Lo de Artur Mas ya no es una postura negociadora, es muy real y ha perdido totalmente el seny”. Esa es la opinión de muchos de los socios de Sport Cultura Barcelona que almorzaron con el president en un acto privado celebrado el 7 de mayo en el Círculo Ecuestre de Barcelona.
Sport Cultura Barcelona nació como iniciativa de un grupo de clubes deportivos y culturales privados de Cataluña y reúne a lo más granado de la denominada Sociedad Civil Catalana, un término muy explotado por el ex presidente Jordi Pujol para colocar a CiU en el eje de la centralidad política catalana y ganar todas las elecciones a las que se presentó. La misión fundacional de este club de clubes es “fomentar el diálogo y el entendimiento entre instituciones, ciudadanos y agentes relevantes de nuestro día a día, aportando valor a reflexiones sobre los retos actuales”.
Entre sus miembros figuran simpatizantes del soberanismo como la presidenta del Orfeó Català y el Palau de la Música, Mariona Carulla, el presidente del Barça, Sandro Rosell, o el presidente del RACC, Sebastià Salvadó, pero son mayoría los miembros partidarios de una Cataluña integrada en España y que defienden la negociación de un nuevo sistema de financiación. Borja García-Nieto, presidente del Círculo Ecuestre, su hermano Ignacio García-Nieto, presidente del Círculo del Liceo, Eudaldo Bonet, presidente del Real Club de Polo de Barcelona, o Enrique Hevia, presidente del Club de Golf Sant Cugat, son ejemplos de ese línea partidaria del entendimiento.
La imagen de Mas que se llevaron los asistentes es que ha optado definitivamente por liarse la manta a la cabeza y asumir el rol mesiánico de salvador del pueblo catalán. Su plan es realizar la consulta soberanista el año que viene tal y como acordó con el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Los consejos de moderación de algunos de sus antiguos hombres de confianza ya no son ni escuchados.
El divorcio constatado entre la Sociedad Civil y CiU nos llevará a un nuevo panorama político catalán más radicalizado.

La contabilidad creativa es una de las primeras tentaciones que tiene el gestor de turno cuando las cosas no van tan bien como él preveía. El arquetipo de este situación es el ex financiero Javier de la Rosa que a principios de los años 90 montón una auténtica catedral de la contabilidad creativa para intentar esconder sus pufos. No le salió bien y acabó con sus huesos en la cárcel.

El estallido de la burbuja inmobiliaria que vivió la economía española también tuvo una fuerte dosis de imaginación contable. Los gestores intentaron evitar una catástrofe que, en la mayoría de los casos, fueron incapaces de frenar y acabaron engullidos por una avalancha de impagos que los arrastró al fondo del pozo.

Debido a estos antecedentes, ver a los gestores públicos aplicar la contabilidad creativa en autonomías y ayuntamientos es doblemente preocupante. Provoca suspicacias el acuerdo al que han llegado la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para dar por pagado el crédito que el municipio otorgó a la administración autonómica. Era noviembre de 2011 cuando el ayuntamiento concedió un crédito de 25 millones de euros a la Generalitat para que esta recapitalizara la aerolinea Spanair. Se trataba de un préstamo a cinco años que debía devolverse en plazo de seis millones anuales, excepto el primero en el que se abonaría un millón.

Sin embargo, el ayuntamiento, dirigido por el convergente Xavier Trias, ha dado por liquidado el préstamo a cambio de una inversión de 29 millones que la Generalitat ha hecho en la ciudad. Según la oposición, las obras incluidas en ese listado de inversiones ya figuraban en los presupuesto de la Generalitat antes del préstamo o, en algún caso, incluso ya habían sido construidas.

Aunque serán los auditores los encargados de decidir sobre la validez de la operación, el problema es la falta de claridad en la contabilidad del Ayuntamiento y la Generalitat. Un problema que puede ir a mayores porque la deuda reconocida por Artur Mas con el alcalde Xavier Trias es de 236 millones de euros.

Regresó Artur Mas de su viaje a Bruselas con una advertencia de la Unión Europea: todos los pueblos tienen derecho a decidir su futuro, pero, en medio de la crisis, Europa no está para experimentos independentistas dentro de la Unión. El president aspiraba a lograr para Cataluña el mismo estatus que tiene la consulta que celebrará Escocia en septiembre de 2014, pero en Bruselas le recordaron que ese es un proyecto pactado entre Londres y Edimburgo y, además, las encuestas prevén que ganará la opción a dejar las cosas tal como están, es decir, Escocia seguirá formando parte del Reino Unido.

En el caso catalán, ni la actitud de Mariano Rajoy es la de David Cameron ni el resultado final está cantado, así que Bruselas no piensa dar ningún vuelo internacional a la aventura emprendida por CiU con el apoyo de ERC.

De vuelta a Barcelona, Mas intentó disimular la colleja recibida (“Al menos con Bruselas se puede hablar, algo que no ocurre con Madrid”, dijo), pero su actitud ha cambiado. En el Parlament, a preguntas de Pere Navarro, el president reconoció que ya está negociando con Rajoy la reforma del sistema de financiación autonómico. De hecho, negociar este asunto no supone una renuncia a la consulta soberanista que Mas ha prometido al republicano Oriol Junqueras, pero también es cierto que mientras se habla de mayor participación en los impuestos del Estado o de permitir un déficit público asimétrico para las autonomías, no se discute sobre el derecho a decidir de Cataluña.

También dentro de CDC, el partido de Mas, las cosas están cambiando. Tras la imputación judicial y dimisión como secretario general de Oriol Pujol, el sector más soberanista está perdiendo fuelle a marchas forzadas. De hecho, la formación anunció que Mas se volverá a presentar como candidato a la Generalitat, contradiciendo al propio president, que el pasado noviembre afirmó que tras la consulta soberanista ya no se volvería a presentar. El sector liberal del partido está ganando peso y propone dar un paso atrás para seguir avanzando.

Podría ser una mala película de espías, pero se trata de la realidad que se vive en Cataluña. El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se atrevió el otro día a bautizar la ofensiva que está llevando a cabo el Gobierno español en Cataluña para intentar hacer descarrilar el proceso independentista: la denominó Operación Puente Aéreo. Espías, contratación de tertulianos, investigaciones judiciales… toda una retahíla de componentes que, en su opinión, recuerda la actitud del Estado en la Operación Cataluña que llevó el régimen franquista cuando él era joven.

Sin embargo, el copyright político del término Puente Aéreo no está definido. Por ejemplo, el presidente del Salón del Automóvil, Enrique Lacalle, celebra un foro empresarial con este nombre en Madrid y Barcelona alternativamente.

También algunos empresarios catalanes, que se reunieron el pasado 2 de febrero en la masía propiedad de Luis Conde en el Empordà (Girona), pretendían lanzar una operación puente aéreo para recuperar el diálogo con Madrid ante la deriva secesionista de Artur Mas. Los asistentes (entre los que se encontraban el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, o el vicepresidente de Caixabank, Juan María Nin) esperaban la complicidad de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (recién contratada por Luis Conde) para recuperar la sintonía con Madrid.

Más tarde, el 16 de marzo, fue el president el impulsor de su propia operación puente aéreo. En sábado, Mas se reunió a escondidas con sus consellers para pedirles que abrieran todas las vías de diálogo con el Gobierno. En la caja de la Generalitat ya no quedaba un euro y la intransigencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, amenazaba la estabilidad del ejecutivo catalán.

Finalmente, esta semana han sido el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, y el editor de La Vanguardia, Javier Godó, quienes se han reunido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su propia operación puente aéreo. Ya veremos sus resultados.

La depresión económica que vivimos ha llevado a nuestros políticos a volver a mirar a la industria como la tabla de salvación de nuestra economía. Crecen las exportaciones, la balanza comercial se ha equilibrado gracias a ellas (las importaciones también han caído) y el poco empleo que se crea se origina en las grandes fábricas. Las factorías de automóviles afincadas en nuestros país son un ejemplo de competitividad y durante el último año han conseguido la adjudicación de nuevos modelos.

La palabra de moda es reindustrialización y desde ministros a alcaldes todos utilizan con suma profusión el vocablo. Pero lo cierto es, que cuando una empresa quiere implantarse en un polígono industrial o ampliar sus instalaciones aprovechando la nave vacía de al lado, debe enfrentarse a una montaña de trámites y, lo que es peor, a unos plazos de tiempo enormes e indeterminados.

A cualquier alcalde que le preguntes si quiere una empresa en su polígono industrial te dirá de inmediato que sí, pero cuando esta empresa es una industria, grupos ecologistas y asociaciones de vecinos le presionarán para evitarlo. Lo normal es que el alcalde ceda para evitar perder las elecciones y postergue la decisión, lo que puede resultar más letal para el proyecto que la propia negativa.

Si la empresa logra convencer de las bondades del proyecto, empieza su batalla con Endesa para conseguir mayor potencia. Por lo general, la eléctrica nunca dispone de suficiente potencia y casi siempre es necesaria la inversión en una nueva estación transformadora, lo que supone costes añadidos y, de nuevo, otro largo plazo de tiempo.

Pero no sólo los obstáculos aparecen en el ámbito local. Las dificultades para lograr visados para directivos extranjeros; los crónicos retrasos en la devolución del IVA de las exportaciones; la precariedad de los Puestos de Inspección Fronterizo (PIF) o las fluctuaciones inesperadas de los precios de la energía forman parte de un auténtico campo de minas para el empresario que contrasta con el afán de todo el mundo por reindustrializarnos.

Hay que reconocerle al presidente de ERC, Oriol Junqueras, su aguante ante las infidelidades políticas de Artur Mas. Es cierto que el líder republicano ha amenazado con no aprobar los presupuestos catalanes y dejar a CiU sin apoyos parlamentarios, pero eso es lo menos que puede hacer cuando el president se ha reunido en secreto con Mariano Rajoy para negociar no se sabe qué. Además, Mas ha dejado claro que los encuentros con el presidente del Gobierno se repetirán y lo harán con el mismo secretismo que el primero, ya que en su opinión es la única manera de avanzar en la negociación.

Como Rajoy ha dejado claro que no va a negociar con Mas una consulta sobre la independencia en Cataluña, Junqueras tiene motivos para pensar que cualquier cosa que surja de las citas secretas no será ni el denominado derecho a decidir ni mucho menos la independencia. Los republicanos catalanes estaban dispuestos a sacrificar su condición de partido de izquierdas y a admitir los recortes a cambio de la consulta, pero, si no hay compensación, ellos no votarán unos presupuestos que supondrán un ajuste de entre 4.400 y 3.200 millones de euros.

Aunque Mas ha explicado muy pocas cosas, la negociación con Rajoy sólo puede ir encaminada a flexibilizar el déficit público catalán (para evitar el colapso de las finanzas de la Generalitat en 2013) y a mejorar el sistema de financiación autonómica que recibirá Cataluña a partir de 2014. Oficialmente, CiU niega la mayor: la hoja de ruta soberanista se mantiene y el pacto de gobernabilidad con ERC es la Biblia. Sin embargo, los movimientos políticos desmienten esa versión. CiU ha movido ficha y pide un gobierno de unidad nacional con el PSC, un partido que ya ha dicho que la prioridad es conseguir una mejora del sistema de financiación y que cualquier consulta soberanista debe ser negociada con el Estado. Incluso la presidenta del PP, Alicia Sánchez-Camacho, defiende esa alianza y un sistema de financiación singular para Cataluña. Algo está cambiando y Junqueras sabe que tiene todos los números para ser abandonado.

Recorrer el litoral mediterráneo esta Semana Santa sirve para observar la evolución del parque inmobilario costero cinco años después de explotar la burbuja inmobiliaria. Siguen en pie esqueletos de edificios zombi que nadie se atreve a derruir como se hizo en Irlanda o Estados Unidos.

Sin embargo, la novedad de este año es la aparición de grúas. No son muchas, pero tampoco son excepciones. Al parecer, los bancos (los grandes terratenientes de las promociones costeras) están decididos a dar salida a sus existencias de pisos, casas y suelo y se han puesto manos a la obra. Al parecer, la demanda de casas en la playa existe y, a determinados precios, se vende a buen ritmo. Según Miquel Montes, responsable del área inmobiliaria de Banco Sabadell, en seis provincias costeras (Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Valencia y Gran Canaria), el stock de viviendas construidas sin vender se redujo el año pasado en más de un 15 por ciento, una cifra considerable.

Los compradores son tanto extranjeros como nacionales. “En Andalucía hemos vendido una urbanización que parece la ONU, con más de 20 nacionalidades, mientras que en Castellón hemos vendido otra exclusivamente a madrileños y aragoneses”, explica Montes.

Aunque lo realmente sorprendente son los cambios en la psicología de los compradores. Un precio muy bajo no garantiza la venta rápida, ya que nadie quiere comprar una casa en medio de una urbanización desierta. “Tradicionalmente, nosotros subimos el precio de una promoción cuando calculamos que nos quedan seis meses de venta de inmuebles, pero ahora, en el momento que subimos los precios, la demanda crece y lo vendemos en dos meses”, señala sorprendido el directivo del Sabadell. Igual ocurre cuando al lado de una promoción alguien planta una grúa para iniciar otra, las ventas se aceleran. Se puede decir que somos compradores gregarios.

Los bancos aún no ganan dinero con este negocio, sólo aspiran a soltar lastre y a perder lo mínimo, pero es un mercado que vuelve a estar activo.

La historia de las burbujas es una lección que nunca aprenderemos. Me viene a la cabeza ahora la de los precios de los bulbos de tulipán en Holanda en 1559, que el actor Michael Douglas explica en el filme El dinero nunca duerme. Las más recientes que hemos vivido han sido la de Internet , en 2002, y la inmobiliaria, que por su dimensión desmesurada podríamos calificarla de burbujón.

 
Bien, pues aún bajo los efectos demoledores del burbujón, la ciudad de Barcelona vive una nueva burbuja: la hotelera. Aunque afecta a todo el municipio, los efectos característicos de una burbuja se aprecian especialmente en el casco de antiguo de Barcelona (Ciutat Vella) donde la normativa urbanística municipal impide la apertura de nuevos hoteles. El interés de inversores nacionales, pero sobre todo internacionales, por abrir hoteles en esta zona ha disparado la cotización de las licencias de viejos establecimientos e incluso hostales y pensiones. Ahora mismo, en el casco antiguo los compradores pagan 100.000 euros por cada habitación hotelera. Es decir, por un hostal de 20 habitaciones se ofrecen dos millones y por uno de 40, cuatro millones. En el precio está incluido el edificio, que no vale nada porque normalmente está en estado cochambroso.

 
Las dos últimas operaciones las han protagonizado Mercer Hoteles, propiedad de Pedro Molina, que ha invertido 14 millones en un hotel de 28 habitaciones o Derby Hoteles, de Jordi Clos, que ha gastado otros 15 en uno de 31 habitaciones. Para rentabilizar esas inversiones, los precios de las habitaciones van de 250 a 400 euros la noche.

 
Ante la fuerte demanda, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, se plantea liberalizar la apertura de hoteles en Ciutat Vella. Sería una forma de pinchar la burbuja, pero se produciría una sobre oferta que acabaría por convertir todo el casco antiguo en un gran hotel, sin habitantes autóctonos. En 1990 ocurrió lo mismo en el Eixample con la proliferación de oficinas y, posteriormente, tuvo que corregirse. Lo malo de las burbujas es que incluso detectándolas son muy difíciles de pinchar.

En su última visita a Cataluña, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, criticó lo que él denomina “una política legislativa de intervención máxima” que, en su afán de prevenir, anula la libertad individual. “Vamos camino de que cruzar una calle por determinados sitios constituya delito por una finalidad de prevención general para evitar que los ciudadanos sufran accidentes”, aseguró. Lo que puede parecer una exageración, hoy ya podría ser una realidad por la proliferación de cámaras que controlan nuestros movimientos.

El Estado y sus estructuras (esas que Artur Mas quiere para Cataluña) son cada día más potentes. Coartan la libertad individual bajo la promesa de un beneficio colectivo cuya definición queda en manos de unos políticos que elegimos cada cuatro años, pero que casi nunca atienden lo que de verdad quieren los ciudadanos. ¿Queremos los ciudadanos españoles recortar la sanidad? ¿Preferimos eliminar el gasto militar? ¿Necesitamos los catalanes más embajadas comerciales o una gran televisión pública? ¿Preferimos gastarnos el dinero en mejorar nuestro sistema educativo ?

Los ciudadanos decidimos muy poco en comparación con los referéndums de los suizos (votan incluso para determinar el sueldo de los directivos de multinacionales). “No pintamos nada”, me decían el otro día y con esa dinámica cada vez somos más rebaño, más borregos.

La individualidad es el motor de la humanidad y la colectividad, con generosidad, debe apoyarla en vez de mutilarla. Es el caso de Mohamed Aziz, un marroquí afincado en Martorell (Barcelona), que se quedó sin casa y con una deuda de 40.000 euros que le reclamaba CatalunyaCaixa tras subastar su vivienda. Pudo volver a su país, pero prefirió acudir a un abogado modesto del pueblo (Dionisio Moreno) y éste topó con un juez (José María Fernández Seijo) que llevó el caso a la Corte de Luxemburgo. Y ganaron. Y ahora el Gobierno debe cambiar la ley hipotecaria y redefinir a la fuerza lo que en realidad es un beneficio colectivo. Ellos, por sí solos, nunca lo hubieran hecho.

Salir fuera de España y escuchar algunos halagos sobre nuestras empresas y sobre nuestros gobernantes reconforta. Estuve la semana pasada en el salón del automóvil de Ginebra y pude conversar con el vicepresidente de fabricación de Nissan en Europa, John Martin, un pequeño e hiperactivo ejecutivo inglés que negoció con los sindicatos a cara de perro la nueva inversión de la multinacional japonesa en la factoría de la Zona Franca de Barcelona. Su opinión sobre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, me sorprendió gratamente. Considera al president un hombre muy comprometido con el futuro industrial y económico de España y no dudó en asegurarme que sin su mediación la negociación con los sindicatos no hubiera tenido éxito.
Históricamente, CiU siempre se ha mostrado cercana al empresariado catalán. Durante la larga etapa de Jordi Pujol se construyó una red internacional de oficinas comerciales que seguían la más pura tradición de la diplomacia francesa y defendía los intereses de las empresas catalanas a la vez que intentaban atraer inversiones de multinacionales al país. Durante su primer gobierno, Mas fue más allá y calificó a su ejecutivo de business friendly (amigo de los negocios), una declaración de intenciones que los empresarios vieron con muy buenos ojos.

Luego vino la Diada de 2012, la deriva independentista, el anuncio de que se abrirán más embajadas, las elecciones que a CiU le salieron rana y la firma de un acuerdo parlamentario con ERC para celebrar un referéndum soberanista. Los empresarios no se lo podían creer y el que más y el que menos ya tiene un plan B por si el ataque de independencia es irreversible.

Por este motivo, el regreso del Artur Mas que gobierna y que defiende los intereses económicos de las empresas catalanas o que tienen presencia en Cataluña es una muy buena noticia en un momento en que los costes unitarios de producción han bajado y las multinacionales vuelven a considerarnos como un buen lugar para invertir. La próxima buena noticia puede que llegue en breve de Seat-Volkswagen.