Las 35 horas en la Junta, pendiente del Tribunal Constitucional

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Imagen de Torretriana, la principal sede administrativa de Andalucía. Foto: Fernando Ruso.

Los sindicatos empiezan las movilizaciones para presionar al Gobierno central, que ha recurrido la medida de la Junta sobre sus 270.000 trabajadores mientras estudia aplicarla a nivel nacional en 2018

Fue un órdago en toda regla de la Junta de Susana Díaz frente al Gobierno de Rajoy que hoy, un año después, sólo el Tribunal Constitucional sabe cómo va a terminar, aunque todo parece indicar que la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios no tiene vuelta atrás. Hace casi 12 meses, el 6 de octubre de 2016, la presidenta andaluza anunciaba en el Pleno del Parlamento autonómico su intención de recuperar las 35 horas semanales para los más de 270.000 empleados públicos de la Junta, a los que se sumarían muchos ayuntamientos de la comunidad.

El anuncio sorprendió especialmente después que tanto Castilla-La Mancha como el País Vasco hubieran tenido que suspender la medida debido a los recursos que había interpuesto y había ganado el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC), al considerar que las autonomías no tienen competencias para aplicarlas unilateralmente. En 2011, como medida contra la crisis, se amplió a 37 horas y media la jornada de los empleados públicos en todo el territorio nacional. La medida también contravenía el Real Decreto de Medidas Urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, según el Gobierno.

Sin embargo, y a pesar de las advertencias del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la Junta decidió seguir adelante con su decisión e incluyó en los presupuestos andaluces de 2017 esta medida, que entró en vigor el pasado 16 de enero. Por esas fechas, el Gobierno y la Junta mantuvieron diversos contactos para negociar el futuro de esta medida, sobre la que el ejecutivo de Rajoy tenía seis meses para decidir si recurría.

Finalmente, y tras apurar al máximo los plazos, el Consejo de Ministros del pasado 14 de julio aprobó recurrir ante el Tribunal Constitucional el Decreto Ley del Gobierno andaluz, así como pedir la suspensión cautelar de la norma mientras el Alto Tribunal decide sobre el fondo de la cuestión. La decisión del Gobierno también pilló por sorpresa a la Junta, que se quejó de que el Ejecutivo de Rajoy la recurriera siete meses después de su entrada en vigor en la Comunidad. Ese recurso del Gobierno puede suponer la inmediata paralización de la aplicación de las 35 horas, para la que la Junta ya ha realizado miles de contrataciones que palíen la reducción de horas de sus funcionarios.

La pasada semana finalizó el plazo dado por el TC a Andalucía para presentar alegaciones sobre esa suspensión cautelar. En caso de que las desestime, como ya ocurrió con las otras dos comunidades autónomas, se produciría la inmediata aplicación del horario laboral de 37,5 horas, y no se sabe qué pasaría con las contrataciones realizadas por la Junta de Andalucía para suplir esa reducción aplicada de la jornada laboral.

Según los datos de CSIF-A, sindicato mayoritario en la mesa de la función pública, los recursos anunciados por el Gobierno "provocarán la pérdida de 7.000 a 10.000 puestos públicos de trabajo". El presidente de esta central sindical, José Luis Heredia, advirtió de que los empleados públicos "han sido los más recortados desde el inicio de la crisis", por lo que considera injusto que no se beneficien ahora de una mejora de la situación.

La medida ha ido aplicándose paulatinamente a lo largo de este año en numerosos sectores. Así, en el sector educativo, y a pesar del anuncio del recurso del Gobierno, la Junta ha mantenido sus planes de reducir la jornada lectiva de 19 horas semanales de los profesores, frente a las 20 horas que tenían el curso pasado, y con intención de llegar el próximo curso a las 18 horas. Para suplir ese recorte, la consejera de Educación, Sonia Gaya, anunció a principios de este mes el incremento de la plantilla de docentes en la enseñanza pública con 2.676 nuevos profesores, lo que supone el mayor aumento en una década, según destacó. La titular del Gobierno andaluz justificó la medida en que el curso escolar se planifica con seis meses de antelación y se ha hecho de acuerdo con las circunstancias de entonces. También la Sanidad pública andaluza ha tenido que echar mano de nuevas contrataciones en los últimos meses para poder aplicar la medida estrella prometida por Susana Díaz. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, cifró en 3.100 los nuevos empleos que estarían "en peligro" en caso de aplicarse la suspensión cautelar que propone el Gobierno.

Frente a ellos, los sindicatos anunciaron un "otoño calentito" que ha comenzado este mesde septiembre con las primeras movilizaciones en las ocho capitales andaluzas para presionar al Gobierno para que retire la petición al Tribunal Constitucional de la aplicación de la suspensión cautelar.

¿Medida nacional?

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha subrayado que el Ejecutivo nacional tiene como objetivo "defender el interés general" y para "garantizar la igualdad de horarios de los empleados públicos en todo el territorio nacional", en cumplimiento de la Ley de Presupuestos que, ya en 2013, "estableció la jornada del personal al servicio de las Administraciones Públicas en treinta y siete horas y media". A juicio del delegado, es "un error gravísimo de la Junta no haberse avenido a un acuerdo durante las negociaciones llevadas a cabo", ya que "los ciudadanos nos piden lealtad y negociación frente a la confrontación" y "no se entiende que la presidenta de la Junta, que defiende la unidad y la vertebración de España, impulse una medida contraria a la Constitución", según avala el dictamen emitido por el Consejo de Estado.

Curiosamente, al mismo tiempo, el Gobierno se ha comprometido a "revisar, sector a sector", para decidir en qué ámbitos de la Administración se puede reducir la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas. Su intención es incluir esta rebaja ya en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. "Se va a revisar su posible aplicación de cara a los Presupuestos de 2018», explicó en julio el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del comité de seguimiento de la Conferencia de Presidentes, que presidieron la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.


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