autonómicas está previsto en la hoja de ruta de Artur Mas, lo cierto es que el president aún debe negociar con sus aliados parlamentarios el programa electoral común para convertir esa votación en unos comicios plebiscitarios.

Ponerse de acuerdo no va a ser nada fácil. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la CUP presionan para que el programa electoral se limite a una declaración unilateral de independencia por parte del Parlament que surja de las urnas. Un sector importante de Convergència estaría de acuerdo con ese programa, pero otro sector más moderado defiende que el partido no abandone el camino de la legalidad.

A Josep Antoni Duran i Lleida le da pavor el solo planteamiento de la negociación con ERC en esos términos y por eso, desde la tribuna del Congreso, clama y reclama a Rajoy que mueva ficha, antes de que CiU se parta por la mitad.

¿Por qué opción se decantará Mas? El president ha dado muestras de debilidad esta semana, cuando anunció que antes de convocar elecciones anticipadas lo consensuará con el bloque soberanista. Pese a su compromiso inicial de hacerlo, ahora Mas coquetea con terminar la legislatura. La facción no independentista de CiU está intentando convencerle de que la recuperación económica se va a consolidar y que los resultados electorales para él serán más favorables cuanto más tarde convoque elecciones. La idea es retrasarlas hasta después de las elecciones generales de 2015. Si los independentistas son mayoritarios en Cataluña en las urnas de las europeas (2104), de las municipales (mayo 2015) y las generales (finales 2015) el nuevo presidente del Gobierno tendrá que negociar con Mas o arriesgarse a unas autonómicas plebiscitarias mucho más justificadas.

Derecho a decidir, derecho a recibir

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E l aumento de la tensión en el proceso soberanista catalán que impulsa Artur Mas está arrinconando a los empresarios catalanes que inexorablemente se ven obligados a tomar partido a favor o en contra de la opción independentista. Aunque puedo equivocarme, yo otorgaría la valentía de haberse pronunciado primero al presidente de Planeta, José Manuel Lara, un empresario de ideas claras que es el primer editor del país tanto en castellano como en catalán y que defiende el liderazgo económico de Cataluña dentro de España.

Tras Lara, José Luis Bonet, presidente de Freixenet y de Fira de Barcelona, también ha sido bastante claro. De hecho, en la última reunión del PP en Cataluña, fue el único gran empresario que se atrevió a asistir como invitado a un acto organizado por el partido de Mariano Rajoy para defender un mejor trato para Cataluña dentro del Estado español.

En esta peculiar clasificación, el tercero en significarse fue el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, que ha sido el primero en decirle a Artur Mas a la cara y en un acto público que abandone el camino hacia la independencia y negocie.

Una vez abierta la veda, el presidente de la patronal CEOE, Joan Rosell, y el de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ya se han posicionado sin tapujos contra el proceso soberanista. Y el abogado Emilio Cuatrecasas se ha definido públicamente como “catalán y español”.

Es cierto que en el bando soberanista existen otros grandes empresarios que defienden el derecho a decidir de los catalanes (Víctor Grifols o los Carulla), pero tanto los unos como los otros en lo que coinciden es en defender el derecho a recibir. Unionistas, federalistas e independentistas están de acuerdo en la necesidad de que Cataluña reciba más parte de los impuestos que ahora pagan los catalanes.

Ante una situación tan enquistada, hay que retirar las amenazas, buscar un mínimo común múltiplo y negociar cada uno de los puntos por separado. Si lo están consiguiendo en el País Vasco, ¿no seremos los catalanes capaces también de hacerlo?

La oferta que espera Mas de Rajoy para negociar

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El aumento de la tensión entre Artur Mas y Mariano Rajoy y sus declaraciones sobre la imposibilidad de negociar preocupan cada día más a los catalanes. Si a esto se une la irresponsabilidad del conseller de la Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, sobre un hipotético levantamiento popular similar al de Ucrania, la preocupación se eleva al cuadrado. Nadie puede desear ver barricadas en Barcelona o convertir la Ciutadella en la plaza Tahrir y si es un conseller quien lo insinúa debería abandonar el cargo.

¿De verdad es imposible buscar una solución negociada a la situación que hoy vive Cataluña? Evidentemente, no. Lo que ocurre es que las dos partes deben tener la altura de miras para resolver el conflicto.

El primer paso que las dos partes deben dar es escuchar al contrario y fijar el marco de lo que es posible negociar y lo que no. En este punto, Rajoy ha sido bastante claro, está dispuesto a hablar de todo menos de la soberanía nacional, porque de hecho él no es propietario de algo que por ley nos corresponde a todos los españoles. La líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, lo deslizó el miércoles: Rajoy está dispuesto a hablar de más autogobierno para Cataluña y de la mejora de la financiación autonómica.

¿Es suficiente esta oferta para que Mas renuncie a su promesa de celebrar una consulta? No, pero se aproxima a lo que el ‘president’ consideraría un salida airosa para CiU. ¿Qué pide entonces? La oferta de mínimos que espera Mas se basa en tres puntos: un acuerdo que contemple una mejora de la financiación con el traspaso de la recaudación de impuestos del Estado (el famoso Pacto Fiscal donde la protagonista sería la Hacienda catalana creada ayer); el blindaje de las señas de identidad de la cultura catalana (educación, lengua y cultura) y un posterior cambio constitucional que ratifique el pacto. Eso sí, la negociación y el posible acuerdo debe ser firmado por los dos grandes partidos (PP y PSOE) y ratificado por el Tribunal Constitucional, para evitar cualquier intento de regresión por parte de futuros dirigentes. Es el punto de inicio.

El crédito en bancos y empresas

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Una de las características de la profunda crisis económica que hemos vivido ha sido la polémica entre los bancos y las empresas sobre la fluidez del crédito. Los empresarios denunciaban que el grifo de la financiación estaba cerrado a lo que la banca respondía que no había demanda solvente. En lo que unos y otros coincidían es que sin crédito la salida de la crisis era imposible.

La llegada de los primeros indicadores de recuperación económica han dado una vuelta de tuerca al debate sobre el crédito. ¿Los bancos han abierto el grifo con los brotes verdes? ¿Las empresas solventes han aumentado la demanda? Esta semana, un banquero me explicaba la cruda realidad: “Hay un ligero aumento de la demanda de las empresas para financiar su circulante, pero todavía quedan años para que pidan créditos destinados a nuevos proyectos”. La mayoría de compañías, aunque han incrementado sus ventas, aún trabajan muy por debajo de la capacidad productiva que tenían instalada antes de la crisis, por lo que hasta que no llenen esa capacidad no ampliarán sus instalaciones y no necesitarán nueva financiación.

¿Y los bancos? Las entidades financieras viven en un mundo paradójico. Por un lado, están viendo como su cartera de créditos mengua y sus balances encogen. Particulares y empresas pagan sus hipotecas y se desendeudan. Algunas entidades vuelven a ofrecer hipotecas, pero con la caída de precios de los inmuebles muchos clientes compran al contado y, de cualquier modo, las hipotecas son muchos más pequeñas que antes. Para cubrir la cancelación de una, ahora la entidad debe firmar tres.

Con la caída de la cartera de crédito crece el ratio de morosidad aunque no haya más morosos. “Al amortizar los créditos buenos, ganan peso en el balance los que no se pagan y eso también nos penaliza “, argumentaba el banquero. Pero lo peor es el mensaje contradictorio que llega de la Unión Europea y del Banco de España: “Por un lado nos dicen que demos crédito y por el otro lado nos exigen aumentar el capital para hacerlo, lo que nos frena”, se lamentaba.