El ejemplo del referéndum del Lluçanés

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El Lluçanès es actualmente una subcomarca de transición entre la Plana de Vic y el Berguedà. Está formada por 13 municipios y el fin de semana pasado votaron en referéndum sobre la posibilidad de convertirse en una nueva comarca. Un ejercicio de democracia avalado por el gobierno de la Generalitat en la línea de defender el derecho a decidir de los ciudadanos.

Bien, pues el resultado del referéndum se ha convertido en un auténtico galimatías. Sólo votó el 55 por ciento de los ciudadanos que tenían derecho a hacerlo y de estos, el 71 por ciento votó a favor de la constitución en nueva comarca. Es decir que sólo el 39 por ciento del censo votó a favor de constituirse como comarca. Por si fuera poco complicado interpretar el resultado, de los 13 pueblos consultados en sólo ocho ganó el sí a convertirse en comarca, mientras que en otros cinco los votos negativos superaron a los positivos. ¿Qué hacemos? ¿Formamos una comarca en la que cinco pueblos no quieren estar? La Generalitat no se ha pronunciado, pero ha sugerido que se vuelva a repetir la consulta más adelante.

Hagamos un ejercicio de imaginación y traslademos este resultado a un hipotético referéndum  sobre la independencia de Cataluña. Vota el 55 por ciento del censo y el 71 por ciento lo hace a favor de la independencia, por lo que sólo el 39 por ciento de los catalanes avala la independencia. Además el no gana, por ejemplo, en Barcelona, l’Hospitalet, Badalona,  Tarragona, Sabadell, Granollers, etc. ¿Qué hacemos? ¿Creamos un país del que sus ciudades no quieren formar parte? ¿O optamos por celebrar un referéndum más adelante?

Sin duda unas decisiones tan trascendentes ( ya sea convertirse en comarca o crear un estado) necesitan de mayorías cualificadas  y eso, evidentemente, no se logra en una elecciones autonómicas como las que va a convocar Artur Mas el 27  septiembre. Citar a los ciudadanos a las urnas  una y otra vez hasta que salga lo que uno desea no es un ejercicio de democracia sino una cabezonería que lo único que logra es cansar a los votantes y deslegitima a quien los gobierna.

 

TV3 ‘canta’ a la independencia

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Impresionante. La canción del verano de TV3 y Catalunya Radio se titula ‘Junts’ y la letra no puede sr más clara: “Junts arrivarem mes lluny”. Se trata de un increíble coincidencia con el lema de la candidatura independentista  pactada entre Artur Mas y Oriol Junqueras y que se denomina “Junts pel Sí”.
Durante todo el verano, los oyentes de Catalunya Radio y los televidentes de TV3 escucharán sin parar la canción “Junts”. De verdad que ya no sé cómo denominarlo. Si hago referencia a Joseph Goebbels se me acusará de hacer demagogia y se me insultará en Twiter, pero es que en realidad creo que lo que está ocurriendo con la televisión pública catalana supera con creces al ministro alemán para la Ilustración Pública y Propaganda.

Es verdad que el PP utiliza para defender sus intereses Televisión Española (¡Qué penita da Informe Semanal!), pero lo de la canción del verano de TV3 es como si la sintonía de los Telediarios de la TVE1 fuera el himno del Partido Popular con el fondo azul y una gaviota volando.

Tengo muchos amigos trabajando en TV3 y son unos magníficos profesionales. Por favor, que alguien defienda su dignidad y la de una cadena de televisión que, en principio, es de todos los catalanes porque todos los catalanes la pagamos con nuestros impuestos.

Junqueras, el nuevo Heribert Barrera

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El presidente de ERC, Oriol Junqueras, acaba de cometer el mismo error que cometió su predecesor en el cargo Heribert Barrera en 1980. En aquella fecha, Jordi Pujol le convenció para formar una coalición de gobierno que le garantizara la presidencia del primer gobierno de la Generalitat en democracia. Pujol le prometió a Barrera la presidencia del Parlament y aquella jugada acabó pasando a los libros de la historia política como el “abrazo del oso”. CiU, un partido de reciente creación, se consolidó en el poder frente a una ERC, un partido de larga historia, que durante años fue residual en Cataluña. Pujol consiguió convertirse en el símbolo del nacionalismo catalán  y Barrera perdió el control de un partido reducido a la mínima expresión hasta que, mucho más tarde, llegó Josep Lluis Carod Rovira.

El actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha conseguido repetir la jugada maestra de Jordi Pujol: el abrazo del oso. Ha convencido a Junqueras para acudir en coalición a las elecciones autonómicas a cambio de cederle la vicepresidencia de la Generalitat más tres o cuatro conselleríes en el futuro gobierno catalán. Impresionante tanto la habilidad política de Mas para sobrevivir cuando parecía sentenciado, como el cambio de parecer de Junqueras que ha vendido la autonomía de ERC por cuatro cargos y la promesa del president de que declarará la independencia. Salvando las distancias, me recuerda el compromiso del primer ministro griego, Alexis Tsipras, cuando aseguraba que él nunca aceptaría  las imposiciones de Bruselas.

En fin. Desconozco los motivos de Junqueras para fiarse por tercera vez de una persona que han incumplido dos veces los pactos firmados con ERC, pero si la única razón es conseguir una declaración unilateral de independencia express creo sinceramente que se ha equivocado. El líder republicano es historiador y sabe perfectamente que los procesos históricos se forjan con mucho trabajo, tesón y, sobre todo, mucho mucho tiempo. Aunque no comparto su objetivo, si de verdad Junqueras quiere la independencia de Catalunya debería haberse enfrentado en las urnas a Mas para liderar un proceso de regeneración política que sea atractivo para los catalanes. Ahora por el contrario se ha coaligado con un partido que él mismo ha identificado con la corrupción política y que, pese a la metamorfosis socialdemócrata que aparentemente vive, representa los intereses de la derecha catalana.

Casi sin darse cuenta, Junqueras ha repetido el error de Barrera y se ha transformado en el socio de gobierno de Mas, exactamente lo que hasta hace un mes era Josep Antoni Duran i Lleida.

 

 

Sorprendentemente, el líder republicano ha renunciado a sus ideas

Referéndum dentro de Convergència

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Es fascinante observar cómo el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha conseguido trinchar el mapa político catalán. Primero logró dividir al socialismo catalán entre los soberanistas -liderados por el sector Maragallista- y los más cercanos al PSOE -favorables a una consulta acordada con el Estado-. Luego ha logrado hacer estallar Unió. Su líder Josep Antoni Duran i Lleida ha visto como en un referéndum sobre la independencia casi la mitad de su partido le daba la espalda y, pese a la victoria por los pelos, Mas decidía poner fin a 37 años de historia de la federación de CiU.

La fórmula le ha ido tan bien, que Mas incluso ha instado al líder de ICV, Joan Herrera, a celebrar un referéndum dentro de su partido para testar cuántos apoyos tiene la independencia dentro de la formación ecosocialista. “¡Claridad!”, reclama Mas para aplicar la estrategia del divide y vencerás que ya utilizaron con éxito Julio Cesar o Napoléon.

Sin embargo, esa claridad sólo la quiere en casa de sus vecinos. En ningún momento se ha planteado un referéndum sobre la independencia dentro de Convergència. ¿No hace falta? ¿La formación de Mas se ha convertido en un partido de pensamiento único en el que ya nadie se atreve a mostrar su discrepancia? ¿Dónde está el sector nacionalista que hasta hace cuatro días era mayoritario? ¿Se han reconvertido todos? ¿Tienen miedo a ser purgados?

En la última remodelación del gobierno de la Generalitat, debida a la salida de los consellers de Unió, Mas aseguró que por fin cuenta con un gobierno cohesionado que está en un cien por cien a favor de la independencia. Es decir que en el ejecutivo catalán ya no queda espacio para la discrepancia.

Es una pena que Mas no predique con el ejemplo y dé libertad a sus militantes para manifestar en una consulta interna su apoyo a la independencia. Muchos de los votantes de Convergència ya han desertado porque no son soberanistas y habría que comprobar si algo similar ocurre entre la militancia de CDC.

La privatización del agua de Barcelona

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La victoria de Ada Colau debe preocupar en especial a dos personas: al presidente del GSM Mobile World Congress, John Hoffman, y al de Aguas de Barcelona, Ángel Simón. El primero debió de quedarse de piedra al ver que al día siguiente de las elecciones algunos trabajadores de subcontratas de Telefónica ocupaban la sede de la Mobile World Capital Barcelona en la Plaza Catalunya y nadie hacía nada para desalojarlos. Sin embargo, seguramente se tranquilizó al escuchar a la futura alcaldesa afirmar que apoya la celebración del congreso mundial de móviles aunque la riqueza que genera debe estar más repartida. Prudencia institucional en una formación que se define de izquierda radical, son buenas noticias.

El segundo afectado no lo tendrá tan fácil. En la candidatura de Colau figura como número tres las diputada de ICV Laia Ortiz, muy activa contra la privatización de la gestión del agua en Catalunya. Sus criticas a la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), traspasada en concesión por la Generalitat a Acciona, han sido feroces y ahora le corresponderá a ella decidir sobre la gestión del agua en la capital catalana, desde hace décadas en manos de Agbar.

En el programa electoral de Barcelona en Comú, bajo el epígrafe Recuperar el agua como bien común, la formación asegura que “el agua es un bien común indispensable para la vida y el acceso a agua de calidad es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas” y que por lo tanto “el Ayuntamiento debe garantizar el acceso universal, y su gestión debe guiarse por criterios sociales y ambientales, y no estar sometida al negocio privado”. Además, afirma que la concesión de la gestión del agua “a una empresa dominada por Agbar en 2012 fue un proceso opaco, lleno de irregularidades, y sobre el que la propia Oficina Antifraude ha señalado muchas dudas”. La suerte para Simón es que Colau sólo ha sacado 11 concejales, ya que el número 12 era Eloi Badia, portavoz de la plataforma Aigua és Vida, un feroz enemigo.

‘Deflación’ en el Círculo de Economía

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El Círculo de Economía como foro empresarial capaz de crear opinión ha perdido valor. Su particular deflación se inició cuando el fallecido José Manuel Lara abandonó la presidencia en 2008. Su sucesor, Salvador Alemany, tuvo que lidiar con la peor crisis económica en décadas y su papel fue muy digno hasta 2011 cuando cedió el testigo al ex ministro y ex militante del PP, Josep Piqué. El marcado perfil político de Piqué inoculó en esta organización empresarial un virus del que todavía no se recuperado: la tibieza. El ex ministro intentó sacar adelante algunas de las denominadas Notas de Opinión, pero ante la deriva soberanista en la que había entrado Artur Mas, el Círculo se quebró y dejó de rodar. La salida de Piqué en 2013 y el vacío que se produjo en su sucesión dejó la presidencia en manos de un académico, el catedrático de Economía Antón Costas, vicepresidente casi vitalicio de la entidad que se vio obligado a dar un paso al frente ante la falta de candidatos solventes.

En esa coyuntura, con el proceso soberanista en plena efervescencia, el mandato de Costas, catalán de adopción pero gallego de nacimiento, se ha caracterizado por la tibieza y la ausencia de las Notas de Opinión que fijaban la posición de una organización que antes era capaz de influir en la realidad política catalana y española. Las críticas por la falta de liderazgo del presidente y la pérdida de peso específico de la organización ya son numerosas entre los socios y posiblemente se pondrán de manifiesto en las jornadas que celebrará el Círculo en Sitges los días 28, 29 y 30 de mayo.

En esas jornadas Antón Costas, que acaba mandato en 2016, se enfrenta a un auténtica reválida. Él fía el éxito del encuentro a la tradicional presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del jefe de la oposición, Pedro Sánchez, del ministro de Economía, Luis de Guindos, o del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, pero ante la realidad que vive Catalunya quizá ha llegado el momento de que el Círculo despierte de su letargo.

Seat y el síndrome Pulgarcito

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Seat es la primera empresa industrial de Cataluña. El año pasado, la filial española de Volkswagen (VW) logró la mayor facturación de su historia, 7.497 millones de euros, y aumentó su plantilla hasta los 12.626 trabajadores. La compañía que preside Jürgen Stackmann redujo a la mitad sus pérdidas -hasta 66 millones- y, por primera vez en mucho tiempo, logró alcanzar un flujo de caja positivo -cash flow- de 523 millones, cantidad que le permite autofinanciarse.

Pese a estos números positivos, Seat padece el síndrome Pulgarcito. Aunque es la empresa industrial más grande Cataluña, la compañía es la más pequeña dentro de las marcas generalistas del grupo multinacional VW y, lo que es peor, la única que año tras año sigue tiñendo de rojo las cuentas de resultados que dirige con mano de hierro el presidente del comité de vigilancia del consorcio alemán, Ferdinand Piëch. El fabricante español es comparado de tú a tú con Skoda, la firma de la República Checa que VW compró poco después de Seat y que ha crecido mucho más y más rápido.

Skoda cerró el año pasado con una facturación de 11.758 millones de euros (4.000 millones más que Seat ), vendió más de un millón de coches (frente a los casi 400.000 de la marca española) y, lo que es más importante, alcanzó un flujo de caja positivo de 2.065 millones y un beneficio neto de 698 millones. Estas dos últimas cifras han permitido al fabricante checo tener las manos libres para producir sus vehículos en el enorme mercado chino, mientras que Seat se ha tenido que limitar a intentar montar una red de concesionarios con coches importados que, como era de esperar, ha fracasado.

Seat ya no puede seguir escondiéndose debajo de la hoja de col y debe conseguir la rentabilidad suficiente para fabricar sus productos en los mercados con mayor crecimiento de las ventas de coches. Sin esa visión global, el futuro de la compañía dentro de Volkswagen siempre seguirá siendo cuestionado.

El puente de la Mercè y las plebiscitarias

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A nuestros políticos se le llena la boca de palabras como democracia directa, aumento de la participación o consulta popular, pero lo cierto es que casi siempre velan por sus intereses particulares y prefieren que los ciudadanos no acudan a votar. El último ejemplo son las elecciones autonómicas que Artur Mas ha asegurado que adelantará al próximo 27 de septiembre, en pleno puente de la Mercè, patrona de Barcelona. El 24 cae en jueves y los barceloneses y los habitantes de gran parte del área metropolitana de Barcelona -L’Hospitalet, Cornellà, Santa Coloma…- podrán disfrutar de un magnífico puente de cuatro días en un septiembre que últimamente se ha convertido en un mes tanto o más playero que el de julio.

Casi un tercio de los cinco millones de catalanes con derecho a voto tendrán que decidir en esas fechas si prefieren disfrutar de una prórroga de sus vacaciones estivales o, por el contrario, prefieren vivir con intensidad la campaña electoral y movilizarse para votar. Curiosamente, ese tercio de catalanes son los que viven en el área de Barcelona, la zona de Cataluña que menos apoya a la independencia. Por hacer comparaciones, sería como si en Navarra se convocaran elecciones en San Fermín, como si en Sevilla lo hicieran durante la Feria de Abril, en Valencia en Fallas o en Madrid en el puente de mayo.

Todos los analistas coinciden en que la suma de votos de Convergència y de ERC sería insuficiente para obtener la mayoría parlamentaria si la participación en las elecciones catalanas se aproxima al 80 por ciento, un nivel que hace años no se alcanza. Sin embargo, con una participación del 65 por ciento -que es la que se suele dar en este tipo de votaciones- los dos partidos favorables a la independencia sumarían más de 68 escaños que es la cifra que marca la mayoría absoluta en el Parlament. Aunque Mas asegura que quiere convertir las autonómicas en un plebiscito, lo cierto es que con la elección de esa fecha lo único que quiere es prescindir de la voluntad de miles de ciudadanos.

La cuenta del padre de Mas

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El presidente de la Generalitat, Artur Mas, confesó en el Parlament que conocía que su padre tenía una cuenta en Liechestein a finales de los años 80 y que, pese a ser beneficiario de la misma (al igual que sus hermanos y su madre), nunca le preguntó a su progenitor sobre la misma. Luego Mas fue conseller de Obras Públicas (1995), de Economía (1997) y de Presidencia en el último gobierno de Jordi Pujol. Pese a ocupar esos altos cargos, nunca le sugirió a su padre la posibilidad de regularizar esos fondos(más de dos millones de euros), seguramente por temor a que su carrera política pudiera verse afectada. Más o menos igual que le ocurrió a Pujol con el dinero heredado de su padre, pero con la importante diferencia de que a la muerte del de Mas la heredera fue la madre.

A nadie se le pasa por la cabeza que un hijo pueda denunciar a un padre (aunque este sea conseller de Economía), pero lo cierto es que no hubiera estado nada mal que Mas instase a su progenitor a ponerse al corriente de pago o, al menos, pedirle que le retirase como beneficiario de la cuenta.

Se trata de una situación en la que no existe delito por parte del president, en la que no incumple ninguna norma y en la que otros muchos catalanes se han visto involucrados al principio de la Transición. Quizá por eso se justifica. Pero lo cierto es que Mas no es un catalán de a pie y, precisamente por su condición, además de ser honrado debe parecerlo, igual que la mujer del césar. A mí personalmente, se me queda un regusto amargo al saber que el presidente de todos los catalanes no supo o no quiso saber nada de los tejemanejes de sus dos padres: el biológico y el político.

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Administraciones frenan el empleo

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Puede que resulte paradójico y que no sea su intención, pero a día de hoy, las Administraciones catalanas son el mayor obstáculo para crear empleo. Y no se trata de una administración determinada, sino que todas ellas -Estado, Generalitat y ayuntamientos- ponen multitud de trabas a las empresas para llevar a cabo iniciativas cuya ejecución supondría la creación de nuevos puestos de trabajo.

Algunos ejemplos son sangrantes. El Port de Barcelona acaba de cerrar el mejor año en tráficos de su historia y dispone de proyectos para su desarrollo que no puede poner en marcha por falta de personal. Al tratarse de un ente participado por el Estado y la Generalitat, tiene congelada la plantilla desde hace años. El puerto ni puede cubrir las bajas ni retener los contratos de interinos, de forma que mientras la instalación no para de crecer, la plantilla no para de menguar. Actualmente, cuenta con unos 500 trabajadores, de los que 170 son policía portuaria y que se limitan a patrullar. Es decir, 330 personas operativas para una empresa que en 2013 facturó 159 millones de euros y alcanzó un beneficio de 74 millones. “Nosotros queremos y podemos crear empleo, pero no nos dejan”, me explican fuentes portuarias.

Pero no es el único caso en el sector público. Otras empresas, entes o consorcios tienen paralizados sus planes de inversión a la espera de lo que “ocurra en Cataluña”. El adelanto de las elecciones autonómicas catalanas anunciado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 27 de septiembre ha caído como una bomba. De repente, 2015 se ha convertido en un año de espera, en la que ningún funcionario quiere tomar decisiones.

Y si eso ocurre en el sector público, en el privado la cosa es más exagerada. Cualquier decisión empresarial que necesite autorización pública ha quedado paralizada, ya que las compañías tienen una auténtica sensación de “inseguridad jurídica”, lo peor que le podía suceder a la economía catalana.